Nacionalización de la Minería: Riesgo que no debemos asumir
Desde la AIC consideramos que la nacionalización total de la minería pone en serio riesgo la sustentabilidad de esta industria y el desarrollo del país, al no tener el Estado los recursos necesarios para asumir las indemnizaciones que correspondería pagar, y a su vez financiar las inversiones necesarias para mantener activas las actuales operaciones e iniciar nuevos proyectos.
Por María Cristina Bogado, Presidenta y Juanita Galaz, Directora
Comité de Minería AIC
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En 2021 se conmemoró los 50 años de la nacionalización de la gran minería del cobre, y coincidió con que el año pasado se inició un proceso de redacción de una nueva Constitución, en la cual la comisión de medio ambiente y modelo económico ha propuesto nacionalizar toda la minería chilena.
La propuesta de la Comisión parece estar motivada por los resultados que presentan las empresas mineras, como producto de la alta cotización del metal, esta es una situación coyuntural y no se contemplan los ciclos económicos.
Si consideramos que a inicios de los 70, la producción anual del cobre de las operaciones de que se nacionalizaron y pasaron a constituir Codelco, eran del orden de 0,60 Mton, y actualmente es aproximadamente de 1,60 Mton. En cuanto a la producción anual privada, era aproximadamente 0,15 Mton, y hoy es del orden de 4,2 Mton. En ese orden, la minería privada ha crecido 10 veces más, incluyendo a las empresas extranjeras y nacionales.
En la última década el sector minero ha participado con un 10% del PIB (sin considerar el efecto multiplicador por encadenamientos productivos), 55% de las exportaciones y 8% de los ingresos fiscales, dando trabajo de manera directa a cerca de 220.000 personas. Estas cifras reafirman que la minería ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico del país.
La minería enfrenta grandes desafíos, según el informe “Revisión de la Política de Transformación Productiva” de la OCDE, el organismo internacional advertía en 2018 la sostenida caída de la productividad de la minería chilena, que registró un retroceso promedio anual de 4,7% entre 1993 y 2015. Para enfrentar esta situación se requiere incorporar nuevas tecnologías y un capital humano que las comprenda y potencie. Ello requiere inversión. Asimismo, la exploración para el hallazgo de nuevos yacimientos, la etapa de construcción y la mantención de la continuidad operacional, requiere de inversiones cuantiosas. Es natural que el Estado no deba asumir la carga que implica estas tareas -pues su prioridad está en temas como salud, educación, seguridad y vivienda, entre otros- y sean los privados los que se hagan cargo de este desafío y riesgo.
Tomando como horizonte la próxima década, un 72% de la inversión total proyectada por Cochilco corresponde a la minería privada, y sólo un 28% a la minería estatal (Codelco, Enami).
Desde la AIC consideramos que la nacionalización total de la minería pone en serio riesgo la sustentabilidad de esta industria y el desarrollo del país, al no tener el Estado los recursos necesarios para asumir las indemnizaciones que correspondería pagar, y a su vez financiar las inversiones necesarias para mantener activas las actuales operaciones e iniciar nuevos proyectos. Esperamos que la Convención pueda encontrar soluciones que permitan hacer compatibles las nuevas demandas sociales con la realidad de nuestra economía.
