Las normas constitucionales que necesita la minería
Es imprescindible dar certezas jurídicas a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, puesto que hay distritos mineros en el mundo que compiten con Chile.
Por Sergio Hernández, abogado y director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).
_____________________
En el contexto de la feria minera Expomin 2023, que durante este mes de abril se realiza en Santiago, nos visitan miles de ejecutivos e inversionistas mineros de todo el mundo, junto a ejecutivos y empresas de proveedores y contratistas establecidos en Chile, exhibiéndose maquinarias, equipos y servicios, muchos de los cuales presentan interesantes innovaciones.
Esta feria es especialmente importante, dados los enormes volúmenes de inversión que requiere la minería de mediana y gran escala, (cartera Cochilco al 2032 de US$ 74.200 millones), con retornos a muy largo plazo (entre 6 y 10 años, con riesgos de su no aprobación), que pueden ir desde US$200 millones a US$10.000 millones, por lo que esta feria contribuye a respaldar estas inversiones.
Sin embargo, hay otras necesidades para que la minería continúe su desarrollo y así poder hacer efectivas estas inversiones. En efecto, es imprescindible dar certezas jurídicas a la inversión privada, nacional y extranjera, puesto que hay distritos mineros en el mundo que compiten con Chile. Ni el Estado chileno puede aportar esos capitales ni apostar a retornos tan largos y riesgosos, ni los privados nacionales tienen esos recursos necesarios para continuar aportando al país en minería.
Es necesario atraer capitales y tecnología extranjera, en condiciones de estabilidad, pero mediante fiscalizaciones integrales del Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, Cochilco, de organismos de salud, medio ambiente y seguridad laboral.
En Chile estamos en pleno proceso de propuesta al electorado de una nueva Constitución Política de la República, sobre cuyas normas que se definan, descansa el respaldo institucional que se le puede dar o negar al sector minero. Solo un régimen constitucional estable, con normas claras que den certeza jurídica e institucional, atraerá los grandes capitales que Chile necesita, también para la enorme producción futura de hidrógeno verde, al nivel de la minería.
En Aprimin proponemos al país una serie de principios y normas, de rango constitucional, que nos permitirían como sector seguir contribuyendo al desarrollo humano y económico sustentable de Chile, así como a la descarbonización del planeta, las que esbozamos a continuación:
Reserva de la propiedad exclusiva, absoluta, inalienable e imprescriptible de las minas para el Estado.
Régimen judicial de concesiones plenas, con amparo por patentes mineras, crecientes al no demostrar trabajos efectivos.
Exigencia constitucional de procesos ambientalmente sustentables, calificados por organismos exclusivamente técnicos.
Protección constitucional de los derechos de propiedad sobre las concesiones: recursos de protección y amparo.
Tributos no expropiatorios, proporcionales y justos, de iniciativa presidencial, con quórums de mayoría simple del Congreso.
Banco Central autónomo.
Tribunal Constitucional integrado por destacados abogados constitucionalistas independientes políticamente en los últimos 10 años.
Chile República con democracia representativa. Derechos sociales amplios y equilibrio fiscal. Reconocimiento de las culturas originarias.
Poder Judicial único y autónomo.
Mantención del Senado de la República
Sin duda hay otras normas también necesarias, las que, como Aprimin, haremos saber y proponer en distintas instancias públicas, en los organismos de participación que coordinan las universidades de Chile y Católica, así como en aquellas que surjan en el Consejo Constitucional.
