Revista Nueva Minería

El ingeniero civil de minas y actual vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Fernando Silva Calonge, analizó el aumento de tiempo en la tramitación de los proyectos mineros. También hizo un llamado a que las distintas instituciones involucradas puedan aumentar su capacidad de respuesta y diligencia para hacer más eficiente la entrega de los permisos.

Cerca de 10 proyectos de inversión por US$1.500 millones hoy están frenados por los múltiples trámites y burocracia que implica el Comité de Ministros, lo que afectaría negativamente en la competitividad del sector minero chileno. De profundizarse esta situación, podría impactar en una posible disminución del 40% en la inversión para 2024. Con este escenario la industria podría prolongar un estancamiento que ya lleva varios años, extendiéndose con serios efectos hacia la economía del país.

Y es que tal nivel de preocupación y urgencia ha generado el tema de la permisología -como se le denomina al fenómeno relacionado con los extensos tiempos de los permisos que enfrentan los proyectos- que recientemente la Comisión Marfán entregó su informe en el marco del Pacto Fiscal por el Desarrollo que está elaborando el gobierno. El documento reveló que la reducción de la permisología generaría mayores recursos disponibles por unos US$ 885 millones anuales, mientras que la disminución de un tercio en el plazo de permisos implicaría un aumento del PIB de 2,4% en 10 años o de 0,24% anual, y la mayor recaudación anual promedio ascendería a 0,32% del PIB, es decir, US$1.339 millones.

En este contexto, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Fernando Silva Calonge, se sumó al debate y analizó esta situación que ha ralentizado el crecimiento y posicionamiento de la minería chilena en el concierto internacional.

“Avanzamos hacia una inviabilidad económica de la industria”

¿Es la minería la actividad económica más afectada por la permisología? ¿Cómo impacta este tema a la competitividad de la industria?

Pensar que la minería es la principal víctima de la permisología puede ser algo autorreferente, pero lo cierto es que formamos parte de una industria importante que efectivamente se ha visto afectada por esta situación. Los permisos y trámites a los cuales nos vemos enfrentados aumentan cada vez más. A modo de ejemplo, esto es similar a cuando se agregan elementos a una mochila y se va llenando hasta que se vuelve muy pesada. Cuando llega ese momento, hay que comenzar a alivianarla quitando elementos. Metafóricamente hablando, lo que quiero decir es que la gran cantidad de permisos que existe nos tiene destruidos como rubro.

Por consiguiente, la competitividad de la minería chilena se ve seriamente perjudicada y en este contexto es muy compleja la situación. Nadie imaginó hace 15 años que llegaríamos a un escenario de esta naturaleza, pues varias compañías han compartido su experiencia acerca de la alta cantidad de permisos que enfrentan sus proyectos de inversión. Si continuamos así, estamos empujando una inviabilidad económica de la industria.

¿Qué diagnóstico tienen desde el IIMCh en torno a este tema? ¿Está en peligro la transición energética que requiere un aumento de la demanda de minerales y la participación de Chile en este camino?

Desde el IIMCh tenemos un diagnóstico bastante claro como lo señalamos en la reciente Convención que tuvimos a mediados de noviembre. En la instancia todos los actores de la industria coincidieron en que el tema de los extensos permisos y la lentitud en la respuesta para agilizar tales autorizaciones, es fundamental. De hecho, ya no se están respetando los tiempos que existen por normativa en cuanto a las respuestas. No existe control. Por ello, el diagnóstico que hacemos desde el Instituto es severo. Estamos en una situación límite y no podemos seguir así.
En relación con la transición energética que busca frenar los efectos del cambio climático, la demora en la tramitación de los permisos representa una verdadera barrera para la concreción de los proyectos mineros, que son fundamentales para responder al aumento de la demanda de minerales que el mundo necesita.

Ello, evidentemente, afecta la cadena productiva y como país seremos responsables de entorpecer y/o no colaborar en este proceso de transición energética. Nuestro Estado no se encuentra a la altura de lo que requiere el planeta en materia de descarbonización, por lo que tenemos un deber ético y moral para subsanar nuestras faltas en relación con este objetivo.

Aportes a la discusión

Desde el Gobierno se han comprometido a reducir los plazos de tramitación de los proyectos de inversión. De hecho, se espera que pronto ingrese al Congreso la reforma al SEIA. ¿Son factibles este tipo de medidas para resolver este problema?

Indudablemente el Gobierno se ha comprometido a reducir estos plazos porque ha tenido la lucidez y la claridad de entender que esto se está convirtiendo en un grave problema. Los usuarios del sistema han manifestado sus complicaciones y es fundamental que eso ocurra, ya que se está visibilizando con fuerza esta situación.

Por ello, hay que fortalecer a todas las instituciones con el propósito de facilitar en forma responsable el otorgamiento de los permisos considerando, por supuesto, el medio ambiente y a las comunidades. Se debe desenredar la madeja complicada que existe actualmente, donde hay más barreras que pasar, más comités y más eslabones en las distintas instituciones. En la medida que eso se reduce, se facilita el sistema y se incentiva a que más inversionistas quieran y deseen participar en Chile, porque se dan cuenta que hay tiempos razonables para la implementación de sus iniciativas y niveles óptimos de seguridad.

¿Qué proponen desde el IIMCh para contribuir a solucionar este problema?

Desde el IIMCh proponemos que, por lo menos, en la pequeña minería puedan cambiar radicalmente los requisitos los cuales son excesivos para un pequeño productor. Estos son profundamente irracionales, ya que se solicita información en donde no la hay.

Frente a este escenario, hay que simplificar los métodos de explotación y los proyectos para hacer pequeña minería, por lo que como institución empujamos a que se sectoricen los tamaños de las compañías y se aborden los problemas uno a uno según los propios requerimientos o necesidades particulares.

¿Qué significa esto en concreto?

Que la pequeña minería está en permanente crisis, debido a que las regulaciones no han cambiado en más de cuatro décadas. Durante este período la manera de hacer pequeña minería ha cambiado diametralmente, pues las leyes de las minas han seguido permanentemente a la baja, lo que ha obligado a aumentar el ritmo de producción (producción de tonelaje mensual).

Asimismo, gracias a las últimas innovaciones tecnológicas, minas de alta ley que producían 2.500 toneladas por mes, hoy probablemente lo hacen a tasas de 4.000 ton/mes para ser sustentables económicamente. En cambio, para las minas de mediana a baja ley no hay posibilidad de ingresar a operación, ya que la restricción por tonelaje la obligarían a producir 7.000 a 8.000 ton/mes como mínimo. La restricción actual es de 5.000 ton/mes, para así no ingresar a un proceso de revisión medioambiental. Esto es algo que la pequeña minería no resiste.

Lo más grave es que la normativa ambiental actual no diferencia entre una mina explotada en forma subterránea o rajo abierto. La afectación superficial de una mina subterránea es un túnel en superficie, lo cual es ínfimo para ser revisado por la institucionalidad ambiental.

La mediana minería también exhibe problemas importantes, considerando que se le aplican estándares asociados a la gran minería.

Para este segmento su relación con la permisología es bastante compleja. Si consideramos una mina de estas características en relación a su vida útil, en general, el reconocimiento de reservas proporciona un plazo máximo de operación de seis años. Durante ese período la mediana minería habrá podido reconocer nuevas reservas, lo cual es muy común en este tipo de yacimientos, sin embargo, cada vez que este yacimiento reconoce nuevas reservas debe pedir nuevamente todos los permisos sectoriales, los cuales son idénticos entre un período y otro.
Tanto es así de contradictorio que, si la campaña de sondajes hubiese sido para reservas suficientes para una producción durante 12 años, entonces sus permisos sectoriales hubiesen tenido una duración de 12 años. Ello debe solucionarse al más breve plazo, pues es inadecuado que por una restricción administrativa mal estructurada se genere tanta complejidad y se deban renovar los mismos permisos una y otra vez.

¿Qué mensaje quisiera dar?

No todos los problemas se pueden resolver con una “varita mágica” para todos los actores del sector y las compañías que participan en la industria minera. ¿La razón? No solo intervienen distintos servicios, sino también otros estamentos, lo que hace que se extienda demasiado el tiempo para el proceso de los permisos. Con esto, señalo que hay instituciones del Estado que no están a la altura de los requerimientos de la minería nacional, la cual se ha destacado por contar con los más altos estándares a nivel mundial.

Finalmente, como organización estamos colaborando para que se implementen soluciones a la brevedad posible a fin de agilizar la tramitación de los permisos. Además, hacemos un llamado a que tanto la Dirección General de Aguas (DGA) como la CONAF, y todos los organismos asociados, aumenten su capacidad de respuesta y diligencia en relación a este tema.

Debe existir una manera de dar un tiempo de respuesta adecuado para los procesos. La incerteza y el aumento de plazos en la permisología aleja a muchos grandes inversionistas, los cuales deciden irse a otros países a invertir en minería. Y no podemos darnos ese lujo como país.