Revista Nueva Minería

El ingeniero mecánico y timonel de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso se refirió a la reforma a la permisología anunciada por el gobierno y cómo afecta a la industria. También llamó a destrabar el proyecto de ley sobre desalación, el cual “cuenta con el apoyo transversal de la mayoría de los partidos políticos”, asegura.

La desalación de agua de mar se ha convertido en la principal fuente de agua no convencional a nivel global con más de 20 mil plantas desaladoras operando en el mundo, cifra que podría aumentar en las próximas décadas.

Chile, por cierto, no es la excepción. De hecho, es el país de América Latina con la mayor capacidad de desalinización debido al desarrollo de la minería, cuya capacidad instalada actual provee en un 80% a esta industria, porcentaje que se incrementará al 85% el 2025 cuando entren en operación los proyectos en construcción.

Según la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) hoy existen 24 plantas con capacidad sobre los 20 litros por segundo funcionando en el país, y cinco más en construcción. El problema, señala el presidente del gremio Carlos Foxley, es que hay más de 20 proyectos que están en diferentes etapas anteriores, muchas relacionadas con la obtención de permisos.

Frente a este escenario, si bien desde la asociación valoran la intención del gobierno de hacerse cargo del tema de la permisología a través de la reforma presentada en enero, creen que el tiempo de reducción para los permisos es bajo e insuficiente, considerando que hoy decenas de comunas de Chile tiene decreto de escasez hídrica. “Incluyendo la construcción, de aprobarse ambos proyectos bajamos solamente de 11 a 9 años. No nos alcanza”, afirma Foxley.

En entrevista con revista Nueva Minería y Energía, el presidente de Acades analiza el proyecto de permisología y el marco regulatorio que involucra a la industria de la desalación.

¿Qué permisos se necesitan a la hora de construir plantas desaladoras que abastezcan a las empresas mineras? ¿Cuánto dura su tramitación?

Los permisos más importantes, en términos de tiempo para su tramitación, consisten en una concesión marítima, que puede durar entre dos y tres, o incluso cuatro o más años; y resolución de calificación ambiental que puede durar entre dos y tres años, como mínimo. En este punto se deben hacer estudios que demoran al menos un año para establecer la línea base, junto con impulsar procesos de participación ciudadana, preguntas y respuestas de diversas reparticiones.

Asimismo, tomando en cuenta que las mineras utilizan el agua en la cordillera, a muchos kilómetros de la costa, tradicionalmente se requieren permisos especiales para las tuberías, si es que estas transportan agua en zonas urbanas o si cruzan accidentes geográficos. Esto se denomina permiso de obra hidráulica mayor de la Dirección General de Aguas (DGA), y puede demorar entre uno y dos años fácilmente. Posteriormente, hay más de 300 permisos sectoriales adicionales normalmente, cada uno con sus procedimientos y tiempos.

¿Cuál es su visión acerca de la reforma a la permisología anunciada por el gobierno?

Es positivo que haya consenso en nuestra sociedad, ya que la permisología es un fenómeno que literalmente nos está matando.

Por ello, la reforma presentada por el gobierno es favorable, aunque insuficiente. En el caso de las desaladoras destaco la exclusión tanto de las concesiones marítimas como los permisos relacionados con Monumentos Nacionales, ya que ambos factores constituyen uno de los principales cuellos de botella a la hora de construir plantas desaladoras.

Foco en el marco regulatorio

¿Por qué señala que es insuficiente la propuesta del gobierno en cuanto a la reducción de los tiempos de tramitación y cómo afecta aquello en la certeza para invertir?

Es insuficiente, por lo siguiente: la estimación del gobierno es que, de aprobarse los proyectos en el caso de las desaladoras, podríamos pasar de ocho a seis años para conseguir los permisos de un proyecto. En este sentido, por supuesto que acortar dos años los permisos es importante, pero cuando 58 comunas de Chile sufren estrechez hídrica severa y están con decretos de emergencia, no se puede esperar seis años para recién poder construir las obras que necesitamos y que demoran entre dos y tres años. Es decir, incluyendo la construcción, de aprobarse ambos proyectos bajamos solamente de 11 a 9 años. No nos alcanza.

Para ejemplificarlo mejor, La Serena y Coquimbo necesitan agua mucho antes que eso. Esto nos llama a ir más rápido, ya que cuando se está en medio de una emergencia producto del cambio climático y una prolongada y extrema sequía, no se puede avanzar de manera normal. Se requieren medidas excepcionales.

¿Qué hace falta para incrementar la construcción de plantas desaladoras en un escenario de creciente escasez hídrica?

El diagnóstico es lamentable, ya que contamos con un marco regulatorio muy disperso para la desalación de agua de mar. Sin embargo, tenemos esperanza en que esto mejore. Hay un proyecto de ley sobre desalación, el cual se trabajó por años entre el Senado y el MOP, lo que ayudaría a acelerar los plazos e incentivar nuevos proyectos.

Consideramos que es muy necesario y relevante destrabarlo, pues no sabemos por qué se encuentra detenido en la Segpres. Confiamos en que pueda ser presentado en cuanto se termine el receso legislativo, porque es un buen proyecto y cuenta con el apoyo transversal de la mayoría de los partidos políticos.