Revista Nueva Minería

Si el modelo no permite al Estado chileno intervenir como actor, entonces el privado debe estar a la altura para responder a las necesidades de la sociedad

La opinión pública observa por años una porfiada coyuntura en nuestro modelo del sector eléctrico, que como resultado arroja un escenario inquietante para dos o tres años más.

No cabe duda que en lo que resta de gobierno y el que viene, los apologistas del modelo insistirán en sus ventajas y en un estado de atenta vigilia por si el Estado insinúa excederse en sus funciones de regulador de una gestión 100% en manos de los privados. Por otra parte, aquellos inspirados en una mayor presencia del Estado tienen una oportunidad para acentuar la dialéctica, en un debate que será tan necesario como urgente para el consenso. No está claro cuál será el resultado de esta confrontación en un año de elecciones presidenciales.

Lo que sí está claro, es que de parte de las autoridades lo que sea menester hacer está más allá de eslóganes y buenas intenciones. La solución llegará sólo de la mano de un liderazgo eficaz y la adaptación efectiva del modelo a la realidad de las comunidades, tanto política como económica. Más que desarrollo, se requiere evolución.

Para la solución de este intríngulis de larga data, es necesario tener claro que sólo una adecuada formulación del problema conduce a la solución correcta. Se dice por unos que ”el modelo eléctrico en general está bien orientado” y por otro lado, como consecuencia del mismo, resulta que tenemos el mayor costo de la energía en la región, creciente carbonización de la matriz energética y un estado permanente de guerra mediática y creciente judicialización animada por opositores profesionalizados.

Para escapar de esta coyuntura tan política como económica, otras sociedades más eficientes que la nuestra se atreven a implementar entidades y una sólida política de Estado que trascienda sus gobiernos y que el modelo eléctrico evolucione más allá de sus atributos meramente economicistas, conteniendo directrices humanizadas que las comunidades puedan legitimar y con beneficios tangibles. Seamos claros, a los privados no les corresponde implementar políticas de Estado y si las apoyan es porque capturan beneficios de ello.

Estoy de acuerdo en mantener la defensa de la iniciativa privada en el sector eléctrico pero no como dogma, ya que en Chile permitimos que otros estados intervengan como factor productivo, pero no permitimos que el Estado chileno lo haga libremente. Si el modelo no le permite al Estado chileno intervenir como actor, entonces el privado y la arquitectura institucional deben estar a la altura para responder a las necesidades de la sociedad, pues para ello se han concedido derechos de agua a perpetuidad -privilegio único en el mundo- y concesiones a un precio bajísimo para aprovechar los recursos naturales y soberanos.

Sea este gobierno o el próximo, la mejor solución es la implementación de una política de Estado dotada de entidades y herramientas virtuosas en beneficio de la comunidad, para conseguir sostenibilidad, un clima propicio al desarrollo y mayor justicia distributiva.

Por Hernán Salazar, Ingeniero Civil.