Comunidades y licencia social en minería: Un camino de entendimiento
El diálogo debe ser bidireccional. Por un lado, los representantes de las empresas deben ser transparentes con todas las aristas, positivas y negativas del proyecto, en tanto, los líderes de las comunidades indicar sus petitorios y mantenerlos en el tiempo; y todo ello debe ser conducente a lograr acuerdos sostenibles para las partes concurrentes.
Por Patricio Cartagena Díaz, secretario general de la Cámara Minera de Chile.
Al hablar de licencia social, no solo lo hacemos pensando en la viabilidad económica de un proyecto, por el contrario, lo entendemos como el desarrollo y crecimiento de las comunidades locales, por ello, es de suma importancia el relacionamiento temprano, informado y encaminado a lograr acuerdos socio ambientales para el largo plazo.
El Convenio 169 de la OIT encarna estos principios en relación a los pueblos indígenas, lo cual quedó expresado en su preámbulo y las principales herramientas que usa para proteger a las comunidades indígenas al reconocerlos como sujetos colectivos de derechos, expresando que “lo que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida”.
Hace algunas décadas, la conducta empresarial, de todos los sectores, no contemplaba diálogos y acuerdos con sus vecinos en forma anticipada. Sin embargo, con el correr del tiempo, las comunidades o áreas de interés comenzaron a exigir un mayor reconocimiento y respeto y, por la conciencia que las compañías mineras fueron tomando sobre el tema: la información temprana, no solo es una exigencia de quienes viven en el entorno, sino que se ha transformado en una obligación para las empresas, que permite viabilizar proyectos y generar un valor compartido para todos.
Hay que aclarar que el diálogo no lo es todo, si bien es el primer peldaño de un importante trabajo que hay que realizar en forma permanente, informado y de buena fe, se deben sumar la designación de responsables que se mantengan en el tiempo; dar conocer los impactos ambientales que el proyecto pueda tener, y siempre la transparencia en todos los procesos que se lleven adelante, un valor ético intransable.
En la realidad nacional, hemos sido testigos que, por no llevar adelante estas mínimas reglas de convivencia, los proyectos se han judicializado y, en algunos casos, se han retirado de las carpetas de inversión.
Es trascendente tratar el tema de los límites que se deben imponer por ambas partes. Ya que estos procesos son llevados adelante por seres humanos, cada cual, con sus propios intereses, por ello, las reglas de conversación deben quedar claras desde el principio.
Tenemos un ejemplo concreto y gran desafío en la reciente Estrategia Nacional del Litio, que ha fijado como estándar socioambiental y de licencia social, la necesidad que los acuerdos y proyectos sobre la futura mayor extracción de mineral deben contar obligatoriamente con el conocimiento, participación y conformidad de las comunidades indígenas que detentan derechos ancestrales en los salares. De ello esperamos mucho aprendizaje para los nuevos proyectos de inversión que la minería chilena requiere para continuar aportando al mayor desarrollo sostenible de nuestro país.
