La “operación” para conservar el modelo eléctrico
- Sara Larraín
El futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, en detrimento del interés común, del medioambiente y de la ciudadanía
Desde julio, la opinión pública ha sido bombardeada por una campaña lanzada a través de los principales medios de prensa del país, destinada a difundir los resultados de un estudio realizado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) por un grupo “transversal” de expertos. Al respecto, no sólo resulta discutible la transversalidad del grupo, sino también las bases en que se asienta el análisis realizado y las conclusiones que de él derivan.
Un elemento central de su argumentación es que “la operación eficiente del sistema requiere de grandes centrales generadoras que lo abastezcan en forma continua y a bajo costo”. Dicha premisa contiene algunas falacias o insuficiencias conceptuales destinadas a perpetuar un modelo que ha demostrado sus limitaciones, conduciendo a un sistema eléctrico vulnerable, dependiente del mercado internacional, sucio, carbonizado y de precios elevados.
Los autores del informe ignoran la necesidad de reducir la vulnerabilidad y mala calidad del servicio eléctrico derivada de los megaproyectos y la urgencia de definir una estrategia de generación distribuida, donde unidades generadoras más pequeñas, normalmente en base a energías renovables, se asocian directamente a los requerimientos locales: residenciales, de servicios y productivos. Esto circunscribe el efecto de eventuales fallas a la zona de influencia de la central, reduce las pérdidas de transmisión y distribución, disminuyendo la actual congestión de las líneas de transmisión.
Por otra parte, se confunde operación eficiente con el ingreso de centrales de menor costo de operación, ignorando las externalidades -sociales y ambientales- que presentan las centrales térmicas, particularmente las de carbón, estimadas en este último caso en US$ 60/MWh.
Por último, y vinculado a lo anterior, se suele confundir a la opinión pública asimilando costos medios con precios, estos últimos determinados por la significativa presencia de unidades generadoras que consumen petróleo diésel (lo que explica los elevados precios actuales).
Adicionalmente, se asume una visión estática de los costos de las distintas opciones energéticas, desconociendo que los costos de la generación basada en combustibles fósiles tienen una clara tendencia al alza, mientras que los basados en energías renovables tienen una propensión significativa a la baja. De hecho, hoy muchas centrales ERNC son competitivas en Chile, ofreciendo precios inferiores a los resultantes de las últimas licitaciones de abastecimiento a las distribuidoras eléctricas o fijados como precios techo para las licitaciones llamadas recientemente (definido en US$ 130/MWh).
Ante esta arremetida por perpetuar el modelo, existe una respuesta sustentable a los problemas que aquejan al sistema eléctrico chileno. Se trata de la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” realizada por la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP), que apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público y ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico.
Convengamos en algo: el futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, en detrimento del interés común, del medioambiente y de la ciudadanía.
Por Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, con la colaboración de Pedro Maldonado, subdirector del Programa de Investigaciones y Estudios en Energía (PRIEN) de la Universidad de Chile.
