Revista Nueva Minería

Pedro Courard, presidente de la Comisión de Energía del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

Se estima conveniente que se revise y cambie el sistema de aprobación administrativo, creando una institucionalidad autónoma e independiente del poder Ejecutivo. Por ejemplo, un Comité de Resolución Administrativo, al estilo del Consejo del Banco Central.

La disminución del desarrollo de proyectos mineros debido a los problemas energéticos que enfrenta el país, obliga a buscar soluciones acordes a la realidad chilena y que la comunidad obtenga respuestas a las dudas que se generan en torno al cuidado del medio ambiente de los sistemas de energía que se apliquen en el país.

Chile debe aprovechar su potencial hidroeléctrico y no renunciar a la posibilidad de uso del carbón en generación eléctrica, dado que es un combustible abundante y por tanto de precios competitivos. La inminente exportación de gas natural licuado por parte de Estados Unidos, debido a la masiva explotación del “shale gas” hace poco probable que los precios a que este combustible llegue a Chile, sean lo suficientemente bajos para igualar los costos de generación con carbón. Sin duda, hay que hacer esfuerzos para incorporar las energías renovables no convencionales, que tienen considerables ventajas ambientales, pero debe tenerse en cuenta la necesidad de instalar también centrales de base, como las termoeléctricas e hidroeléctricas de embalse.

Pensando a más largo plazo, nuestro país debería plantearse, sin prejuicios la posibilidad de instalar centrales nucleares, ya que existen factores geográficos estructurales que lo diferencian de Japón.

Existen razones que explican por qué Chile ha llegado a esta situación de escasez de oferta de energía eléctrica.

Entre éstas, la actitud adversa de gran parte de la comunidad, motivada por dudas respecto al cuidado del medio ambiente por parte de las generadoras eléctricas, la tendencia a la judicialización y la falta de competencia. Sin embargo, el país debe resolver estos temas urgentemente de modo de permitir el desarrollo de actividades productivas, que por una parte den empleo y permitan el crecimiento económico, pero al mismo tiempo se materialicen asegurando el cuidado del medio ambiente.

Es relevante tener presente que la solución debe ser acorde con la realidad de un país donde aún subsisten niveles de pobreza no despreciables. Se espera que de superarse un nivel extremo de pobreza y tener costos de energía soportables y comparables con los países con los que Chile compite, el país no tenga problema en ser parte de los países que se obligan a limitar su nivel de emisiones.

Por otra parte, en Chile se tiene una emisión de CO2 per cápita que es menos de un 25% de países como Australia y Estados Unidos y que son significativamente más ricos. En este contexto, parece más que razonable, priorizar la superación de la pobreza antes de imponernos metas de reducción de emisiones.

Si bien, el país cuenta con legislación e institucionalidad que regula los aspectos ambientales de proyectos energéticos, en la práctica, el proceso de aprobación sufre de una negativa politización y es también extremadamente lento. Adicionalmente, las reclamaciones de terceros redundan en recursos de protección ante la Corte de Apelaciones.

Al respecto, se estima conveniente que se revise y cambie el sistema de aprobación administrativo, creando una institucionalidad autónoma e independiente del poder Ejecutivo, por ejemplo, un Comité de Resolución Administrativo, al estilo del Consejo del Banco Central, con plenos poderes para resolver en las instancias finales de aprobación administrativa de los proyectos.

Por Pedro Courard, presidente de la Comisión de Energía del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.