Los pasos de la Reforma al Código del Trabajo
Francisco Tapia Guerrero, profesor de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica.
“Posiblemente es está una oportunidad para promover el debate entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores”.
Se han anunciado algunas reformas al Código del Trabajo en materia de sindicatos y negociación colectiva. Desde luego, como siempre ocurre, hay reacciones a ello desde distintos sectores. Las organizaciones de trabajadores tienden a apoyar iniciativas que tendrían por propósito mejorar su posición en los procesos negociadores y las organizaciones de empleadores sus reservas frente a tales modificaciones.
Lo cierto es que cada cierto tiempo, las reformas laborales provocan un debate público, representativo de los intereses sociales en pugna. Ello es propio de una sociedad democrática y no debe extrañar. Es una expresión de pluralismo social. Ni los trabajadores pueden esperar que se cumplan todas sus expectativas, ni los empleadores, obtener las propias. Lo importante es que esos grupos de interés concurran al debate con ideas y también, con una voluntad de acuerdo.
Nuestro país no ha tenido como otros, experiencias de concertación social en las que las organizaciones de trabajadores y de los empleadores, con o sin el Estado, buscan los acuerdos sociales tanto en las cuestiones de procedimiento, como en los aspectos de fondo de las relaciones laborales.
Probablemente pueda citarse como único ejemplo los acuerdos de 1989 y 1990 de las centrales de trabajadores y de los empleadores, en aspectos que probablemente incidieron más en la estabilidad del régimen de transición democrática que se iniciaba que en las condiciones de empleo, aunque ello favoreció sin duda, un clima de estabilidad que sería clave para el crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Un caso de acuerdos parciales ha sido también el celebrado por la antigua CUT y el gobierno en los primeros años de la década de los setenta.
Posiblemente es está una oportunidad para promover el debate entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores con el objeto que mediante el diálogo, se obtengan acuerdos que permitan llegar a una legislación contratada que exprese una institucionalidad que asume los acuerdos de las partes sociales.
Ello sin perjuicio del rol insustituible del parlamento, pero en que resulta muy distinto el rol legislativo cuando los propios actores de consenso hacen sus propuestas, aunque debe entenderse que ellos no son los únicos actores. Sería un ejercicio democrático interesante, pero además, implicaría elevar los niveles de autonomía colectiva al nivel de la sociedad.
Por Francisco Tapia Guerrero, profesor de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica.
