El juicio internacional que una empresa chilena ganó a Bolivia
Quiborax, de la familia Fosk, inició hace casi una década una disputa con Bolivia por la revocación de sus concesiones mineras. Esta semana, un tribunal le dio la razón e instruyó a Bolivia a indemnizarla en US$ 48,6 millones.
No sólo por el mar chileno está preocupada Bolivia. A días de que el Tribunal Internacional de La Haya se pronuncie sobre una salida soberana de Bolivia a las costas chilenas, el país que preside Evo Morales recibió la sentencia de otro tribunal internacional, culpándolo de prácticas ilegales y discriminatorias contra una minera chilena y estableciendo el pago de US$ 48,6 millones, más costas.
El beneficiario del fallo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió el miércoles 16 de septiembre es la chilena Quiborax, empresa de minería no metálica ligada a la familia Fosk, quienes luego de casi una década de disputa legal, lograron derrotar judicialmente al Estado boliviano.
El camino que recorrieron no estuvo exento de inconvenientes, explica el gerente de Administración y Finanzas de Quiborax, Allan Fosk: “El Estado de Bolivia hizo todo lo posible para no hacer un fair play”. Un ejemplo de aquello son todas las cortapisas que Bolivia interpuso en la larga batalla, cambiando constantemente de abogados, no pagando los costos del tribunal arbitral -para suspender el proceso- e interponiendo una serie de acciones legales en su país -entre ellas una acción penal aún en curso contra Allan Fosk- para desacreditar la defensa internacional que tomó la compañía.
La familia Fosk tiene una larga historia empresarial en Chile. En los últimos 30 años han concentrado sus esfuerzos en impulsar Quiborax, el tercer mayor productor de ácido bórico del mundo, después de Borax, de Rio Tinto, en Estados Unidos, y la estatal Eti Mine, de Turquía.
En 2012, la compañía había iniciado una fuerte ofensiva para pelear el segundo lugar del mercado, potenciando su principal operación, El Aguila, ubicada en Arica, donde producen cerca de 100 mil toneladas anuales de ácido bórico, y también su planta Ascotán, en Antofagasta, que al año produce unas 20.000 toneladas de ulexita granulada (granulex), en polvo y pulverizada. Pero dado el actual escenario que están enfrentando los commodities, sus planes de crecimiento están congelados, señala Fosk. La familia también incursiona en energía, con la instalación de una planta solar fotovoltaica con E-CL en Arica y también en pesca, a través de pesquera Landes, ubicada en la Región del Biobío.
Origen de la disputa
Su interés por Bolivia surgió en 2001, cuando se asociaron a Minera Río Grande Sur, empresa de los locales David Moscoso y Alvaro Ugalde, y crearon la compañía Non-Metallic Metals (NMM). Esta nueva sociedad operó 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni, considerado el mayor salar del mundo, en el estado de Potosí. En 2004, cuando la compañía estaba en plena operación, incluso con exportaciones del mineral a distintos mercados, Bolivia, presidido en ese tiempo por Carlos Mesa, revocó sorpresivamente las concesiones mineras de la sociedad donde la chilena tenía el 51%. “La tesis de Bolivia es que nosotros no éramos inversionistas el año 2001 y que el socio boliviano, cuando fue expropiado el año 2004, junto con nosotros, inventamos todos los papeles para retrotraer los documentos hacia ese año. Ese era el poder que ellos nos daban, algo absurdo, ya que, para hacer eso, tendríamos que habernos coludido con los abogados, con los notarios, con el Banco Central de Chile -porque acá estaba registrada la inversión en el capítulo que corresponde-, con nuestros auditores externos, los que también tendrían que haber participado, el Servicios de Impuestos Internos…”, enumera Allan Fosk.
En ese tiempo, rememora, el ambiente en Bolivia para los inversionistas chilenos era complejo. “En ese momento se comenzó a hablar del petitorio ‘gas por mar’, ya que en Chile se estaba viendo dónde instalar una planta de regasificación y en toda la zona de Potosí había mucha presión antichilena que operaba a través del Comité Cívico Potosinista (Comcipo)”, recuerda el empresario.
La compañía intentó llegar a un acuerdo con el Estado boliviano, pero las tratativas fracasaron, y por ello la chilena demandó en 2006 al Estado boliviano por US$ 66 millones ante el Ciadi, entidad que depende del Banco Mundial, buscando una compensación de su inversión y por los perjuicios sufridos por la pérdida de las concesiones mineras.
Actos ilegales
El fallo de 227 páginas del Ciadi concluyó que Bolivia “ha violado el artículo III de Tratado Binacional de Inversiones (TBI), al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de los demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. Para el abogado de la familia Fosk, Andrés Jana, del estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana, lo más grave, desde el punto de vista del derecho internacional y la relación bilateral con Chile, es que Bolivia haya incurrido en actos ilegales con el único motivo de entorpecer el normal desarrollo del arbitraje internacional y evitar su responsabilidad internacional por la expropiación ilícita hacia un inversionista chileno. Añade que Bolivia, para estos efectos, no ha dudado en incriminar a personas inocentes y manipular y presionar a su propio Poder Judicial nacional.
El abogado está satisfecho con la decisión que tomó el tribunal internacional en esta larga y difícil batalla, destaca. “La sentencia de un altamente calificado tribunal internacional, constituido bajo las reglas del Ciadi, ha confirmado lo que siempre dijimos: que nuestro cliente fue expropiado ilegalmente y que se violaron de diversas maneras sus derechos bajo el derecho internacional. Esperamos que Bolivia respete sus obligaciones internacionales y cumpla a la brevedad con su responsabilidad internacional, según lo ordena la sentencia”, señala.
Este tema no es menor, dado que ahora la compañía comenzará todo el proceso de cobro de la sentencia y el temor de Jana también lo tiene Fosk, quien señala que espera no tener que recurrir al Estado chileno para intervenir en los pasos que siguen. “Confiamos en que Bolivia, ante esta decisión del Ciadi, va a cumplir con el acuerdo que tiene el Estado de Bolivia con el de Chile, y esperamos que el Estado de Chile no tenga que intervenir en este nuevo proceso”, dice.
Sobre volver a incursionar en Bolivia, Fosk es claro: “No tenemos interés de volver a pisar ese país. En Bolivia no existe certidumbre jurídica y no existe protección al inversionista extranjero, y más aún si ese inversionista es chileno”, sentencia el empresario.
Fuente: La Tercera
