Revista Nueva Minería

La insuficiencia de agua en Chile es crítica, y la demanda por el recurso se acrecienta, lo que hace prever que la problemática por su acceso está lejos de terminar. En este contexto, ¿qué transformaciones podría adoptar la industria minera para aportar en la lucha contra la escasez de agua? Actores cercanos al tema dan a conocer su visión.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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La escasez hídrica es una realidad para muchos habitantes de Chile. A diferencia de la sequía, que es un fenómeno meteorológico, la escasez de agua también involucra procesos hidrológicos y está condicionada por el uso que se le da a este recurso en un determinado territorio.

En septiembre de 2019 -uno de los años más secos en las últimas seis décadas-, el gobierno declaró zona de catástrofe hídrica para 36 de las 38 comunas de la Región de Valparaíso, las cuales se suman a la Región de Coquimbo bajo esta condición. En aquellos lugares, hay hasta un 70,5% de déficit de agua, lo que deja en evidencia las complejidades para acceder a este vital elemento.

A este escenario, se suma que el crecimiento económico de Chile aún se basa en la explotación de los recursos naturales; lo que hace prever que el debate está lejos de terminar. La creciente demanda por el agua figura en contraposición con la escasez que existe de este elemento, especialmente en la zona norte y central del país.

En este contexto, la minería es una de las industrias que resulta pertinente analizar. ¿Cuáles son los avances y desafíos de este sector en la materia?, ¿de qué manera podría aportar en la lucha contra la escasez hídrica?, y ¿cuáles podrían ser los impactos en el rubro si se concretan cambios a la legislación del recurso?

Uso de agua en la industria

De acuerdo a datos de Cochilco, para el 2030 se prevé que el consumo de agua en la minería a nivel nacional será de 23,5 m3/seg, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2,7%. En parte, esto es reflejo del cambio de la matriz de producción, que se vuelca al procesamiento de minerales sulfurados, y a la caída en las leyes de los minerales. En ambos procesos se requiere más agua.

“Al desglosar esta cifra, la estimación de consumo de agua de origen continental al 2030 alcanzaría los 12,5 m3/s, lo que representa una disminución de un 6% respecto al consumo esperado para el 2019. En cambio, para el caso del uso de agua de mar, se observa un crecimiento con una tasa promedio del 9,3% anual, alcanzando los 11 m3/s al 2030, en comparación a 4,3 m3/s estimado para el 2019”, explica Vania Ramírez, analista de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.

El mayor consumo de agua de mar es un hecho que destacan del sector. Para Humberto Peña, ingeniero de la consultora DIAgua, y ex director general de la Dirección General de Aguas (DGA) entre 1994 y 2006, las transformaciones que ha realizado la industria, corresponden a una respuesta “efectiva y realista” al cambio de escenario experimentado en el país en los últimos quince años.

“Dicho escenario se caracteriza por la reducción de las alternativas de suministro con aguas continentales, un precio del cobre más elevado que permite un mayor costo por m3 de agua, una sociedad con mayor sensibilidad ante los eventuales impactos ambientales, y la disminución de los costos de energía por la incorporación de las ERNC”, destaca Humberto Peña.

Para Alejandra Carmona, coautora del libro “El negocio del agua” junto a Tania Tamayo, son positivos los cambios que ha realizado la industria para potenciar la desalinización. “Todo lo que ayude a revertir el nivel dramático de sequía y explotación del agua, es una iniciativa en el camino correcto. Sin embargo, el proceso ha sido lento. Empresas importantes como SQM, por ejemplo, aún no cuentan con plantas desalinizadoras, por lo menos hasta 2019”, señala.

Respecto a este punto, Rodrigo Mundaca, activista y vocero de Modatima, explica que ampliar la frontera de la explotación minera mediante la desalinización, supone una intensificación en el uso de los bienes naturales de suelo y agua, en particular la situación de escasez hídrica. Sumado a ello, en su opinión, se continúa soslayando en el tema de fondo.

“¿Es posible mantener el modelo privado de aguas?, ¿o que las aguas del minero se sigan superponiendo a las necesidades de agua de la población? Desalinizar agua proveniente del mar provoca impactos en los recursos bentónicos que no se logran dimensionar en toda su magnitud, alterando el ecosistema marino”, comenta Mundaca, quien fue reconocido con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg en 2019, por su lucha por el acceso al agua.

Desafíos que suman y siguen

Si bien la industria avanza en procedimientos que buscan disminuir el uso de agua de origen continental, aún queda mucho por hacer. Recientemente, Chile ha sido incorporado al grupo de las 30 naciones con mayor riesgo hídrico en el mundo para los próximos cinco años.

“Esto se refleja en que más de 100 comunas del país están enfrentadas a una situación crítica. A esta realidad se suman el desarrollo económico y el aumento demográfico, factores que presionan y compiten sobre los recursos hídricos disponibles (…) Frente a este crítico escenario, en los últimos 10 años la industria ha mejorado notablemente la gestión del recurso agua fresca, aumentando su reutilización o recirculación”, destaca Aldo Saavedra, investigador del Laboratorio de Procesos de Separación por Membranas de la Usach.

Para Vania Ramírez, la minería debe seguir adaptándose a un escenario en el que se vislumbra “habrá una mayor competencia por el uso del agua: consumo de agua potable, agropecuario e industrial”. Además, agrega que el sector “sigue trabajando en la eficiencia de sus procesos que utilizan aguas continentales, cuyo consumo ha disminuido en un 8% desde el 2012 a nivel país (mostrando una mayor disminución en la zona norte)”.

En la visión de Humberto Peña, en “algunas faenas particularmente complejas (…) es posible alcanzar una mayor eficiencia si se realiza una gestión más integrada de los procesos. En lo tecnológico, un reto importante es avanzar en el uso de relaves espesados o secos. Finalmente, en faenas insertas en cuencas mayores, la actividad minera necesariamente deberá buscar soluciones en el marco de una gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de la cuenca en su conjunto”.

Si hablamos de medidas a incorporar, Rodrigo Mundaca recalca la necesidad de “usar de forma racional y eficiente los recursos hídricos, no ampliar la frontera de la extracción de minerales a costa del sacrificio de las comunidades y la depredación de los territorios, y abrirse a la discusión en torno a las aguas del minero, artículo 56 del Código de Aguas, y también discutir sobre el Código de Minería, específicamente el artículo 110”.

El debate legislativo

En los últimos años, la discusión por el modelo de gestión del agua se ha acrecentado. De hecho, tras el denominado “estallido social” de 2019, los criterios de asignación de derechos de aprovechamiento de agua han estado en boga, considerando que Chile es el único país del mundo en que el agua es privada.

Tania Tamayo, coautora del libro “El negocio del agua”, explica que tanto la Constitución, como el Código de Aguas de 1981, fueron redactados en un contexto de dictadura. Sumado a ello, se desarrolló paralelamente a una serie de reformas que implementaban un sistema económico nuevo para el país, lo que a su juicio “no es menor, porque se establecieron desde una mirada ideológica muy clara”.

En este contexto, Tamayo explica que la importancia de la Constitución de 1980 radica en que “le otorga la categoría de real a los derechos otorgados a los particulares. El artículo 19 (dedicado a la propiedad), número 24, inciso final, fue generado justamente para reforzar el carácter privado del Código de Aguas. Entonces, es relevante hacer un cambio en la Constitución, más allá de los cambios al Código en términos de prioridad de uso a las aguas, o la discriminación positiva a comunidades rurales o indígenas”.

En la opinión de Pablo Jaeger, abogado de DIAgua, en el marco de un eventual proceso constituyente, “la Constitución sólo debiera referirse a los aspectos centrales del tema, esenciales para dar estabilidad al régimen legal de las aguas, ya que su regulación general debiera ser vía legislativa”.

Junto a Humberto Peña, añaden que “en lo esencial, la constitución debiera establecer con claridad el dominio público sobre las aguas, así como su importancia estratégica desde una perspectiva social, ambiental y productiva en un país como Chile. Además, debiera definir el papel de resguardo del interés público que corresponde al Estado y la forma y alcances de las concesiones para el aprovechamiento privado, garantizando su aprovechamiento razonable y beneficioso. La constitución, finalmente, debiera garantizar el derecho al agua para consumo humano”, destacan.

En tanto, desde el mundo del activismo, Rodrigo Mundaca señala que los aspectos fundamentales a nivel constitucional son “derogar el artículo 19, numeral 24, que establece la propiedad privada del agua. Además, consagrar este recurso como un bien común, y hacer de su acceso un derecho humano”. Sumado a ello , considera que se debería “restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, deconstruir una nueva institucionalidad hídrica, establecer prioridades de uso y reformular las organizaciones de usuarios de las aguas, priorizando los consejos de cuenca”.

En tanto, para el académico Aldo Saavedra, si se concreta la elaboración de una nueva carta magna, “hay que lograr un equilibrio adecuado entre disponibilidad del recurso, su valor, su escasez, su importancia estratégica como elemento esencial para la vida, la naturaleza, los seres humanos y para el desarrollo económico-social del país (…)”.

Sin duda, lograr un equilibrio no será tarea fácil, y las grandes industrias, como la minera, tendrán que sumarse a este desafío. Pues, tal como señala la representante de Cochilco, “si bien las empresas mineras han llegado a optimizar el uso del agua a niveles muy altos (…), la baja disponibilidad del recurso hídrico es un problema urgente”.