Límites del futuro Parque Patagonia en Aysén abren conflicto con minería
En las 309 mil hectáreas acordadas con la Fundación Tompkins, la administración anterior incorporó terrenos fiscales donde estaba en marcha un proyecto aurífero de una compañía australiana y zonas de veranadas muy usadas por ganaderos.
Un decreto supremo -el N° 3 de Bienes Nacionales- crea el Parque Nacional Patagonia, de 309.445 hectáreas. El documento lo dejó firmado la Presidenta Michelle Bachelet, en la misma Región de Aysén, antes de dejar su cargo, y forma parte de la creación de la red de ocho parques nacionales, que suman 4,5 millones de hectáreas en el extremo sur del país.
Tal vez por eso, el documento que tramita su toma de razón en Contraloría, ingresado el 12 de febrero de 2018, revela desprolijidad en su contenido, según la actual administración.
Sin embargo, esas inexactitudes constituyen un detalle menor frente al conflicto que los límites del futuro Parque Nacional Patagonia han desatado en Chile Chico, una localidad fronteriza de 4.500 habitantes, desde donde surgen varias demandas que el actual gobierno está recibiendo desde la zona.
Ocurre que, para ampliar la superficie de la futura área silvestre bajo conservación, se incluyeron terrenos fiscales, donde hoy existen vastas zonas de veranadas que usan los crianceros de ganado ovino y bovino para pastoreo (unas 20 mil cabezas) y, además, un área aledaña a la actual reserva Jeinimeni -la mayor componente del futuro parque-, donde se iniciaba un nuevo proyecto minero de oro y plata de Southern Gold, filial de la compañía minera australiana Equus Mining. Se trata, además, de un proyecto que figura en la lista de los priorizados para generar empleo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía. El único en el sector minero de Aysén.
En el Gobierno reconocen que se trata de una coyuntura compleja, porque apoyan la política de la red de parques de la Patagonia, que generará desarrollo turístico, pero saben que de promulgarse el decreto como está, sectores productivos locales como la minería y ganadería se verían afectados.
El alcalde Ricardo Ibarra (DC), que ve a los nuevos proyectos mineros como un factor de desarrollo, revela que mantener empleos de emergencia significa un costo de $1.000 millones al año, entre FNDR y fondos municipales, pero además “hay unas 300 personas en lista de espera”. Esto gravita en el comercio y los servicios de la comuna.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, cuya cartera está a cargo de seguir el trámite del decreto supremo en la Contraloría, confirma que tienen un mandato presidencial para resolver el tema y por eso están trabajando con los ministerios de Agricultura (Conaf), Minería y Medio Ambiente para buscar soluciones. Además, se conformó una mesa para conocer las demandas de los distintos sectores en Chile Chico.
“Esto no está resuelto, aunque algunas personas hablan del retiro de los decretos. El Gobierno y el Presidente Piñera pensamos que lo que se hizo es una buena política pública, de conservar un área para protección del medio ambiente”, precisa Ward.
Adelanta que se intenta construir soluciones, pero mientras no las haya, no se va a retirar el decreto supremo de Contraloría, el que, según destaca, es fruto de un acuerdo entre el Estado y privados -la Fundación Tompkins-, que realizaron la mayor donación histórica para conservación al país, de 407.625 mil hectáreas. “No puedo revelar las gestiones, pero estamos intentando buscar soluciones junto a otros ministerios”, dice, tal como planteó a la comunidad de Chile Chico en su viaje a la zona.
En tanto, Equus Mining invirtió US$ 6 millones y exploró a unos 15 kilómetros al sur de Chile Chico, con buenos resultados para desarrollar una explotación. Vía audiencias, que son públicas por ley de lobby , se reunió con autoridades de minería del anterior gobierno, previo incluso a la firma del protocolo de acuerdo entre el Gobierno y las fundaciones que dieron origen a los parques vía donaciones , en abril de 2017. Advertían que estaban en tierras fiscales susceptibles de ser incorporadas al futuro parque, pero no fueron escuchados. Siguieron el lobby con el actual gobierno.
Ahora, si el proyecto de Southern Gold quedase dentro del parque, el ministro Ward dice que la ley permite realizar actividad minera con la venia del intendente o del Presidente, pero reconoce que no existen precedentes en esa materia.
Fuente: El Mercurio
