Revista Nueva Minería

(Ilustración: Fabián Rivas)

La propuesta impulsada por Valor Minero que pretende transformarse en una nueva política pública para mantener un diálogo permanente entre las comunidades, las empresas y el Estado en torno a grandes proyectos de inversión, genera debate por su finalidad.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
________________

Pese a que el documento final aún no se presenta de manera formal al gobierno, por diversos medios de comunicación y espacios de debate se ha dado a conocer la iniciativa que impulsa Valor Minero, una entidad de carácter público-privado que pretende incorporar un nuevo mecanismo como política pública.

Se trata de la “Institucionalidad de Diálogo Territorial”, propuesta que tiene como objetivo destrabar grandes proyectos de inversión, mediante mecanismos de mediación entre las empresas, las comunidades y el Estado, para resolver controversias y evitar la judicialización de las iniciativas.

Este mecanismo tendría un financiamiento público – privado, y compromete el trabajo de múltiples actores para que exista un diálogo temprano, permanente y efectivo a la hora de estimar el desarrollo de un proyecto de gran envergadura en una zona determinada del país.

Pese a que tanto autoridades sectoriales como actores relevantes de la industria minera han destacado la iniciativa, relevando su aporte para lograr “un desarrollo integral”; el hecho de que la propuesta pretenda incluir mecanismos de mediación prejudiciales para la resolución de controversias, genera interrogantes.

El cuestionamiento se centra en que el mecanismo buscaría principalmente viabilizar los proyectos extractivos, lo que ha sido interpretado como una estrategia en vez de un diálogo permanente de las empresas con las comunidades. Frente a este cuestionamiento, surge la interrogante, ¿cuál es el objetivo central de esta propuesta?

Para contraponer visiones, en una nueva edición de “Frente a Frente” participan Danae Mlynarz, gerenta del “Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial” de Valor Minero, y Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca).

Danae Mlynarz, gerenta del “Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial” de Valor Minero:
“Nuestra apuesta no es viabilizar, sino que buscar proyectos que sean virtuosos, inclusivos y sostenibles”

¿Cree que la judicialización es una herramienta válida para detener y/o paralizar iniciativas polémicas?

Creo que sí. Es la alternativa que existe hoy en día para detener proyectos si la comunidad no está de acuerdo con ellos. Por un lado, porque existen circunstancias en las que efectivamente no se han llegado a acuerdos, o bien no se ha contado con mecanismos previos al proceso judicial que permitan el entendimiento entre las partes. Pero por otro, porque al SEA se le está pidiendo que exceda sus capacidades al presentarse como la ventanilla única para abordar los impactos de un proyecto, los que en muchas ocasiones no tienen su origen en temas medioambientales.

¿Considera que con el mecanismo que propone Valor Minero se podrá construir diálogo de manera efectiva entre los actores involucrados de un determinado proyecto?

Esa es nuestra apuesta, pero se debe partir por resignificar el concepto “diálogo efectivo”. No basta el “diálogo por el diálogo”, se necesita uno que tenga como objetivo último el desarrollo humano. Diálogos en igualdad de condiciones, donde todos tengan las herramientas para representar sus intereses. Impactos, que como mencioné, sean evaluados desde una mirada integral (incluyendo variables económicas, sociales, culturales y medioambientales), y donde las conversaciones se orienten a acuerdos que sean consistentes con una visión estratégica de desarrollo territorial.

Pero eso sólo se logra si se diseña una propuesta que involucre todas las realidades y se haga cargo de las brechas que existen en nuestro sistema. Es por eso que, junto a actores públicos, privados y de la sociedad civil, estamos diseñando esta política pública que llamamos “Institucionalidad de Diálogo Territorial”. Conscientes de que sólo la construcción conjunta permitirá presentar una propuesta viable y positiva para los chilenos y chilenas.

La propuesta de Valor Minero considera consultas socioeconómicas, además de consultas indígenas y ambientales para superar controversias. ¿Le parece adecuada esta propuesta? ¿Qué más se necesita?

Más que consultas socioeconómicas, considera una evaluación integral de los impactos, que atienda lo compleja que es la realidad. Importante decir también que nuestro objetivo último no es superar las controversias, si no que el desarrollo humano, social y ambientalmente sostenible de los territorios. El impacto en la calidad de vida de todos sus habitantes.

¿Le parece oportuno que una entidad como Alianza Valor Minero, que se define como público-privado, busque viabilizar los proyectos y agilizar sus procesos de tramitación?

Nuestra apuesta no es viabilizar como tal, sino que buscar proyectos que sean virtuosos, inclusivos y sostenibles. Viabilizar proyectos y agilizar procesos de tramitación no tiene ningún sentido si no se cuenta con un horizonte claro de porqué una inversión. Chile no necesita crecer con más proyectos, si no que con mejores. Concertar junto a las comunidades, el hacia dónde se quiere avanzar y cómo las inversiones pueden aportar a materializar esa visión. Estamos conscientes que hoy en día es necesario ver cómo avanzar en desarrollo sostenible para todas y todos.

Danae Mlynarz, gerenta del “Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial” de Valor Minero; y Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales. (Ilustración: Fabián Rivas)

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales:
“Es un mecanismo para imponer y neutralizar la forma de vida que existe y se proyecta en los territorios”

¿Cree que la judicialización es una herramienta válida para detener y/o paralizar iniciativas polémicas?

Las comunidades no recurren a la justicia para detener o paralizar un proyecto, sino para velar por el respeto a sus derechos y la vida de los ecosistemas que habitan. El eje de la institucionalidad ambiental, por presión de las grandes corporaciones, entre ellas las mineras, es la protección de las inversiones, no la protección del medio ambiente. En ese contexto se aprueban proyectos que son inviables y que tendrán consecuencias irreparables para los territorios, en virtud de ello es que las comunidades recurren a la justicia. Eso sin duda me parece legítimo y saludable como fenómeno social en una sociedad que pretende ser democrática.

¿Considera que con el mecanismo que propone Valor Minero se podrá construir diálogo de manera efectiva entre los actores involucrados de un determinado proyecto?

El mecanismo propuesto nace de un grupo de interés, el minero, y responde a sus objetivos. No es entonces una propuesta para tomar conciencia de la sabiduría local, internalizar sus demandas y atrevernos al desafío de construir un país a escala humana que reconozca el aporte colectivo. Es un mecanismo para imponer y neutralizar la forma de vida que existe y se proyecta en los territorios, e invitar, en condiciones de brutal asimetría, a ponerle precio a lo que la gente ama.

Las comunidades no han depredado sus territorios durante siglos porque son malas para los negocios, sino porque valoran su entorno. Esto no quiere decir que todo es bucólico en las localidades. La vida rural ha sido profundamente despreciada y castigada. Por eso mismo, este tipo de mecanismos visualizan esa vulnerabilidad y la capitalizan a su valor, cuestión que nos parece socialmente lamentable y éticamente repudiable.

La propuesta de Valor Minero considera consultas socioeconómicas, además de consultas indígenas y ambientales para superar controversias. ¿Le parece adecuada esta propuesta? ¿Qué más se necesita?

Todas las consultas apuntan a viabilizar un proyecto extractivo, ese es el piso de la conversación; un diálogo construido en esas circunstancias no es diálogo, es estrategia, por eso es tan impresentable y preocupante que los poderes del Estado se muestren proclives a validar la iniciativa. Lo que necesitamos es hacer una evaluación seria de lo que el extractivismo minero ha generado en los territorios, en la cultura, en nuestras formas de vida, y luego nos demos permiso para aprender de todo el daño causado y avanzar en conjunto en la reparación, en la búsqueda de otras formas de desarrollo.

¿Le parece oportuno que una entidad como Alianza Valor Minero, que se define como público-privado, busque viabilizar los proyectos y agilizar sus procesos de tramitación?

Me parece oportuno que el Estado vele por salvaguardar el patrimonio común de las actuales y las futuras generaciones, cuestión que se supone constituye su mandato básico, y que los privados se dediquen a sus asuntos. Cuando el interés privado determina una alianza público privada, estamos ante la cara más patética de la subsidiaridad, supone que el Estado internaliza un objetivo particular en el diseño de sus políticas, y eso es perverso para lo que hasta ahora se ha entendido como democracia.