Revista Nueva Minería

(Foto: Transpower)

Un revolucionario cambio en el mercado de la distribución eléctrica está preparando el Ministerio de Energía, a través de la CNE. ¿La idea? Modificar el actual sistema de tarificación para las empresas, generar mayor competencia en el sector, potenciar el desarrollo de redes y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías. La discusión recién se está abriendo y podría mantenerse durante todo 2017.

Daniela Tapia
Revista Nueva Minería y Energía
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Los distintos cambios legales y nuevos marcos regulatorios que se han implementado en el sector energético en el último tiempo no habían abordado de manera directa el área de la distribución. Al menos, hasta ahora.

Pero las cosas podrían cambiar pronto para este segmento, integrado por las empresas que se dedican a recoger energía desde las subestaciones para ser distribuida a sus clientes, ya sean estos grandes clientes o usuarios de escala pequeña.

Los recientes cambios legales que se han realizado en el sector energético como la Ley de Equidad Tarifaria, la Ley de Transmisión y las mejoras al Sistema de Licitaciones de Suministro Eléctrico han allanado el camino para un mayor impulso al segmento de la generación y transmisión eléctrica, dejando a la distribución como el próximo objetivo de las reformas que se están analizando para perfeccionar el sistema energético nacional.

Sin embargo, este objetivo de abordar el tema de la distribución ya tuvo un primer paso en septiembre pasado, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) inició un proceso de conversación con la industria y, posteriormente, con otros actores para consensuar un diagnóstico sobre los problemas que existen en torno a la distribución eléctrica.

De esta manera, se han constituido cuatro grupos de trabajo -con el apoyo de la Universidad Católica- que se han estado reuniendo desde noviembre y que finalizaron sus discusiones el pasado 25 de enero.

¿La idea? Establecer un marco compartido sobre la nueva regulación que debe tener la distribución eléctrica. Un segmento que prácticamente no ha tenido modificaciones desde los años ’80 y que debe adecuarse a los avances tecnológicos que ya se están manifestando de manera más acelerada en el mundo.

Ponerse al día

Para el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, esta nueva regulación será fundamental, ya que la actual normativa que rige a la distribución debe ponerse al día.

“Está el tema de los avances tecnológicos, punto al cual podemos sumar el desafío que nos presenta pasar a una medición inteligente de la red. A su vez, hay aspectos vinculados a la integración de la red de distribución eléctrica con el desarrollo de otras redes de servicios básicos”, dice la autoridad.

Y es que el diseño del marco normativo actualmente vigente para la distribución obedeció a los desafíos de política pública enfocados en alcanzar mayores niveles de energización a un precio económicamente eficiente, cuyo desarrollo de redes estaba pensado en un flujo de potencia unidireccional, es decir, desde las grandes centrales de generación hasta los consumidores finales.

Sin embargo, a juicio de Rosa Serrano, directora de Estudios de la Asociación de Empresas Eléctricas, el escenario actual que enfrenta el sector de la distribución es completamente diferente.

“Los retos en materia energética van de la mano con resolver elementos tales como entender y satisfacer las nuevas necesidades y exigencias de nuestros clientes, los que en muchos casos adquieren un doble rol de generador-consumidor, la cada vez mayor penetración de generación distribuida, así como también entregar incentivos y herramientas que permitan incrementar nuestros niveles de calidad de servicio a fin de alcanzar metas de continuidad de suministro de una hora al 2050, entre otros”, comenta la especialista.

La actual normativa que rige a la distribución eléctrica fue considerada como “pionera” en el pasado. Sin embargo, hoy debe ponerse al día. (Foto: Maplogs)

Otro factor que destaca el representante de la CNE apunta a definir hasta qué punto, en el nuevo escenario que se presenta, el negocio seguirá siendo monopólico y dónde se abrirá la competencia.

A grosso modo, lo que se pretende es llegar a la empresa mediana, aquella que está ubicada dentro de la zona de concesión de las empresas distribuidoras y que, por ende, han sido abastecidas por compañías como Chilectra (hoy Enel Distribución), Chilquinta, CGE Distribución o Saesa, entre otras.

“Nos gustaría que las distribuidoras pelearan por ese nuevo cliente, pero lo pelearan junto con otros generadores, de tal manera que, efectivamente, estas empresas medianas puedan acceder a precios mejores”, puntualiza Andrés Romero, de la CNE.

Panorama no menor, ya que hoy el mercado eléctrico está compuesto en un 52% por los clientes regulados, que son los hogares y las pymes; mientras que el 48% restante son los llamados clientes libres y que se caracterizan porque tienen plena libertad en la negociación de sus tarifas, las que acuerdan directamente con las empresas generadoras.

Miradas bajo la lupa

Un punto crítico que está en la discusión de los especialistas es que el esquema actual provee un desincentivo a las distribuidoras de energía para promover tecnologías eficientes, debido a que ven perjudicadas sus ventas.

“La experiencia internacional muestra que el desacoplamiento entre ingresos y ventas es la fórmula más efectiva para remover este desincentivo. Sin embargo, esto no promueve la integración de eficiencia energética per se, por lo que se requieren además programas específicos para incentivar tecnologías eficientes, donde también puedan participar las distribuidoras”, señala Carlos Silva, director de la carrera de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Otro aspecto relevante que podría considerarse en una futura normativa se refiere al “cambio de una red radial a una red enmallada, donde los generadores se conviertan en productores y consumidores”, según plantea el director de Systep, Hugh Rudnick, quien ha participado como coordinador de las mesas de trabajo realizadas por la CNE.

Para Rudnick, estos cambios podrían favorecer la aparición de recursos energéticos distribuidos con tecnologías de información, que manejan una red inteligente en que interactúan diversos actores.

“En este sentido, aparece el gran desafío de definir una transición de esta empresa que genera, transmite y distribuye hacia abajo a una empresa que ahora vería distribución, flujos de energía en ambos sentidos en una red mucho más complicada de manejar y de controlar. La industria se va a resistir a esta modificación, por lo que evidentemente hay que ver los adecuados incentivos e innovar regulativamente ante cambios de esta naturaleza”, advirtió el especialista en un encuentro organizado por la Universidad Católica.

De ahí que el punto más sensible de esta nueva regulación radique en la urgente necesidad de revisar cómo se determina el VAD (Valor Agregado de Distribución), pues hay cuestionamientos transversales al sistema que se utiliza para tarificar.

A juicio de Carlos Silva, de la Universidad Adolfo Ibáñez, existe un cierto consenso de que el promedio ponderado entre los resultados de los estudios de la Comisión Nacional de Energía y de las empresas de distribución ha llevado a dichos estudios a divergir ostensiblemente, por lo que es más razonable tener un estudio, cuyas discrepancias pasen a una instancia superior, como el Panel de Expertos.

Una visión con la que concuerda Rosa Serrano, de la Asociación de Empresas Eléctricas, para quien este esquema fue una solución creativa y razonable en su momento para tarificar a las empresas. ¿La razón? Era una época en que existía una fuerte asimetría de información y pocos recursos computacionales.

“Sin embargo, los avances tecnológicos existentes hoy en día, los nuevos desafíos en materia energética y la necesidad de introducir mayor transparencia en el proceso establecen la necesidad de avanzar hacia una tarificación empresa por empresa”, dice Rosa Serrano.

A esto se suma la crítica de María Isabel González, gerente general de Energética Consultores, para quien resulta necesaria la modificación de la tasa de descuento de la industria, ya que el 10%, a su juicio, “es una tasa altísima para las condiciones actuales de mercado”. “Debiera ser, como en otras industrias reguladas, una tasa variable que se determina periódicamente”, afirma.

Desacuerdos y tendencias

Pero no todos los expertos están de acuerdo con las modificaciones que podría alcanzar la nueva regulación que se está estudiando en materia de distribución. Así lo explica Sebastián Bernstein, director de Synex Consultores, para quien el único verdadero cambio de rol de la distribución que pudiera concebirse a mediano o largo plazo es aquel consistente en transformar a las distribuidoras en meras redes de transporte. El objetivo es que terceros (generadores y comercializadores) abastezcan la demanda de todos los consumidores conectados a la red.

Actualmente, ello solo ocurre en Chile para los clientes libres y es lo que en otras partes del mundo se ha denominado “Retail Supply”, implementándose en varios países, principalmente en Europa.

En este nuevo rol -detalla Sebastián Bernstein- el distribuidor deja de vender energía a sus clientes y solo transporta la energía para terceros, cobrando un peaje.

“Teóricamente sus ingresos no variarían respecto de los actuales, pues siempre sus ingresos corresponderían al VAD regulado”, agrega el experto.

Por esta razón, este cambio no resulta factible en Chile a mediano plazo, según dice el director de Synex, pues las distribuidoras han firmado contratos de largo plazo con generadoras para el suministro a los clientes regulados, y por lo tanto, son ellas las únicas suministradoras de energía para estos clientes.

El esquema actual provee un desincentivo a las distribuidoras de energía para promover tecnologías eficientes. (Foto: Enel Distribución)

“Un cambio de rol de la distribución eléctrica, pero sólo de menor alcance, y que ya está ocurriendo pero a pequeña escala, es el transporte de energía de pequeños generadores conectados a su red. Pero en mi opinión esto no es verdaderamente un cambio de rol significativo”, asevera Sebastián Bernstein.

Una opinión complementaria tiene al respecto Francisco Aguirre Leo, director ejecutivo de Electroconsultores y académico de Economía Energética en la Universidad de Chile y en la Universidad Santa María, quien señala que actualmente existe una inédita condición de mercado, lo que está provocando una fuerte emigración de los clientes regulados hacia el mercado libre, pagando sólo peajes de distribución a las distribuidoras y obteniendo fuertes ahorros en el mercado libre de la generación actual.

¿Qué temas entonces serán claves en la modernización del segmento de la distribución? Uno de éstos es el almacenamiento energético domiciliario, el desarrollo de redes inteligentes (Smart grid) y la generación distribuida, donde la idea es que los clientes regulados pueden generar su propia energía para el autoconsumo e inyectar los excedentes en las redes eléctricas. Una tecnología emergente que tendrá un rol relevante en las redes del futuro.

No obstante, argumenta Carlos Silva, de la Universidad Adolfo Ibáñez, los precios de la tecnología de almacenamiento son aún privativos para su aplicación en masa.

Otro cambio que se pretende concretar es la mayor demanda de electromovilidad. A juicio de Hugh Rudnick, de la Universidad Católica, “vamos a tener una gran flota de vehículos eléctricos que serán almacenadores, generadores y consumidores de energía”.

Una idea posible, en palabras de Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE, ya que en el futuro, los consumidores podrán utilizar sus vehículos eléctricos para almacenar energía. “Todas estas innovaciones deben ser recogidas por la nueva regulación que se está estudiando, con el fin de hacerlas posibles. Ese es el desafío que tenemos por delante”, afirma la autoridad.

¿Cuáles son los próximos pasos en el trabajo pre-legislativo que está liderando la CNE para reformar la distribución? Una vez terminada la discusión de las propuestas, se redactará un anteproyecto de ley que se dejará afinado para que el próximo gobierno lo asuma como una política de Estado. “La responsabilidad de tramitar ese proyecto e implementarlo será de la próxima administración”, confirma Andrés Romero.