Tras críticas por corte de suministro eléctricas se abren a financiar parte del costo para soterrar redes
Gobierno analiza implementar modelo de concesiones para buscar una salida a 170 mil kilómetros de tendido eléctrico.
El corte de suministro eléctrico a más de 390 mil clientes a partir del sábado en la noche, en la Región Metropolitana y Rancagua, no sólo desató la ira de los clientes que en algunos casos debieron enfrentar hasta 50 horas de interrupción, sino que también la discusión sobre el estándar de calidad en el suministro que requiere el país.
A dos días del evento climático, en Santiago aún quedaban 7.500 clientes sin suministros eléctrico de los cuales unos 4.000 pertenecían a Enel Distribución y unas 3.500 a CGE.
“El impacto del evento climático fue más allá de lo que probablemente muchos planificaron, pero se puede hacer más hay que redoblar los esfuerzos para acortar los tiempos de falta de suministro”, dijo ayer el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, quien criticó a las empresas por su lenta respuesta ante los inconvenientes.
En tanto, el Superintendente de Electricidad y Combustible (SEC), Luis Ávila, fue enfático en que se iniciaron los sumarios de investigación para establecer las causas de los cortes y las respectivas responsabilidades.
Y es que los argumentos esbozados por las compañías, esto fue producto del efecto que tuvo la nevazón en la caída de los árboles sobre el tendido eléctrico. Esto abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de soterrar los tendidos otorgando una mayor seguridad y estabilidad al sistema.
En Chile existen más de 2,5 millones de postes para instalaciones de distribución eléctrica y casi 170 mil kilómetros de red. Del total, alrededor de un 2% está instalado bajo tierra.
Inversiones 10 a 1
Una de las grandes vallas que presenta este modalidad es quién financia las inversiones. Según la ley eléctrica, son los clientes quienes, vía tarifa, financian las obras que llevan a cabo las empresas. Según el ministro Rebolledo esta situación hace inviable pensar en esta modalidad. Por ello dijo que urge analizar otras alternativas de financiamiento en el marco de cambios a la ley que regula a este sector que data de la década de los ‘80.
“Hay que evitar que esto se refleje en un alza de las tarifas. No obstante tenemos disposición para buscar modelos donde no sean solo las empresas, sino también los centros habitacionales o los municipios, quienes colaboren eventualmente en el”, dijo Rebolledo.
El nivel de inversión no es menor. Esto porque la diferencia entre optar por instalar redes en postes por vía aérea o bajo tierra es equivalente a la diferencia entre 1 y 10.
El gerente general de Enel Distribución, Andreas Gebhardt, se mostró dispuesto no sólo de introducir cambios a la ley, sino que buscar un modelo donde varios actores puedan aportar con el financiamiento.
“Es parte de lo que hay que discutir. El negocio de distribución no es más allá del 20% del total de precio que uno paga, por lo tanto hay que definir cuál es el estándar de la calidad y la continuidad del suministro que tenemos que entregar y que cumpla con las expectativas de los clientes, después se ven las inversiones. Nosotros como compañía, no tenemos ningún problema en concurrir con las inversiones y tenemos que ver cómo se financia”, dijo.
Para Eduardo Apablaza, gerente general de grupo CGE, esto es algo que han venido estudiando. “El año pasado contratamos una consultora y las alternativas acá son tener redundancia de instalaciones, soterrar y tener conductor protegido y automatismo. Ya tenemos un 30% de la red soterrado y un 70% de redundancia, por eso que frente a estos eventos extremos nosotros en las primeras horas recuperamos prácticamente el 80% del suministro porque ya tenemos esa capacidad de levantar la red”, aclaró.
En tanto, el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, está evaluando la conveniencia de utilizar el sistema de concesiones en un posible plan de soterramiento masivo de redes.
Se estima que la explotación de poliductos podría ser un negocio tan lucrativo como las concesiones de carreteras, sin un incremento en las tarifas a público ni millonarias inversiones por parte de los municipios.
No obstante, esto podría demorar al menos dos años más, por lo que sería tarea del próximo gobierno: Lo que se ha realizado son análisis sobre si es viable el sistema de concesiones para el soterramiento de redes.
Fuente: Diario Financiero
