Tenso encuentro entre ministros de Energía y Medio Ambiente marcó la aprobación de Los Rulos
En la imagen, una proyección digital de lo que sería la termoeléctrica Los Rulos
Documento da cuenta de un tenso intercambio de opiniones entre los titulares de Energía y Medio Ambiente y las medidas que permitirían el avance del proyecto.
Una controvertida última sesión del Comité de Ministros del actual gobierno se concretó el pasado 23 de febrero. No solo por el conflicto que se había generado en la antesala con las iniciativas que se revisarían en la instancia, sino también por el cara a cara entre los ministros de Energía y Medio Ambiente en torno a la polémica central Los Rulos de 540 MW de capacidad e inversiones por un total de US$ 594 millones, la que de todas formas logró luz verde aunque con condiciones.
Y aunque trascendieron las ideas generales de la sesión, el acta de la cita revela lo que realmente se discutió. De acuerdo al texto, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, opinó que el proyecto es muy importante para el sector energético, considerando que el sistema eléctrico está muy exigido por la extensa sequía. En ese sentido, la autoridad aseguró que se requería de muy buenos argumentos técnicos para revertir la decisión y que no existen razones para cambiar la calificación favorable.
Mientras, su par de Medio Ambiente, Javier Naranjo, apuntó -entre otros argumentos- a que este proyecto iría en contra de los acuerdos adquiridos por el Estado chileno. Además, la composición del gas natural contiene compuestos orgánicos volátiles, que al combustionarse generan impactos negativos sobre la salud. Y agregó que el Comité de Ministros cuenta con las facultades de modificar la calificación favorable de los proyectos cuando existen argumentos técnicos e incluso más amplios, derivados del rol de tutela que este Comité ejerce sobre la Comisión de Evaluación.
Dimes y diretes
Jobet respondió que el metano es nocivo porque genera efecto invernadero, pero esas emisiones se generan cuando no se combustiona, lo que en este caso no ocurriría y, por ende, el alegato de Naranjo no tendría sustento técnico. Terminó señalando que el Comité de Ministros tiene facultades para revertir calificaciones de los proyectos, pero para ello deben existir argumentos de peso.
Naranjo replicó que el acuerdo firmado por Chile de reducción de metano en la COP26 no hace referencia a una discusión relativa a los efectos del carbón versus el metano, sino solo de la necesidad de reducción del metano y, además, que en la zona no existen centrales termoeléctricas a carbón, por lo que el efecto sinérgico se genera por las centrales a gas natural en el área del proyecto.
Las condiciones con las cuales se dio luz verde al proyecto se desconocían. Tras dar cuenta de las reclamaciones, los miembros del Comité acordaron -con el voto en contra de Medio Ambiente- acoger parcialmente los recursos presentados por observantes del proceso de participación ciudadana en el sentido de modificar la RCA incorporando un plan de seguimiento y plan de operación sobre el recurso hídrico, conforme a lo planteado por la Dirección General de Aguas en fase recursiva; e incorporando la exigencia de monitoreo arqueológico permanente.
Además, se acogió parcialmente un recurso de reclamación en cuanto a modificar la condición respecto de restricción de la operación a ciclo cerrado, indicando que la central operará a ciclo abierto para operar finalmente como ciclo combinando y en todas las situaciones o condiciones técnicas que exijan operar en dicho escenario, además de aquellas situaciones en que el Coordinador Eléctrico le solicite despachar energía eléctrica que ameriten la operación en ciclo abiertos.
Otras medidas, por ejemplo, apuntan a que el monto de emisiones a compensar será el establecido en el Informe Consolidado de Evaluación; modificar la oportunidad de presentación del Plan de Compensación de Emisiones (PCE) el cual deberá plantearse con al menos seis meses de antelación al inicio de la fase de construcción para su aprobación; y se eliminará la estación adicional en el sector de Limache y Los Laureles, manteniendo la obligación de instalar una nueva estación monitora en Quilpué.
Fuente: Diario Financiero
