Suprema acusa de “intromisión indebida” al gobierno y La Moneda busca cerrar conflicto
12-09-2012 Pulso – Noticias
La autoridad argumentó que María Ignacia Benítez habló en “calidad técnica”. Ayer hubo contactos al más alto nivel para bajar la tensión
Ayer, minutos antes que la Corte Suprema saliera a emitir uno de sus más duros pronunciamientos de los últimos años hacia un gobierno, en La Moneda insistían en que la crítica al fallo que rechazó el proyecto energético Castilla, formulada por la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, no constituía una intromisión. La secretaria de Estado había manifestado el lunes que el razonamiento del dictamen incurría en “errores”.
Sin embargo, pasado el mediodía, el poder judicial a través de su vocero Hugo Dolmetsch acusó de una “intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la constitución política entrega a los tribunales de justicia”, haciendo escalar aún más la polémica.
Junto con ello, a través del comunicado el máximo tribunal expresó “su total y absoluto rechazo alas declaraciones de la señora ministra de Medioambiente que han sobrepasado la sola crítica y constituyen la afectación de la independencia y la autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones”.
El pleno de la Suprema se había reunido a primera hora para analizar las declaraciones de la secretaria de Estado, sin la presencia de los cinco ministros que rechazaron el proyecto Castilla: Sergio Muñoz, Rosa Egnem, Juan Escobar, Carlos Künsemüller y Guillermo Silva, quienes se inhabilitaron de participar en la sesión.
La respuesta del gobierno llegó recién a las 17:30 horas por parte del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien en los patios de La Moneda leyó una declaración pública tras reunirse con el vocero de palacio, Andrés Chadwick.
Las opiniones de la ministra “han sido expresadas en su calidad técnica con total respeto hacia la Corte Suprema y no han tenido ninguna intención de afectar la independencia del poder judicial”, afirmó Ribera, y remarcó la convicción del ejecutivo de que “todo ciudadano o autoridad pública tiene el legítimo derecho de emitir su opinión con respeto a las actuaciones de cualquier poder del Estado”, ello “siempre y cuando lo haga con el debido respeto y sin afectar sus atribuciones o competencias constitucionales”.
Esta idease convirtió en la tesis de La Moneda, dicen fuentes de gobierno, para formular la respuesta a la Suprema. En algunos sectores del gobierno había causado sorpresa la arremetida del máximo tribunal, incluso fue calificada como un pronunciamiento “duro”. Pero con la declaración de Ribera se buscó poner paños fríos al episodio yno escalar en un conflicto con el poder judicial. El análisis en el ejecutivo pasaba por expresar una opinión sin traspasar límites. Por ello, argumentan que haber cuestionado el fallo una vez que ya estaba ejecutoriado no constituía una falta.
Con todo, según fuentes de gobierno ayer el propio Ribera había transmitido mensajes a la Suprema para bajar la tensión. Algunas versiones sostienen que el lunes el titular de Justicia le habría escrito al presidente Sebastián Piñera algunas opiniones sobre el tema.
En paralelo, la ministra Benítez llegó ayer hasta el Congreso para asistir a un almuerzo con la bancada de diputados UDI, quienes le entregaron su respaldo político. La titular de Medioambiente también recibió el apoyo de la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, quien defendió la libertad de expresión, y desde Australia antes de regresar a Santiago, el presidente Piñera sostuvo que “el gobierno, junto con respetar los fallos de la justicia, tiene también la obligación de seguir haciendo todo lo que sea necesario para que la falta de energía no se transforme en un freno para la economía chilena”.
