Revista Nueva Minería

10-09-2012 La Tercera – Noticias
Ejecutivos de la brasileña MPX y la alemana E.On se reunieron con el ministro de Energía y ahora lo harán con el director del Servicio de Evaluación Ambiental. Tras el fallo de la Suprema, todavía evalúan si siguen invirtiendo en el país

A 12 días de que la Tercera Sala de la Corte Suprema, encabezada por el ministro Sergio Muñoz, rechazara la construcción del puerto y las centrales del proyecto termoeléctrico Castilla, la empresa ya ha comenzado a explorar caminos alternativos.

La firma -controlada en un 75% por MPX, del empresario brasileño Eike Batista, y en 25% por la alemana E.On- se encuentra en proceso de reevaluación de su estrategia de inversiones en Chile, para lo cual ha sostenido reuniones de alto nivel con autoridades en los últimos días. Una de las más importantes ocurrió a comienzos de esta pasada semana.

Según fuentes de gobierno, los ejecutivos Pedro Litsek -ex gerente general de MPX en Chile y actual director de desenvolvimiento de proyectos térmicos de la matriz brasileña-, María Paz Cerda, ex fiscal y nuevo gerente general de la eléctrica, y Lennart Fagerberg, managing director Brasil de E.On -la mayor compañía eléctrica de Europa-, fueron recibidos en su despacho por el ministro de Energía Jorge Bunster la tarde del martes 4 de septiembre.

Los ejecutivos habrían solicitado la reunión para tratar con la principal autoridad energética el escenario futuro del proyecto -luego del rechazo de la Suprema-, que contemplaba inversiones por US$ 5.000 millones y la instalación de cinco unidades a carbón, con una potencia de 2.100 megawatts. El proyecto había presentado a las comunidades compensaciones adicionales por US$ 17 millones, que se sumaban a US$ 558 millones en mitigaciones ambientales.

Altas fuentes del Ministerio de Energía confirmaron la cita, señalando que los representantes de Castilla hicieron ver a la autoridad su desazón por el fallo de la Suprema, y la importancia que revestía para la compañía el fallido proyecto. Asimismo, indicaron que el ministro Bunster se limitó a escuchar, sin manifestar posibles vías de solución para el tema.

“El ministro sólo escuchó dichos planteamientos, ya que, como política del ministerio, se recibe a todos los actores del sector”, señaló el ministerio en una declaración.

Asimismo, y dadas las consideraciones contenidas en el fallo -que señaló inconsistencias y vacíos en la presentación de los estudios ambientales para el puerto y las centrales- MPX también tendría interés en sondear la opinión del organismo técnico encargado de las evaluaciones ambientales, para lo cual solicitó una reunión con el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro.

La cita, ya agendada, se realizaría los primeros días de esta semana, y a ella acudiría, en primera instancia, María Paz Cerda. La abogada lleva cuatro años en la firma, y se hizo cargo de la gerencia general de Castilla a fines de junio. Anteriormente, trabajó en el estudio Carey & Cía.

Aunque la reunión tiene considerada “agenda abierta”, es probable que las consultas vayan en orden a subsanar posibles errores en la evaluación ambiental de los proyectos, que comenzaron su tramitación ambiental en diciembre de 2008 y recibieron su aprobación en febrero de 2011.

La situación para MPX no es fácil. Tras el dictamen de la Suprema, sus opciones no son muchas. Una es abandonar el país y desechar sus proyectos. La otra es perseverar, ya sea con la misma iniciativa o con un proyecto reformulado. Profesionales ligados a la empresa indican que MPX y E.On no han tomado aún ninguna decisión y sugieren que los inversionistas deben analizar muy bien cada paso futuro.

“Están tratando de entender cómo pueden articular un proyecto y si Castilla aún tiene viabilidad”, dice un experto.

Insistir en el mismo proyecto parece imposible, dado el dictamen de la Suprema. Para ello, deberían, como sugirió la Suprema, volver a presentar en conjunto las centrales y el puerto. El plazo de tramitación podría no ser tan largo como los dos años que tardó Castilla en conseguir la Resolución de Calificación Ambiental, a los que se agregaron 18 meses de incertidumbres judiciales. Ello, porque la firma ya tiene terreno avanzado en la tramitación judicial. A su rápida tramitación podría ayudar la estrecha situación energética del país, que exige el pronto desarrollo de nuevas centrales de generación. El problema para ello, pero también para cualquier otra vía alternativa, será la incertidumbre. ¿Y qué pasa -pregunta un abogado- si aprueban ambientalmente este u otro proyecto y la justicia vuelve a rechazarlo?

La otra opción será presentar un nuevo proyecto, con otras dimensiones, en los mismos terrenos de Castilla, en la III Región, o en otro lugar. Expertos piensan en una iniciativa más pequeña, que se pueda desarrollar en menor tiempo, por etapas. Y quizás con otro combustible: gas natural licuado en lugar de carbón, lo que podría viabilizar su aprobación ambiental. Como sea, los socios de Castilla se tomarán su tiempo para decidir. Con cautela y, ojalá, con todas las cartas sobre la mesa. Después de haber hablado con todos los involucrados.