Revista Nueva Minería

La iniciativa que busca establecer en favor del Estado una compensación por la explotación de la minería del cobre y del litio genera discrepancias tanto al interior del Congreso, el gobierno como la propia industria. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de aplicar un royalty minero? Expertos y representantes del sector dan a conocer su opinión.

Por Camila Morales
Revista NME
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Es el tema del momento para la industria minera en Chile. El avance del proyecto de ley que busca establecer en favor del Estado una compensación por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos, genera un intenso debate a nivel político y económico.

Porque contra todo pronóstico, el proyecto de royalty minero tuvo un despacho relativamente expedito en su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y el pasado 6 de mayo el proyecto avanzó al Senado, por lo que la iniciativa legislativa poco a poco se acerca a transformarse en ley, pese a que el gobierno advierte que es inconstitucional.

En medio de este escenario, diversos actores se han manifestado respecto a este proyecto que podría cambiar en gran medida las reglas del juego de la industria. Para comprender de mejor manera la discusión, es importante indicar que el royalty debe considerarse como una regalía, es decir, el derecho del Estado a percibir una renta por la explotación de minerales escasos y no renovables, de su propiedad, como es el caso del cobre y el litio.

Actualmente existe un esquema de tributación específica en la minería del cobre, el cual grava la renta imponible operacional con un impuesto que nominalmente va desde un 0,5% hasta un 14%. El punto en discusión respecto a este impuesto es su efectividad si se consideran las cifras netas de recaudación, y este fue uno de los argumentos para llevar al Congreso un proyecto, un real royalty minero.

Voces discrepantes

Una entidad que ha estado participando de manera activa en la discusión es la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Su presidente, Diego Hernández, asegura que en la presentación que tuvieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, plantearon “la inconveniencia de aumentar la carga tributaria de la minería nacional considerando sus efectos en la competitividad”.

¿La razón? A juicio del representante de la entidad gremial, “en la práctica eleva la carga impositiva, que ya es una de las más altas de los países mineros, y al ser ad valorem equivale a subir la ley de corte (contenido de cobre en el mineral extraído). Esto es grave pues dejan de ser rentables los yacimientos de leyes más bajas”.

Una visión diferente es la que tiene Ramón López, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Instituto de Economía, Política y Social (IEPS). El académico sostiene que el proyecto de ley “es un paso en la dirección adecuada, con el precio actual del cobre de US$ 4, equivale a un royalty de 20% sobre el valor de las exportaciones, permitiendo recaudar US$7.000 millones anuales, lo que es satisfactorio”.

En la misma dirección va la opinión del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Patricio Elgueta, quien indica que “es una iniciativa positiva, en el sentido que rescata la opinión mayoritaria de nuestro país, que es que las grandes compañías mineras paguen lo que corresponde a estos recursos que son patrimonio de todos los chilenos y chilenas”.

Sin embargo, asegura, “es una medida que no logra captar para el Estado de Chile las enormes rentas económicas generadas por las mineras, exclusivamente por el precio internacional y no necesariamente por la gestión de las mismas. Durante el anterior ciclo del súper precio del cobre, las mineras privadas se llevaron por concepto de renta económica (renta regalada) la suma de US$ 114 mil millones”.

Para Alicia Domínguez, socia de Consultoría Tributaria de EY, se trata de un “pésimo” proyecto de reforma tributaria. “Desde todo punto de vista es nocivo, no sólo porque no respeta la institucionalidad -al tratarse de un proyecto evidentemente inconstitucional-, sino porque además ofrece nuevas recaudaciones sin sustento ni análisis alguno”.

La experta agrega que “pareciera que algunos diputados legislan con rabia, con agendas cortas y con una imperdonable falta de responsabilidad social. Esta no es la forma de iniciar una discusión constructiva (…). El propósito no debe ser aniquilar la minería, suprimiendo cualquier intención de venir o seguir invirtiendo en Chile. El propósito debe ser estimular una minería sustentable y sostenible, que nos permita crecer como país y seguir desarrollándonos”.

El actual impuesto específico

El Impuesto Específico a la Minería (IEM), originalmente establecido por la Ley 20.026 del año 2005, “establece un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera obtenida por un explotador minero”. En la práctica, instaura una escala de tasas, que implica un pago efectivo de cierto porcentaje sobre la Renta Imponible Operacional Minera (base imponible), cuando las ventas anuales del contribuyente excedan del valor equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre fino.

Para Diego Hernández, el IEM es eficiente “porque a medida que aumentan los ingresos por efecto precio, se elevan los márgenes, las utilidades y también la tasa impositiva, de modo tal que el efecto recaudatorio es creciente. Este mecanismo es reconocido en el mundo minero, en efecto, otros distritos mineros han adoptado esta modalidad para aplicar tributos al sector y no desincentivar la inversión”.

Al respecto, Alicia Domínguez agrega que “tiene la virtud de recaudar más si los precios de los productos mineros mejoran, es decir, a mayor margen operacional, más alta será la tasa del impuesto; esta última sube automáticamente por el sólo ministerio de la ley. Si el actual IEIM es o no suficiente para capturar una justa tributación, especialmente, en períodos de bonanza, junto con los demás impuestos que pagan las empresas mineras, es lo que debe ser materia de estudio responsable”, recalca.

Esta visión discrepa con la de Ramón López, quien señala que el Impuesto Específico a la Minería es “absolutamente insuficiente, ya que incluso a este precio no supera un 5% sobre las ganancias reportadas por las empresas, que sabemos son fraudulentas por muchas razones”, asegura. “Con este impuesto específico las empresas deben estar teniendo tasas de ganancia sobre el capital de más de 80% anual, lo cual es escandaloso”.

¿Se desacelera la inversión?

Uno de los argumentos recurrentes respecto al proyecto de royalty minero, es que si la iniciativa se transforma en ley se vería afectada la inversión en el sector, lo que repercutiría en la economía del país, tomando en cuenta que la minería es uno de los pilares más importantes para las arcas fiscales.

En la opinión del representante de la FTC, “ese es el argumento que usa el empresariado y las autoridades que defienden sus intereses”. Además, adelanta que como federación están “trabajando en un tributo efectivo a la renta económica que deja intacta la rentabilidad del negocio, en tanto se espera un retorno razonable sobre la inversión”.

Patricio Elgueta comenta que la renta económica es debido al precio y con ello, asegura, las mineras lograron rentabilidades cercanas al 100% de su patrimonio. “Escondida en el año 2010 tuvo una ganancia libre de impuestos de US$ 4.338 millones, con un patrimonio inicial declarado de US$ 5.450 millones. Como este, hay varios ejemplos más”, precisa.

Desde la otra vereda, el presidente de la Sonami afirma que el proyecto puede ser un desincentivo a la inversión, pues al ser mayor la carga tributaria, explica, disminuyen los márgenes, la rentabilidad y competitividad de las operaciones mineras. “Por otra parte, esta iniciativa desconoce la realidad de nuestro ordenamiento jurídico y no cumpliría el objetivo de allegar más recursos al Estado, pues, en el corto plazo, tendría nulo efecto recaudatorio debido a los contratos de invariabilidad tributaria vigentes, los que vencen a partir del año 2023”, agrega.

Esta visión es compartida por la socia de Consultoría Tributaria de EY, quien es categórica en señalar que “un royalty mal legislado, como el actual en discusión, sería nefasto para Chile, no sólo para la minería. Sería un ejemplo de libros de lo que jamás debe hacer un país y menos Chile. Sería una verdadera traición a nuestra tradición como país”.

Para Ramón López, la promulgación de un royalty minero no necesariamente desincentivaría la inversión. El académico explica que la gran ventaja de la iniciativa son los recursos adicionales que se recaudarían equivalentes a 2,5% del PIB. “Efectos sobre la inversión son cero porque el impuesto royalty se aplica sobre las rentas económicas, permitiendo a las empresas mantener una tasa de ganancia sobre el capital de por lo menos 15%”.

El académico explica que “los inversionistas buscan retornos por sus inversiones y una tasa de retorno de 15-20% sobre su capital (después de impuestos y royalty) en un país serio como Chile, es absolutamente suficiente para mantener su interés en invertir en el país”.

Tal como lo reflejan las fuentes publicadas en este reportaje, el proyecto genera controversia y a medida que la iniciativa avanza en el Congreso aquellas posiciones están lejos de encontrar puntos de acuerdo. ¿La minería tendrá un royalty por ley? Solo queda esperar para saber qué pasará a nivel legislativo, y si el gobierno opta por recurrir al Tribunal Constitucional. La respuesta aún es inconclusa.