Renovables alertan que proyecto que estabiliza las cuentas de la luz es inviable
La directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, apunta al Gobierno y dice que la iniciativa afectará a la transición energética del país.
Hoy en la comisión de Energía del Senado se analizarán las últimas indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto que busca estabilizar las cuentas de la luz, ante las alzas previstas para este semestre.
La propuesta no ha estado exenta de polémicas y desde Acera —gremio que reúne a las empresas de generación renovable—, adelantan que se opondrán y que presentarán una alternativa en el Senado. “Esto lo estamos haciendo tanto con los miembros del consejo como con empresas socias, lo que es importante, porque está la visión de Enel, AES, Colbún, Acciona, Sonnedix, Atlas, un conjunto de empresas muy diverso, y todas coinciden en que la ley es inviable, tiene una serie de condiciones de diseño que le da un golpe que puede ser muy dañino para pequeñas y medianas empresas renovables y para todo el proceso de transición energética”, sostiene la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas.
Detalla que el alza del dólar y de los combustibles llevó a que el tope del PEC1 — mecanismo creado tras el estallido social para congelar las tarifas— se completó 16 meses antes del plazo previsto en la ley (junio 2023), y no podrá ser pagado entre 2025-2027 con un cargo a los clientes finales.
Es por esto que la creación de un segundo mecanismo traslada para el período 2028-2032 cerca de US$ 1.100 millones de la deuda acumulada en el PEC1 (total de US$ 1.350 millones), a través de la emisión de nueva deuda (PEC2), la que debe ser absorbida por el 40% de los generadores que ha soportado el mecanismo PEC1.
Según Acera, esto implica que unas pocas empresas, en su gran mayoría pequeñas y medianas renovables, a partir
del año 2026 en vez de recibir el precio de su contrato, obtendrán “cupones de pago” por energía propia y por la
que terceros vendieron a los clientes regulados entre 2019 y 2022.
“En otras palabras, el proyecto de ley junto con vulnerar el derecho de recibir el precio pactado por la empresa para proveer energía eléctrica a clientes regulados (resultado de procesos de licitación internacionales y competitivos), grava adicionalmente a un número reducido de empresas, por deuda generada por energía de terceros producto del PEC1”, asegura Rojas Con todo, y reconociendo que se necesita tomar medidas para proteger de las alzas a los usuarios más vulnerables, desde Acera presentarán en el Senado una propuesta que consiste en hacer la misma focalización del subsidio de agua potable, con un mecanismo espejo del beneficio que reciben 800 mil familias, y que según el gremio, tendría un costo de US$ 110 millones.
“El Gobierno por un lado se declara pro transición energética, pero termina subsidiando el Mepco, que son combustibles fósiles. Se subsidia a las bencinas, pero no está dispuesto a asumir los US$ 1.350 millones del PEC1. Hay una distorsión si pensamos que la transición energética, donde uno de sus pilares es la electrificación de los consumos, con qué señales estamos orientando los hábitos de consumo para que se electrifiquen más, si tenemos una tarifa cara y que además, no tiene el subsidio que debería tener del Estado, a propósito de reconocer las presiones inflacionarias externas por el dólar y el precio de los combustibles”, plantea.
En esa línea, agrega que la iniciativa de Acera considera la creación de un “Mepco eléctrico” para estabilizar las cuentas, financiado por el Estado contra un cargo a los clientes regulados, para que ahora paguen menos, y que posteriormente paguen un cargo cuando las tarifas disminuyan por contratos o indexaciones, mecanismo permanente que permitiría enfrentar coyunturas futuras, siendo de decisión política semestral el nivel de precios que el Estado esté disponible traspasar a los usuarios, al igual que en el caso de los combustibles.
Rojas asegura que la situación actual es muy diferente a la de 2019, cuando las generadoras concurrieron con US$ 1.350 millones para congelar las tarifas: “Había un estallido social, estaban las condiciones del país inestables y vulnerables, y hubo una voluntad de salir y aplacar los efectos del estallido con esta parte. Se entendía como industria que había que buscar solucionar un malestar social muchas veces asociado a los temas de tarifas de servicios básicos”.
