Reglamento y Ley de Presupuestos: Lo que falta para destinar los recursos del royalty minero
Si bien hay ciertas estimaciones sobre los montos que podrían recibir los municipios producto del impuesto a la gran minería, lo cierto es que no son las cifras finales.
El éxito legislativo que anotó el Gobierno con el Royalty Minero no está acabado al 100%, ya que faltan una serie de pasos para determinar exactamente cuánto dinero recibirán las regiones y las comunas a raíz de la nueva recaudación fiscal.
El impuesto a la gran minería que fue aprobado en la Cámara de Diputados y despachado a ley, después de más de cuatro años de tramitación, tiene por objetivo aumentar la partición del Estado en las rentas económicas y distribuir de forma más equitativa los recursos hacia las regiones. Se estima que dichas zonas recibirán un tercio (US$450 millones) de los US$1.350 millones que recaudará en régimen el proyecto.
Si bien hay una idea de los montos que podrían recibir los municipios producto del royalty, lo cierto es que no son las cifras finales, ya que durante los próximos meses se tendrá que crear el reglamento del Fondo Municipal, solicitar recursos a través de la Ley de presupuesto del sector Público y también se requiere del informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Instrumentos que serán esenciales para determinar el monto final que recibirían las comunas. La cifra resulta de su suma importancia ya que horas antes de que el proyecto se sometiera a votación en el hemiciclo de la Cámara Baja, aún existían ciertas dudas por parte de parlamentarios oficialistas – sobre todo representantes de las zonas mineras – respecto a los montos y la distribución de ellos. Finalmente, el Gobierno logró alinear a sus fuerza y el proyecto se aprobó con una amplia mayoría del parlamento.
Esta ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2024, pero antes, las herramientas ya mencionadas tienen que estar listas.
El aporte fiscal adicional que estipula en la normativa (US$200 millones aprox.) deberá ser consultado a través de la Ley de presupuestos del sector público al Congreso Nacional, que deberá ser despachado por el Poder Legislativo antes del 1 de diciembre del 2023.
El aporte es a favor de aquellas comunas pertenecientes a regiones mineras, específicamente donde se ubiquen actividades como refinerías, fundiciones, yacimientos y depósitos de relaves activos que puedan generar un impacto significativo sobre la salud de la población, según determine el reglamento del Fondo Común Municipal
Este reglamento – que aún no existe- entregará un coeficiente de distribución para la asignación equitativa de los recursos, asimismo regulará la metodología con que se determinarán las comunas que acceden a este aporte, previo informe de la Comisión Chilena del Cobre, así como la operatoria de este mecanismo de distribución y demás criterios necesarios para su aplicación, incluyendo sus indicadores y variables, y las fuentes o cifras de información oficiales que se aplicarán en cada caso.
Además, el Ministerio de Hacienda, previo informe de la Comisión Chilena del Cobre, publicará anualmente, a más tardar en el mes de noviembre, las comunas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de este aporte fiscal.
Fuente: Emol.com
