Pugna en Minería por botadero de Los Pelambres
En Cancillería siguen con preocupación la forma en que ha intervenido la cartera de Aurora Williams en este litigio, pues la posición oficial del gobierno es que se trata de un conflicto entre privados.
La disputa civil y penal que lleva adelante la minera suiza Glencore contra minera Los Pelambres -de cuya propiedad participa Antofagasta Minerals, de los Luksic- por un botadero de 50 millones de toneladas de rocas y material estéril ubicado en territorio argentino, sigue dando dolores de cabeza al interior del Ministerio de Minería.
El jueves 2, el asesor legal de Antofagasta Minerals, Patricio Inei, y el abogado de la firma, Andrés Jana, enviaron al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, una dura carta en la que le hacen presente una serie de hechos y declaraciones que el mismo personero había realizado con anterioridad y que, a juicio de Antofagasta Minerals, contradicen el oficio que Moreno elaboró a solicitud de la defensa de Glencore.
En ese documento, que fue incorporado al proceso judicial por la compañía suiza, Moreno desconoce la existencia del estudio sobre calidad de aguas realizado en enero pasado por la empresa SGS para Los Pelambres, aprovechando una visita realizada a la zona del botadero por funcionarios del Sernageomin y técnicos gubernamentales de Chile y Argentina, en el marco de la comisión binacional temporal que fue creada para ayudar a encontrar una solución a este problema.
Glencore solicitó este oficio a la Subsecretaría de Minería, luego de que en abril Los Pelambres obtuviera dos cartas firmadas por el jefe de gabinete de la ministra, Adolfo Galindo, avalando la buena fe en el accionar de la minera de los Luksic y los resultados del estudio de calidad de aguas de SBS, los que arrojaron que no había contaminación por aguas ácidas provenientes del botadero.A raíz de esas cartas se inició un sumario administrativo en Minería.
En Cancillería siguen con preocupación la forma en que ha intervenido Minería en este litigio, pues la posición oficial del gobierno es que se trata de un conflicto entre privados y no hay responsabilidad del Estado.
Fuente: La Tercera
