Proyecto Llurimagua: Justicia ecuatoriana revoca licencia ambiental a Codelco
La estatal lamentó la situación y acusó que la causa es tramitada ante un tribunal que tuvo un reciente cambio del juez titular, que en pocos días dictó un fallo de más de 50 páginas.
Un importante revés sufrió la minera estatal Codelco en sus aspiraciones para impulsar proyectos más allá de las fronteras, luego de que la justicia de Ecuador le cancelara las licencias para operar, impidiendo avances en el proyecto Llurimagua, donde la corporación había invertido importantes sumas de dinero, en una iniciativa que desarrolla conjuntamente con la empresa estatal de ese país, Enami.
Según detalló la agencia Bloomberg, el juzgado de Ibarra estuvo de acuerdo, revocando la licencia concedida por el Ministerio de Medio Ambiente en 2014 y ordenando a Enami que presente un nuevo estudio de impacto ambiental y un plan de gestión para la exploración avanzada como condición previa para reanudar las obras. Los demandantes del cercano valle de Intag, que se han opuesto al desarrollo minero desde la década de 1990 en defensa de especies animales como el oso de anteojos, habían presentado una medida cautelar, alegando una violación de su derecho a ser consultados.
La decisión anula un fallo de febrero de un tribunal inferior en Cotachi. No obstante, el tribunal no despojó de su título minero a los dueños de las obras Consultados al respecto, desde la corporación adelantaron que se encuentran analizando el alcance de la resolución para definir las acciones a seguir. Sin embargo, añadieron que la dictación de esta sentencia fue sorpresiva, considerando que esta acción de protección presentada en contra de las instituciones ecuatorianas en enero de 2022, es tramitada ante un tribunal que tuvo un reciente cambio del juez titular, que se incorporó el viernes pasado a su cargo y, luego de escasos días, dictó esta determinación a través de un texto extenso (casi 50 páginas) y con gravosas consecuencias.
“En una lectura preliminar, resulta preocupante que la sentencia determine expresamente la aplicación retroactiva de una normativa ecuatoriana. El fondo del argumento indica que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Llurimagua, aprobado el 2014, debió incluir una consulta ambiental, que solo fue establecida como requisito en la normativa de ese país a partir de 2021. Esto pone en entredicho la certeza jurídica que se requiere para el desarrollo de proyectos que implican grandes inversiones y tiempo de maduración para recuperarlas”, lamentaron desde la estatal.
De todos modos, el proyecto no ha estado exento de dificultades, incluso, actualmente se encuentra en medio de un arbitraje entre Codelco y el gobierno de Ecuador ante el Ciadi.
En su momento, la estatal chilena denunció que luego de que se iniciaran los trabajos en la iniciativa en 2010, cumpliendo con los procesos de exploración que estaban considerados en los acuerdos con Ecuador en 2016, correspondía al gobierno de ese país comenzar la etapa de evaluación de la iniciativa. Es por este motivo que la minera inició el proceso judicial con dos propósitos, proteger los intereses de la corporación, e intentar mover las acciones que permitan seguir avanzando con el proyecto.
El requerimiento de la estatal ante el Ciadi, se realizó luego de más de un año de que la cuprera chilena pidiera, formalmente, partir con un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en el proyecto minero Llurimagua.
A fines de noviembre de 2020, Codelco le solicitó a Ecuador, representado por la Procuraduría General del Estado (PGE) ecuatoriano, promover una solución para que se cumpliera con las obligaciones en relación con las inversiones en Llurimagua. El plazo para dichas conversaciones amistosas venció a los seis meses, tras lo cual Codelco realizó diversos esfuerzos de buena fe, requiriendo y sosteniendo reuniones, que no llegaron a buen puerto.
Fuente: El Mercurio
