Revista Nueva Minería

La iniciativa en manos de Andes Iron ha marcado un precedente en el ámbito minero, político y medioambiental. Tras casi ocho años de tramitación, Dominga sigue dando que hablar, luego de la aprobación de la iniciativa por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

Por Camila Morales
Revista NME
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Si se pudiera resumir en una palabra lo acontecido el pasado 11 de agosto con relación al proyecto Dominga, esa palabra sería controversia. Y es que luego de que por 11 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo aprobara con condiciones el proyecto minero-portuario, actores del sector minero, político y medioambiental no tardaron en manifestar su postura respecto a la decisión.

El contexto de la luz verde a la iniciativa se dio luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolviera acoger la reclamación a favor del proyecto en manos de la empresa Andes Iron, quedando “en calificación” y dando pie a una nueva votación por parte de los miembros de la Comisión Ambiental. Ahora la decisión deberá ser ratificada o rechazada por la Corte Suprema en una próxima instancia.

Mientras tanto, la polémica en torno a la iniciativa que contempla una inversión de US$2.500 millones se acrecienta. Hay quienes defienden el proyecto argumentando el impacto a nivel de empleo que generará en la comuna de La Higuera, y los altos estándares técnicos que utilizará en su funcionamiento; otros actores recalcan que la iniciativa generará daños al medioambiente, en una zona donde hay áreas de conservación y ecosistemas relevantes.

Opiniones divergentes

Varias son las entidades gremiales del sector minero que han manifestado su apoyo a la iniciativa. Una de ellas es Sonami, institución que por medio de su presidente, Diego Hernández, indican que la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo era esperada, argumentando que es el caso de un proyecto que ha vivido tantas vicisitudes en su tramitación, que ya se extiende por casi 8 años.

“Cada vez que el proyecto ha pasado por instancias técnicas, en distintos gobiernos, ha recibido pronunciamientos a su favor. Dado lo anterior, al parecer las críticas al proyecto provienen de grupos que no quieren más minería para Chile, lo que sería un error gravísimo. Chile necesita más minería, lógicamente compatible con el medio ambiente”, comenta el presidente de la Sonami.

En contraparte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, explica que las Comisiones de Evaluación Ambiental están conformadas por los secretarios regionales ministeriales y el delegado presidencial, por tanto, recalca, solo la integran personas que cuentan con la confianza del Presidente de la República y responden a él.

Dicho esto, señala la representante, “desde Fundación Terram pensamos que esta votación y aprobación, incluyendo el voto disidente, obedece a una instrucción que siguieron los integrantes de dicha comisión proveniente de una autoridad superior. No estamos de acuerdo con que se haya llamado a esta votación cuando habían acciones legales pendientes en la Corte Suprema”.

Respecto a este último punto, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, comenta que este es un hecho inusual considerando que el criterio general para este tipo de situaciones es esperar la resolución judicial. Asimismo, recuerda que en 2017 el proyecto fue rechazado en su evaluación ambiental por presentar diversas falencias ambientales y técnicas, “dentro de las que se encuentran el haber subestimado su área de influencia y sus impactos, junto con presentar información de línea de base insuficiente. Esto ha sido confirmado desde entonces por la comunidad científica y recientemente por los mismos funcionarios y funcionarias de los organismos técnicos”.

Para Ana Castillo, presidenta de la Asociación Comunal de La Higuera, el fallo positivo demuestra que Dominga no solo cumple con la normativa ambiental, sino que además entrega todos los argumentos técnicos y científicos respecto a las supuestas deficiencias ambientales del proyecto, como por ejemplo las deficiencias de la línea de base marina y el tráfico marítimo, la colisión con cetáceos, el uso del agua en la cuenca de Los Choros, entre otras.

“Por eso estamos felices con el resultado en la Coeva de Coquimbo, porque hace carne años de lucha e injusticias, sobre todo con lo ocurrido en el año 2017, cuando por razones políticas y no técnicas, le dieron un portazo al proyecto Dominga”, agrega la representante de la Asociación Comunal de La Higuera.

Factores a considerar

Casi ocho años se ha extendido la tramitación del proyecto Dominga. Durante este período, han emergido diversas voces que reclaman el daño medioambiental que generará la iniciativa al ecosistema aledaño. Liesbeth van der Meer explica que ha sido la ciencia que data desde los años ´80 la que ha posicionado a este lugar como uno de los más biodiversos del mundo -hotspot de biodiversidad- y un sitio prioritario para la conservación.

Además, indica que “se trata de un proyecto que pretende instalarse en medio del Archipiélago de Humboldt, un conjunto de ocho islas e islotes que conforman un ecosistema único e irremplazable que ha sido muy estudiado por científicos nacionales e internacionales. El megapuerto y la planta desaladora considerarían instalarse en la zona de alimentación más importante para aves marinas y cetáceos, muchos de ellos en estado de conservación vulnerable o en peligro y que han encontrado refugio y alimento abundante en el archipiélago”.

Al respecto, Flavia Liberona agrega que en esta zona ocurre el fenómeno de surgencia de la corriente de Humboldt, lo cual le confiere condiciones únicas para el desarrollo de la biodiversidad. “Por ello es que no se entiende la negligencia de la autoridad ambiental en acoger a trámite proyectos como este, los cuales generan importantes impactos ambientales. No creo que este proyecto genere beneficios”.

Pero quienes defienden el proyecto de Andes Iron, se basan en las cifras de generación de empleo para la zona. Desde la Asociación Comunal de La Higuera comentan que el proyecto empleará cerca de 10 mil personas en sus dos años de construcción, 1.500 en su etapa de operación (22 años, aproximadamente), y 980 en su fase de cierre (dos años).

“Apoyamos el proyecto Dominga porque vivimos en una de las comunas más vulnerables de Chile. Y creemos, además, que el proyecto es sustentable con el medioambiente, y así lo dejó en claro no solo la reciente votación de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, sino que el fallo unánime del Tribunal Ambiental de Antofagasta”, señala Ana Castillo, quien agrega que en octubre de 2016 con Dominga firmaron un Acuerdo Marco donde participaron más de 1.600 personas. “Este es nuestro propósito principal, porque con Dominga nos consideramos ´socios´”.

En tanto, el presidente de la Sonami dice que son legítimos los puntos de vista contrarios al proyecto, “pero Dominga ha pasado por un excesivo período de tramitación y que, no obstante, haber cumplido con todas las exigencias que la autoridad ambiental le ha hecho, después de diversos procesos considerados en la legislación, aún no cuenta con la certeza de que pueda llegar a materializarse, ya que seguramente los opositores insistirán en impedir su materialización”.

¿Precedente para futuras iniciativas?

Debido a los diversos acontecimientos con relación a Dominga, cabe preguntarse si su controvertido escenario judicial marcará un precedente para futuras iniciativas mineras. Para Flavia Liberona, “el escenario judicial no sería tan controvertido y difícil de entender si el gobierno, y en particular la autoridad ambiental, no hubiese puesto en votación el proyecto en la Coeva. Lo lógico habría sido esperar el resultado de las acciones legales que están pendientes en la Corte Suprema, pues serán éstas las que en definitiva definirán el futuro del proyecto”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Comunal de La Higuera indica que es claro que existe una controversia respecto a la iniciativa, no obstante, recalca que “en La Higuera, al menos, el proyecto Dominga tiene adhesión social. Luego del estallido social, se hicieron ´simbólicamente´ consultas ciudadanas. Una de las preguntas fue si la población aprueba o rechaza la instalación de proyectos mineros. En un 60% la población de todas las localidades de La Higuera manifestaron su posición a favor, obviamente en clara alusión y adhesión al proyecto Dominga”.

¿Cuál es la visión de la Sonami? Diego Hernández señala que han planteado en muchas ocasiones “lo peligroso que significa para la actividad productiva la judicialización de los proyectos de inversión, que generan una parálisis que daña la economía. Sonami siempre ha planteado la necesidad de revisar los procedimientos que se habían adoptado en el caso de este proyecto minero y, en ese sentido, valoramos que lo haya hecho la Comisión de Evaluación Ambiental. Es un paso significativo y va en la dirección correcta”.

Desde Oceana, la visión es la opuesta. Liesbeth van der Meer indica que si la tramitación de este proyecto hubiera cumplido a cabalidad con la legislación ambiental existente, a este se le habría dado término anticipado en etapas muy tempranas de evaluación (…). “Esperamos que el caso Dominga siente un precedente y que los proyectos que no cumplen sean rechazados inmediatamente y no intentando saltarse la institucionalidad. Creemos que este caso no debiera repetirse, ya que ha dañado irreversiblemente la institucionalidad y ha sembrado un manto de dudas sobre la transparencia en torno a la evaluación ambiental”.