Revista Nueva Minería

La Política Energética Nacional 2050 ha tenido una actualización que busca acelerar la transición energética con nuevas metas y plazos. ¿Son razonables, insuficientes?

Por Joaquín Ruiz
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Alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático reduciendo la vulnerabilidad y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia son algunos de los objetivos del plan de descarbonización que se implementa actualmente en el país.

El plan -que comenzó a gestarse en enero de 2018 con un acuerdo conjunto entre el entonces gobierno de la presidenta Bachelet y las generadoras para no iniciar nuevos proyectos a carbón- vive hoy un “segundo tiempo”.

Se trata de una “actualización” de la Política Energética Nacional 2050 para “avanzar en una transición energética acelerada a través de un Plan de Descarbonización que promueva un sistema eléctrico bajo en emisiones como pilar fundamental para la carbono neutralidad del país”, destaca el Ministerio de Energía.

Además, el ‘segundo tiempo’ considera una mayor participación a través de un trabajo técnico y de diálogo estratégico entre la sociedad civil, academia e industria, para lo cual se convocó recientemente a un grupo de expertos de alto nivel con el fin de acelerar la transición hacia la carbono-neutralidad y fortalecer la resiliencia de la economía.

“(El plan) se enfoca en tres ejes principales: modernización de la red y el mercado eléctrico e infraestructura; descarbonización, reconversión y combustibles de transición; y transición energética justa y comunidades”, detalla Marco Rivera, investigador de la Universidad de Talca y profesor en la Universidad de Nottingham.

“En mi opinión es un plan ambicioso y razonable que se alinea con el plan del gobierno anterior, pero considerando aspectos propios del actual gobierno, así como también un mayor enfoque en los territorios y la participación ciudadana”, agrega Rivera.

Sin embargo, diferentes organizaciones ambientales han cuestionado los plazos que establece la hoja de ruta de la descarbonización, calificando el plan como “insuficiente”.

“El plan de descarbonización de Chile, que implica el funcionamiento de centrales a carbón hasta el 2040, no sólo es insuficiente en términos de urgencia, sino que no se hace cargo de los impactos locales que la generación a carbón genera: una altísima contaminación que vulnera los derechos de las personas que hoy viven en las llamadas zonas de sacrificio, precisamente por los numerosos impactos que ha implicado históricamente el desarrollo de la industria del carbón”, asegura Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace.

“Considerando que pronto se deben actualizar los compromisos de los países en materia de cambio climático, Chile debiese de manera urgente proponer una descarbonización al 2030 que no dependa de compromisos voluntarios de las empresas. Si bien valoramos el cierre de 9 centrales entre 2019 y comienzos de 2024 y creemos que es un paso importantísimo, aún quedan 19 centrales en funcionamiento que ponen en riesgo no sólo al clima, sino que a las personas que viven junto a éstas”, agrega la representante de Greenpeace.

Diferentes énfasis

Pese a transitar por tres gobiernos de diferente signo político (Bachelet, Piñera y el actual del presidente Boric), el plan de descarbonización ha tenido cierta continuidad en el tiempo, aunque con diferentes énfasis.

“Si bien el gobierno anterior se enfocó fundamentalmente en fomentar y en el retiro de centrales a carbón, así como en la penetración de energías renovables, hoy el foco está en la modernización de la red eléctrica y su operación, la generación de combustibles de transición, incrementar la capacidad de almacenamiento de energía y una mayor inclusión de las comunidades y el territorio”, resume Marco Rivera.

No obstante, para Greenpeace, uno de los problemas del plan es que su ejecución depende de “compromisos voluntarios de las empresas”. En este sentido, la organización ecologista internacional ve con “muchísima preocupación la autorización del Coordinador Eléctrico Nacional para la quema forzada y acelerada de 94.000 toneladas de excedentes de carbón de las unidades Norgener 1 y 2 de Aes Andes en Tocopilla, que generan un enorme impacto a la población y el medio ambiente, donde nuevamente se sacrifica a la zona, para el beneficio económico de una empresa”, asegura Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace.

“El proceso de descarbonización debe ser con planes de cierre que garanticen el bienestar de la población que ha sido sometida durante décadas a una contaminación inaceptable. No es un cierre verdadero quemar todo el carbón disponible, para de manera ficticia decir que estoy descarbonizando, cuando en la práctica lo que se está haciendo es quemar más y más carbón”, agrega la representante de Greenpeace.

Lo que falta

De acuerdo con la última actualización del plan, para el año 2030 se espera que el 80% de la matriz eléctrica fuentes de energías renovables, y se proyecta que exista al menos 2GW de almacenamiento disponible. Se aspira, además, a ser un gran productor de combustibles verdes, basándose en el gran potencial de energías renovables que tiene nuestro país.

Sin embargo, para el investigador de la Universidad de Talca, Marco Rivera, aún es necesario avanzar en términos de regulación y desarrollo tecnológico. “La gran dependencia que tiene Chile en cuanto a la importación de tecnología representa una seria amenaza para que estas metas y plazos se cumplan. Es por eso que es relevante potenciar y el promover el desarrollo de tecnología local adaptada a la realidad y geografía de nuestro país”, explica Marco Rivera.

Por su parte, para Greenpeace, lo que urge es establecer “plazos más cercanos”, con una descarbonización a 2030 que incluya “planes de cierre responsables que no pongan en riesgo a la población y el medio ambiente”.

“Es muy importante comprender que la descarbonización le hace bien al país en su conjunto. La quema de carbón no sólo contribuye con la crisis climática, sino que impacta directamente a las chilenas y chilenos que viven junto a las termoeléctricas y eso debe parar (…) Es urgente que la transición sea justa, y que incorpore la reparación de territorios históricamente degradados e impactados”, asegura Estefanía González.

Pero si el plan que se implementa en Chile necesita ajustes o cambios más profundos, ¿hay algún plan o modelo llevado adelante en forma exitosa por otro país en materia de descarbonización que podría servir de ejemplo a seguir?

Para Marco Rivera, los planes de los gobiernos de Dinamarca, Noruega y Suecia son “dignos de revisar y considerar como un gran ejemplo a seguir”. Sin embargo, el académico de la Universidad de Talca advierte que estos planes deben adaptarse a las condiciones “ambientales, sociales y económicas de Chile, sobre todo en términos de desarrollo y adopción de nuevas tecnologías limpias que aseguren un acceso justo para la sociedad chilena”.

Esta idea también es compartida por Estefanía González, en el sentido de adaptar a la realidad local cualquier solución que se quiera importar desde otro país.

“Creemos que lo más importante es considerar la realidad de los territorios en cuestión a la hora de aplicar este tipo de estrategias. No todos los territorios tienen las mismas condiciones geográficas o las mismas urgencias sociales o de salud pública. Es por eso que una estrategia exitosa en Finlandia, por ejemplo, no necesariamente lo será en Quintero-Puchuncaví”, concluye la representante de Greenpeace.