Perú: Más de 50 mil mineros irregulares van camino a formalizarse en el país
06-02-2013 RPP.com.pe – Noticias
Más de 50 mil declaraciones de compromiso fueron presentadas por mineros irregulares en el país desde enero del 2012 a enero del 2013, como primer requisito para ser parte del proceso de formalización de sus actividades extractivas, reveló un informe de la Defensoría del Pueblo
La titular de la Adjuntía de Medioambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, explicó que estas declaraciones no constituyen una “carta blanca” para la ilegalidad porque no facultan a los mineros a desarrollar su actividad, a menos que cumplan los demás requisitos para formalizarse.
Precisó que, entre otros requisitos de formalización, figuran tener la acreditación de titularidad, contratos de sesión, acuerdo o contrato de explotación sobre la concesión minera; además de una acreditación de propiedad o autorización del uso del terreno superficial para esa actividad.
De igual forma, se debe contar con la aprobación del instrumento de gestión ambiental correctivo, un derecho de uso de agua, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, además de un certificado de capacitación y una autorización para inicio de actividades de exploración, detalló.
“Hay que procurar que las declaraciones de compromiso no se conviertan en una barrera para que el Ministerio Público, la Policía Nacional u otras instituciones puedan continuar realizando sus labores de investigación e interdicción”, señaló la funcionaria del ente defensorial.
Política de formalización
Al presentar un informe sobre la gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el país, destacó la importancia de las políticas de formalización de los mineros pequeños y artesanales, la erradicación de la minería ilegal y el crimen asociado, y la remediación del impacto ambiental.
Reseñó que, como parte de este estudio, se efectuó el seguimiento a 135 obligaciones de 27 instituciones públicas comprometidas con los nueve decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la minería informal e ilegal en el país.
De las 135 obligaciones supervisadas, dijo que 64 presentaron en 2012 un avance en cuanto a su cumplimiento, mientras que 22 no tuvieron avance alguno, otras 22 figuran recién en coordinación y, en el caso de otras 27, la institución supervisada no dio la información solicitada.
Abanto recalcó que la minería artesanal y pequeña sí es legal, siempre y cuando cumpla con los requisitos y permisos, pues de lo contrario, será considerada como ilegal y sometida a las tareas de erradicación y sanción por parte de la autoridad competente.
“De los mineros que están en la ilegalidad, hay un grupo que es formalizable cuando cumpla los requisitos establecidos en las normas, pero no se podrá formalizar a quienes desarrollen actividades en zonas prohibidas o áreas naturales protegidas, zonas súrbanas, etc.”, dijo.
Retos pendientes
La representante de la Defensoría del Pueblo refirió que aún se encuentra pendiente la implementación de la ventanilla única para la formalización minera, así como del Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal.
También debe realizarse el diseño del Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales, el control y fiscalización efectiva de los insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal, anotó desde la sede de la citada institución, en el Cercado de Lima.
Sumado a ello, se debe implementar el registro y control de los usuarios de mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio, añadió.
En la presentación de este informe, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, destacó entre los principales avances la creación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para evaluar y mitigar el impacto ambiental.
Asimismo, resaltó el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control en Madre de Dios; así como las acciones de interdicción realizadas en Loreto, Junín, Madre de Dios y Áncash, que suman 59 durante el 2012.
No obstante, Vega Luna exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal, en aras de frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los últimos años.
Sostuvo que el balance “no es desalentador”, pero se debe contribuir en la consolidación del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de la minería ilegal, que –dijo- tanto daño ambiental, social y económico genera en el país.
La Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo garantizar que en el presupuesto de la República se asignen los recursos financieros que permitan la implementación de medidas destinadas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el territorio nacional.
Minería ilegal en cifras
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 13 millones de personas trabajan en la minería a pequeña escala, y 100 millones de individuos dependen de esta actividad para su subsistencia.
La pequeña minería se realiza en terrenos de hasta 2,000 mil hectáreas, con una remoción máxima de 350 toneladas métricas de tierra por día. En tanto, la minería artesanal se desarrolla dentro de las 1,000 hectáreas, con una remoción de tierras de 25 toneladas métricas diarias.
Unos 500 millones de soles en impuestos por año deja de percibir el fisco por la actividad minera ilegal, que extrae anualmente 18 toneladas de oro, además de generar impactos ambientales, sociales, y deriva en otros delitos como la trata de personas y la explotación laboral.
Actualmente, la minería ilegal está presente en 21 regiones del Perú e involucra a 100 mil personas como trabajadores directos de esta actividad.
