Revista Nueva Minería

Era una de las medidas medioambientales más relevantes de la administración de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, en junio pasado, fue retirado del Congreso por el nuevo gobierno. ¿Qué implicancias tiene el retiro del proyecto de Ley que buscaba proteger los glaciares? El debate recién comienza.

Por Camila Morales, Revista Nueva Minería y Energía
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“Bancada glaciar” era el nombre que se le atribuyó a un grupo de parlamentarios que en mayo de 2014 ingresaron el proyecto de Ley que buscaba establecer un marco jurídico que protegiera los glaciares. Para quienes lideraban la iniciativa, esta normativa cobraba sentido, considerando que Chile posee las mayores reservas de agua dulce de Sudamérica.

La idea era resguardar todos los glaciares, sin excepción. Pero los sucesivos cambios que fueron transformando el proyecto original durante la tramitación parlamentaria, derivó en una iniciativa más restringida desde el punto de vista de la protección transversal. El debate y la polémica terminaron por dilatar la aprobación de la normativa en el Congreso durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

¿Qué sucedió tras la llegada del nuevo gobierno? Pese a que en un comienzo el Ejecutivo no se refirió al tema, en junio pasado la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, señaló que la cartera que lidera no entregaría recursos a la iniciativa, por lo que fue retirado del Congreso sin ninguna objeción.

Tras esta decisión, la protección de los glaciares sigue con un incierto futuro. Pese a que desde distintos sectores proponen nuevos mecanismos para este fin, aún no hay nada claro. En medio de esta incertidumbre, surge la interrogante sobre qué tipo de resguardo, y con qué finalidad, debe apuntar una nueva propuesta legal para proteger los glaciares.

Más discrepancias, menos convergencias

Sin el proyecto de Ley en el Congreso, y con la llega del nuevo gobierno, la incógnita sobre cómo abordar el resguardo de estas reservas de agua dulce se mantiene. Para Francisco Ferrando, geógrafo de la Universidad de Chile y experto en hidrología, es importante retomar el trabajo legislativo en torno a este tema.

“Se ha estado dilatando una decisión nacional que viene a arriesgar el desarrollo sustentable del país, hecho directamente dependiente de la seguridad hídrica para el consumo, el riego y otros procesos productivos. Considero trascendental retomar el proyecto de ley presentado ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y reiniciar las acciones necesarias para su perfeccionamiento”, explica Ferrando.

¿Cuál es la opinión de la industria minera? Para Carlos Gajardo, gerente de Medio Ambiente de Sonami, “considerando el conocimiento actual sobre glaciares, no resulta adecuado establecer una prohibición de carácter general de una amplia gama de actividades”. Para avanzar en el tema, el representante de la entidad gremial propone usar la actual institucionalidad para resolver cada caso en forma separada.

“El SEIA es la instancia adecuada para determinar, caso a caso, los posibles impactos de una actividad y si estos son o no aceptables. No todos los glaciares son iguales, los hay de diferentes tipos y categorías, por lo que parece razonable estudiar cómo se comporta cada uno y su aporte hídrico antes de establecer prohibiciones a su respecto”, explica Gajardo.

La compatibilidad que puede tener la protección de los glaciares y el desarrollo de la minería, es otro punto que asoma en el debate. Cabe recordar que previo al envío del proyecto de Ley en 2014, el resguardo de estos cuerpos de hielo causó debate por el controvertido proyecto Pascua Lama, iniciativa que incluso contemplaba el traslado de tres glaciares.

Desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, argumentan que el peso de la industria minera en la economía, es una de las razones por las que se reemplazó la iniciativa original de 2014. “El proyecto tomó un curso que no era el de la protección, y permitía realizar actividades en los glaciares y en su entorno. Se construyó un proyecto a necesidad de la minería”, asegura Stefanía Vega, vocera de la organización.

En respuesta a ello, Carlos Gajardo afirma que “no se puede decir que los proyectos mineros no causen impacto. Toda actividad humana puede tenerlos, pero hay que estudiar y evaluar los casos específicos. No se puede partir del prejuicio de que, por estar cerca de un glaciar, el impacto de un proyecto minero será severo”.

En relación a este punto, Francisco Ferrando enfatiza que la minería debe invertir en mejorar sus sistemas extractivos, buscando la manera de eliminar químicos contaminantes, para reducir, en definitiva, “los riesgos de todo tipo”.

“La minería debe ver más allá de su condición de empresa y pensar en el bienestar del medioambiente, del agua, de la flora, de la fauna, de las personas. Eso es actuar éticamente”, subraya Ferrando.

¿Cómo avanzar?

Tras el retiro del proyecto de Ley, se ha especulado sobre las decisiones que se tomarán en torno al resguardo de estos cuerpos de hielo. Por ejemplo, en julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa que modifica el Código de Aguas y prohíbe otorgar derechos sobre glaciares. Se espera que la iniciativa siga su desarrollo en la Comisión de Medio Ambiente.

Fue en mayo de 2014 cuando un grupo transversal de parlamentarios ingresaron el proyecto de Ley que buscaba establecer un marco jurídico que protegiera los glaciares. (Foto: Shimrit Yaar)

El gobierno no se queda atrás. Además de manifestar su rechazo a una ley específica, y apoyar la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), la ministra de Medio Ambiente anunció que se crearán comisiones a nivel regional, con diversos actores relacionados al tema, para definir el modo más eficaz de proteger los glaciares y contribuir con sus recomendaciones al SBAP.

En la opinión del gerente de Medio Ambiente de la Sonami, “la compatibilidad entre protección de glaciares y desarrollo minero, debería inspirar las discusiones futuras respecto su marco regulatorio, más aun considerando que la minería continua siendo el motor de desarrollo del país”.

Sin embargo, una posible nueva propuesta sobre glaciares emanada del gobierno es mirada con desconfianza por la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, “por las señales del Ejecutivo respecto al medio ambiente: agilizar todos los proyectos en carpeta, flexibilizando y debilitando para eso la institucionalidad”.

Stefanía Vega argumenta que habrá que esperar para ver quienes serán llamados a los comités de expertos. De eso “dependerán los resultados de la instancia, y si ésta finalmente podrá ser independiente a las presiones del empresariado en el gobierno”.

Por su parte, Francisco Ferrando afirma que se debe ir más allá. Además de las propuestas emanadas en el último tiempo, a su juicio es “fundamental” plantear una modificación sustancial al proyecto que fue retirado y sus áreas de influencia, para discutir “una Ley de protección de la criósfera y no sólo de los glaciares”, enfatiza.

Tras el retiro del polémico proyecto de Ley, el desafío se centra ahora en cómo avanzar en la protección de estos cuerpos de agua a partir de las distintas visiones y propuestas que hay sobre la mesa. Con más discrepancias que puntos de acuerdo, se inicia un nuevo capítulo para los glaciares y su protección. Por ahora, hay más dudas que certezas.