Ley de Eficiencia Energética: Una oportunidad ambiciosa

12 julio, 2021
Eficiencia energética (Ilustración: Fabián Rivas)

Ansiada por años, distintos actores comparten que la nueva normativa abre la posibilidad de que el país tenga una verdadera economía libre de carbono, un objetivo ambicioso que implica pasar de los anuncios a la acción.

Por Daniela Tapia
Revista NME
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“Por primera vez en la historia de Chile, tenemos una Ley de Eficiencia Energética (EE). Un paso clave para articular los esfuerzos y alcanzar la carbono neutralidad al 2050, porque la EE aportará con más de un 35% de las reducciones de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar nuestra meta”.

Con estas palabras, el 13 de febrero de este año el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, dio a conocer la publicación en el Diario Oficial de la Ley N°21.305 sobre Eficiencia Energética, cuyo objetivo apunta a promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos.

A ojos de diversos actores vinculados al ámbito de la sostenibilidad la normativa representa un verdadero hito, ya que fue a mediados de la década de 1970 cuando el concepto de eficiencia energética se comenzó a discutir silenciosamente en la industria chilena.

Con el correr de los años, y gracias a la creación del Programa País Eficiencia Energética y de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (hoy Agencia de Sostenibilidad Energética), pasó a ser un objeto de política pública.

Largamente esperada, la nueva ley tiene dos focos principales: institucionalizar la EE como una política de Estado, a través de los planes de EE y la participación de diversas instituciones públicas y actores privados en su elaboración, además de incentivar su aplicación en los sectores de mayor consumo.

Así lo asegura Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), quien releva que la nueva normativa promueve la eficiencia energética en la gran industria intensiva en el uso de energía, que representa un 35% de la energía consumida en el país; en el transporte terrestre, que representa cerca del 30% de la energía total; y en las edificaciones públicas y privadas.

Varios son los puntos que la componen. Entre ellos destaca el establecimiento de un Plan de Eficiencia Energética que se actualiza cada 5 años, abarcando todos los sectores de consumo, con metas concretas y que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El segundo aspecto es que los grandes consumidores de energía deben reportar sus consumos e implementar Sistemas de Gestión de Energía (SGE), aunque ya diversas empresas los han incorporado, por lo que esta obligatoriedad indicada en la ley afectará solo aquellas que aún no lo hacen.

A ello se suma la obligatoriedad de calificación energética, que hasta ahora era voluntaria para viviendas nuevas, edificios comerciales y de oficinas nuevos.

“En transporte un tema importante es la fijación de estándares de eficiencia para el parque automotriz, tanto para vehículos livianos, medianos y pesados”, dice Virginia Zalaquett, académica del Diplomado en Eficiencia Energética de la Universidad Católica.

Por otro lado, entrega un fuerte impulso a la electromovilidad, ya que para cumplir con el estándar de EE se podrá contar hasta tres veces el rendimiento de los vehículos eléctricos y de cero emisiones, en tanto que el SII está facultado para establecer la depreciación acelerada para estos vehículos. También entrega facultad al Ministerio de Energía para regular la interoperabilidad de los cargadores.

La nueva ley, además, obliga a informar los consumos energéticos de la edificación pública, así como tener gestores energéticos. Y declara al hidrógeno como combustible, lo que también será un impulso al desarrollo de este recurso energético.

“Respecto al hidrógeno se abre la posibilidad de que en el mediano-largo plazo se use como un vector energético, que sería capaz de reemplazar en su rol al diésel en el área de electromovilidad y generación de calor para procesos industriales”, plantea el director ejecutivo de la empresa Ecodesarrollo, Diego Lizana.

Desde el Ministerio de Energía resaltan los contenidos de la ley y manifiestan que al aplicarse las medidas contempladas en ella, al 2030 se podría ver una reducción de intensidad energética del 10%; un ahorro acumulado de US$15.200 millones; y una reducción de 28,6 millones Toneladas de CO2.

Impactos en el sector minero

La minería destaca por su alto consumo de energía. Los números así lo evidencian: un 14% de la energía total a nivel nacional (electricidad y combustibles) consume la minería del cobre.

Ante ello, la nueva ley de EE busca promover impactos relevantes, tanto en términos de productividad como en reducción de emisiones en la gestión del sector minero.

Para cumplir con la normativa, estas compañías no solo deberán contar con un SGE, sino además concretar la meta de reducir en un 4% su intensidad energética en el período de duración del Plan Nacional de Eficiencia Energética.

En relación a este punto, Lizana señala que si se analizan los reportes que las compañías mineras envían al Ministerio de Energía anualmente en el marco del acuerdo de colaboración en materia de eficiencia energética firmado el 2014, son muy pocas las que han logrado efectivamente mostrar reducciones similares a las exigidas en la nueva ley.

“Si bien el sector se encuentra en buen pie para enfrentar este nuevo desafío normativo, las compañías deben dejar de mirar los SGE de manera aislada y desconectada de otros sistemas de gestión y asumir el reto a través de proyectos integradores, que mejoren no solo el uso de la energía en las operaciones, sino también en materia de productividad”, enfatiza el especialista.

Punto de vista que comparte Ignacio Santelices, quien además plantea que existe un error común en torno a la eficiencia energética, el cual tiene que ver con pensar que se trata de medidas aisladas, como cambiar motores, iluminación, entre otros.

La eficiencia energética es y debe ser abordada -dice el ejecutivo- como un proceso de mejora continua, es decir, como parte de la gestión operacional de la empresa. “Esa es justamente la señal que la ley da a la minería”, expresa Santelices.

Ahora bien, Diego Lizana hace énfasis en que dentro de los requisitos indirectos que impone la ley está el contar con estándares de eficiencia energética en las áreas de abastecimiento y proyectos, asegurando con ello que la compra de insumos, bienes y servicios se haga de manera eficiente.

“Esto, no solo desde el punto de vista económico -como es lo tradicional-, pues además se deben incorporar criterios de consumo de energía para asegurar que lo adquirido es la mejor opción técnico/económica durante su vida útil o período de utilización”, destaca el líder de Ecodesarrollo.

En esta misma línea, las empresas mineras que apliquen la ley deberán incurrir en costos, aunque hay consenso que éstos podrían ser mínimos, al tratarse de cambios en gestión, o bien mayores en el caso de recambio de equipos.

Tomando en cuenta este escenario, en la AgenciaSE detallan que a la hora de implementar un SGE en una empresa de gran tamaño, no debiese costar más de US$100.000. Por ello, la entidad abrió una línea de cofinanciamiento para la implementación de este sistema, que por este año estará disponible para grandes empresas que quieran adelantar su implementación.

“A partir de la experiencia de más de 50 empresas que hemos acompañado los últimos años en la implementación de SGE, hemos visto reducciones de consumo de energía en torno al 5% anual durante los primeros años, lo que implica varios millones de dólares de ahorro”, indica su director Ignacio Santelices.

Sanciones y apoyo en implementación

¿Qué ocurre si no se cumple la ley? ¿Se prevén sanciones? Las empresas catalogadas como CCGE (Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía) deberán enviar anualmente un informe de consumos de energía, que incluya información sobre oportunidades detectadas y acciones de eficiencia energética realizadas en el período informado y aquellas que tienen previsto desarrollar en el tiempo.

“El no cumplimiento del Artículo 2º de la Ley de EE faculta a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para sancionar de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº18.410 que crea la SEC. Esta infracción será considerada como leve, lo que equivale a una multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales”, dice Diego Lizana.

Con el objetivo de acompañar este proceso legislativo, consensuar distintas oportunidades de mejora de uso eficiente de la energía y fomentar la medición y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en marzo de este año se lanzó la Red de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en la Minería, la cual está compuesta por 14 empresas de la gran, mediana y pequeña minería.

El asesor senior del proyecto Eficiencia Energética en la Minería de GIZ, Rodrigo Vásquez, también releva que en el marco del proyecto “Eficiencia Energética en Minería”, la entidad desarrolló una plataforma sobre eficiencia energética que es inédita en Latinoamérica.

“En ella se pueden visualizar los procesos mineros, más de 110 medidas de eficiencia energética y ejemplos de cerca de 100 proyectos ya implementados, con el fin de entregar información técnica para impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas que permitan mejorar la gestión energética y la reducción de emisiones”, añade el experto.

¿Qué expectativas, entonces, se manejan respecto a la implementación de la ley? Los entrevistados de este reportaje coinciden en que a partir de su puesta en marcha se abre la posibilidad de que el país tenga una verdadera economía libre de carbono y así pasar de los anuncios a la acción.

Virginia Zalaquett, en tanto, destaca que la ley ofrece a la industria en general algo mucho más significativo: la oportunidad de reconocer y aplicar los múltiples beneficios de la EE.

“Es innegable que la reducción de intensidad energética se traduce directamente en aumento de competitividad para las empresas, reducción de emisiones, incorporación de mejoras tecnológicas y de procesos, creación de empleos, entre otros factores”, concluye la docente universitaria, quien igualmente sostiene que la ley representa un objetivo ambicioso y, por consiguiente, no exento de dificultades.

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