Gobierno y proyecto de gas por redes: se resguardó la libre competencia
La iniciativa legal será votada hoy en la Sala del Senado.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto a su par de Energía, Andrés Rebolledo, expusieron ayer ante la Comisión de Economía del Senado sobre los resguardos en materia de libre competencia que existen en torno al proyecto de ley que modifica la regulación del gas por redes.
La sesión fue solicitada por la instancia para aclarar ciertos resquemores que generaba la iniciativa legal en materia de libre competencia, ad portas de su votación hoy en la Sala de la Cámara Alta.
El ministro Céspedes aseguró que “a partir de la nueva ley de fortalecimiento de la libre competencia, tenemos una institucionalidad que nos permite poder generar la información, los mecanismo de control y los resguardos necesarios para el funcionamiento de los mercados en nuestra economía”.
En ese sentido, precisó que desde el 1 de junio de 2017 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) podrá llevar a cabo un control preventivo obligatorio de operaciones de concentración en que podrá analizar cualquier tipo de operación de concentración sea horizontal o vertical o de conglomerados en todos los mercados. Además, señaló que la nueva regulación prohíbe la participación simultánea de una persona en cargo de ejecutivo relevante o de director en dos o más empresas competidoras entre sí y que se debe informar participaciones cruzadas entre competidores.
Los senadores manifestaron su preocupación de que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) pierda la atribución de establecer si se debe o no tarificar cuando las empresas de gas superen la tasa máxima de rentabilidad. La iniciativa legal establece que una vez que las compañías sobrepasen este umbral, la tarificación va a ser automática, sin evaluarse si este exceso de rentabilidad tiene su origen o no en un problema de competencia del mercado. En tanto, la tarificación será elaborada por un panel de expertos.
El ministro de Energía explicó que la propia ley definirá la tarificación automática de cumplirse dicho escenario con el fin de “no esperar en algunos casos más de un año” a que pase todas las etapas de la justicia ordinaria y de defensa de la libre competencia para tomar la respectiva resolución de tarificación.
En tanto, el ex presidente del TDLC, Tomás Menchaca, advirtió como un posible rasgo de inconstitucionalidad del proyecto de ley el que cuando las empresas superen la tasa máxima de rentabilidad se le obligue a devolver ese exceso, sin que se haya llevado a cabo antes un juicio respecto de si existe o no un ilícito en la obtención de dichos rendimientos.
Fuente: Pulso
