Gobierno uruguayo define si pide nuevas exigencias a la minera Aratirí
Consejo de ministros evalúa pedir más garantías a la empresa extranjera
El Poder Ejecutivo y la empresa de capitales indios Zamin Ferrous (Aratirí) continúan las negociaciones en reserva para firmar el contrato para extraer 18 millones de toneladas de hierro por año durante 20 años. Si bien las condiciones del acuerdo deben atender lo que establece la ley de minería de gran porte aprobada por el Parlamento en 2013, el gobierno analiza más exigencias a la firma extranjera, dijeron a El Observador fuentes oficiales. Las condiciones adicionales que estudia el presidente José Mujica pueden estar relacionadas con la garantía de mantenimiento de oferta o con en el plan de cierre de las minas, especulaban ayer fuentes de la negociación.
El mandatario adelantó para hoy miércoles la reunión del consejo de ministros prevista para el lunes 10 de marzo, a fin de plantear el tema en ese encuentro. Mujica cambió el día del gabinete para poder viajar a la asunción de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet.
Uno de los puntos clave a definir en la letra chica del contrato es el alcance de las garantías que la empresa debe presentar. La ley de minería de gran porte es muy específica en cuanto a ese tema, pero de todos modos deja algún aspecto abierto a la negociación.
El artículo 27 del texto aprobado el año pasado, establece que la empresa debe constituir una garantía “fiel de cumplimiento” del contrato, la cual deberá ser tramitada y presentada antes de la firma del acuerdo. El monto debe ser equivalente a 5% de las inversiones programadas, y será válido tanto un depósito bancario; garantía en deuda pública; póliza de seguros de fianza expedida por entidades aseguradoras autorizadas por el Banco Central del Uruguay; o una fianza o aval bancario. Para el caso de Aratirí esa garantía equivale a US$ 150 millones, ya que la inversión proyectada por la empresa es de US$ 3.000 millones
Desde la empresa informaron a El Observador no haber recibido solicitud extra del gobierno. Una de las fuentes consultadas dijo que toda la negociación gira en torno a la reciente ley de megaminería. La empresa, insistió el informante, procurará que el contrato refleje las disposiciones de la norma.
Otro punto que demanda muchas horas de negociación es el plan de cierre. La empresa debe presentar uno al gobierno, con el que aspira a mitigar los impactos negativos de la extracción de hierro en el medio ambiente. Las acciones a cargo siempre de Aratirí, en este caso, deben comenzar de forma conjunta con los trabajos de extracción. Es decir que no será posible esperar a la finalización de las tareas de extracción para iniciar la recuperación. El Poder Ejecutivo también tiene potestad para exigir una garantía de cumplimiento de ese plan de cierre, equivalente a 10% del total del costo de los trabajados, dice la ley de megaminería. Ese dinero podrá ser utilizado ante posibles incumplimientos de la empresa. En el capítulo del plan de cierre la ley enumera los requisitos, y en su punto “D” deja abierta la puerta a más pedidos del gobierno: “(Podrá solicitar) todo otro requisito que el Poder Ejecutivo estime pertinente en atención a las mejores prácticas disponibles en esa materia”
El plan de cierre es uno de los temas que más preocupa a los activistas en contra de la llegada de Aratirí. Días atrás, en una charla realizada en la facultad de Ciencias Sociales, a la que asistió el gerente de medio ambiente de la firma extranjera, Cyro Croce, detractores del proyecto que juntan firmas para prohibir la minería de gran porte a cielo abierto, cuestionaron las tareas de mitigación al daño provocado por las minas, entre otros aspectos. Croce reconoció que la compañía terminará de recuperar el medio ambiente en 80 años. De todos modos, Aratirí dice que las condiciones mejorarán cuando se termine de aplicar ese plan de cierre. Ello, incluso, fue medido en dinero y, según divulgó el vocero, el medio ambiente sumará valor en US$ 27,6 millones.
Fuente: ElObservador.com.uy
