Revista Nueva Minería

Vivianne Blanlot

Nueva Minería & Energía

Gran parte de la oposición de las comunidades frente a los proyectos se origina en aspectos relacionados con usos alternativos del territorio en actividades económicas diversas. Fenómeno que se acentúa debido a procesos de participación insuficientes

En los últimos meses se ha ido instalando la percepción de que el sector eléctrico chileno está en crisis. Diversos actores aclaran que no se esperan restricciones de suministro, pero sí aumentos de precios. ¿Cabe entonces hablar de crisis en un modelo sectorial en que se espera que el mercado se ajuste a través de los precios? En concreto, se han producido retrasos importantes en las inversiones en generación y transmisión, y al menos para el período 2014-2017 se esperan precios sustantivamente más altos que los ambicionados. Si esos retrasos no son eventos aislados sino la manifestación de factores institucionales difíciles de resolver, entonces podemos hablar de una crisis.

El alto costo de la energía, especialmente en relación a los países que son nuestros competidores naturales, es un problema muy serio para la economía chilena, lo que ciertamente afecta a toda la ciudadanía. Desde que se produjo el desequilibrio por el déficit del gas el sector ha venido confiando en que el ajuste se produciría en el tiempo que tardara reanimar proyectos en base a otras fuentes. Ese tiempo se cumplió, los proyectos están disponibles, pero se han producido trabas para su desarrollo en particular desde 2009 en adelante.

Es fácil asignar la responsabilidad a la acción de grupos ambientalistas, o a reacciones de oposición injustificada de comunidades afectadas directamente por los proyectos, que han judicializado los procesos. Pero el sector ha mostrado tropiezos durante la última década que no pueden ser atribuidos a este tipo de oposición. Corresponde entonces analizar cuáles pueden ser los factores que explican y caracterizan esta crisis. Estos se relacionan con limitaciones en la regulación y gestión ambiental y sectorial, y la gestión social.

En la dimensión ambiental es importante destacar que habiéndose aprobado una reforma al sistema de evaluación ambiental y a su institucionalidad, a más de dos años de la promulgación de la ley aún no se completan las nuevas instituciones. En tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, no ha mostrado ser más claro, ágil, y objetivo, que era lo que se buscaba con la reforma. Esto, a pesar de la intención y esfuerzos de las autoridades de este Gobierno y del anterior.

Adicionalmente, cuando se observa la “ruta del proyecto” en cuanto a los pasos administrativos requeridos para obtener los permisos ambientales y no ambientales, se observa que no sólo diversas instituciones tienen atribuciones sobre los mismos temas, sino que la coordinación es escasa, y existen “loops” que desafían al gestor privado más eficiente. La lentitud en la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales probablemente ha sido un factor en la actuación de las cortes de justicia que ha provocado polémica en los últimos meses. Finalmente el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que podría ser un actor relevante ante diferencias sobre las resoluciones ambientales, no es percibido como tal por la ciudadanía.

Respecto a la regulación y gestión sectorial se debe reconocer que el sector se ha hecho más complejo y la regulación no se ha adaptado oportunamente. Ejemplos de ello son las demoras de varios años en la dictación de los reglamentos de las leyes aprobadas el 2004 y 2005; las fallas en la planificación e implementación de la expansión de la transmisión; y la siempre postergada reforma de los CDEC para lograr su independencia y mejorar sus capacidades. Las causas de estas fallas y demoras no se encuentran en un déficit de inteligencia o voluntad políticas, sino en la estructura y forma de operación del Estado que le dificultan crear capacidades de planificación estratégica sostenibles en el tiempo, que prioricen, visualicen adecuadamente las tendencias e identifiquen tempranamente los déficits regulatorios.

Por Vivianne Blanlot,ex miembro de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, CADE