Revista Nueva Minería

Se anunció como un gran acuerdo en 2018, se transformó en un plan en 2019, y hoy ya tiene algunos resultados concretos que mostrar. Sin embargo, el plan de descarbonización sigue siendo materia de controversia y debate por sus plazos, la voluntariedad de su ejecución, los desafíos técnicos que plantea y por otros temas que quedaron fuera del acuerdo.

Por Joaquín Ruiz
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Cinco años han pasado desde que se anunciara oficialmente el acuerdo que planteaba un camino para descarbonizar la matriz eléctrica del país, lo que suponía dejar de construir centrales a carbón y cerrar en forma gradual las aún en operación para reemplazarlas por tecnologías limpias.

“Gracias a un acuerdo con las empresas generadoras, damos un paso más hacia un desarrollo descarbonizado” decía la entonces Presidenta Michelle Bachelet, al anunciar en enero de 2018 la iniciativa que fue consensuada con las principales empresas generadoras.

Un año después, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el acuerdo se convirtió en un plan que fijaba la descarbonización de la matriz para el año 2040 y que Chile sería un país carbono neutral en 2050.

¿Cuánto se ha progresado desde entonces?

Avances y críticas

“Hemos avanzado” dice Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, al destacar el cierre de varias centrales, fruto de un acuerdo que califica como “inédito para un país emergente”.

“En lo fundamental, hemos ido reduciendo el volumen de carbón en la matriz. Si el año 2017 el carbón representaba el 40% de la matriz en términos de generación, el año pasado ya bajó al 23%”, destaca el representante de las generadoras.

Sin embargo, desde organizaciones ambientalistas han criticado el plan, principalmente por los plazos que plantea.

“(El plan) fue sin duda una buena señal en el proceso hacia la COP 25 sobre Cambio Climático que se iba a celebrar en Chile ese año (2019). No obstante, fue excesivamente laxo en términos concretos, ya que sólo comprometió el cierre de las centrales por sobre 40 años de operación. El resto se dejó a discusiones futuras, cada 5 años y a voluntad de los incumbentes. Y peor aún, se creó un subsidio denominado Estado de Reserva Estratégica (ERE) al que podían acogerse las empresas que anunciaran cierre, por lo cual el sistema eléctrico les debería pagar 60% del costo por potencia durante los primeros 5 años de su retiro”, asegura Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.

Si bien la italiana Enel adelantó el cierre de sus tres carboneras, retirando la última en septiembre de 2022, y Engie cerró sus 4 plantas antiguas a carbón en Tocopilla, comprometiendo cerrar o reconvertir el resto de sus termoeléctricas al año 2025, desde Chile Sustentable critican que las otras compañías que operan centrales termoeléctricas no han mostrado avances significativos.

Para Sara Larraín, “no hay liderazgo del Ejecutivo sobre el programa de descarbonización; el Coordinador Eléctrico ampara el incumplimiento del ERE y peor aún, continúa priorizando el despacho del carbón en la operación del sistema eléctrico, dando pésima argumentación sobre seguridad del sistema, lo cual pretende seguir haciendo, según indica en su informe sobre seguridad para 2023”.

Por su parte, Andrés Díaz, director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable (CEDS) de la Universidad Diego Portales (UDP), si bien valora el “esfuerzo de coordinación de múltiples sectores”, señala que se deben tener en cuenta dos aspectos claves para asegurar una transición segura a la carbono-neutralidad.

“En primer lugar, necesitamos una estrategia clara de electrificación a todo nivel, lo que nos permitirá evaluar qué sectores son en efecto electrificables y cuáles no. En segundo lugar, la creciente oferta de energía renovable en el norte grande y la gran concentración de demanda en la zona central del país requiere un aumento en la capacidad de transporte de energía. No podemos poner en riesgo la estabilidad del sistema de transmisión, pues esto implicaría poner en riesgo a todos los usuarios”, advierte el académico de la UDP.

Plazos: ¿se pueden adelantar?

Desde que se anunció el acuerdo, diversos actores han planteado la necesidad de acelerar la implementación del plan. Sin ir más lejos, la Política Energética Nacional actualizada el año pasado al inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, señala que se trabajará “para generar los espacios que permitan retirar y/o reconvertir totalmente las centrales a carbón al año 2030”.

¿Es posible adelantar esa meta? “Más que poner un plazo, el desafío hoy es poder hacerlo. Es decir, cómo hacemos para que el plan de retiro del carbón pueda materializarse”, dice Claudio Seebach, junto con plantear una serie de “condiciones habilitantes” que, según el gremio de las generadoras, son necesarias para implementar el plan.

El primero de estos desafíos es reemplazar con fuentes renovables la energía que se dejará de producir con las centrales que se retiren, que deberá ser al menos tres veces la capacidad inicial que tenía el carbón (5.000 MW), además de las necesarias inversiones en almacenamiento por las limitaciones que tiene la energía solar y eólica.

Otra “condición habilitante esencial” para el gremio es contar con las líneas de transmisión, además de acelerar los permisos ambientales de los proyectos renovables “sin rebajar los estándares ambientales”; el diálogo temprano con las comunidades, y un nuevo diseño del mercado eléctrico para integrar adecuadamente las energías renovables, que, por su naturaleza, son variables.

Pero antes de hablar de nuevos plazos, el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Héctor Chávez, advierte que aún subsisten dudas sobre la flexibilidad técnica y económica que se requiere para el sistema eléctrico. “Temas como la falta de inercia síncrona para mantener la estabilidad dinámica del sistema y la falta de suficiente transmisión para evitar los desplomes de precios en las barras predominantemente solares del norte grande son temas que aún no tienen una respuesta clara de aquí al 2040”, explica el académico, quien también dirige el Centro de investigación en Sistemas de Energía Sostenibles (C-SES) de la Usach.

Desde el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP destacan que hay otro punto clave que “no ha sido relevado como corresponde” y que tiene que ver con el ordenamiento territorial. “Las comunidades aledañas a los proyectos de generación y transmisión deben sentirse integradas, y no afectadas por este proceso de descarbonización de la matriz energética. Lo mismo pasa con la infraestructura existente que quedará fuera de operación. ¿Cuál es la estrategia? ¿Abandonarla? ¿Es posible aprovechar parte de la infraestructura en soluciones renovables?”, se pregunta Andrés Díaz.

Con todo, desde Chile Sustentable insisten en que es necesario adelantar los plazos. “Estamos en ‘stand by’, y con grave riesgo de retroceso si no se equiparan las regulaciones de mercado que hoy benefician a la generación fósil, si no se corrige y flexibiliza la operación del sistema eléctrico, si no se tarifica adecuadamente el almacenamiento y no se adelanta por ley al 2030 el retiro de las centrales a carbón”, dice Sara Larraín.

“Además, la ‘descarbonización del sector eléctrico’ se asocia al carbón (…). Pero no incluye el retiro del gas y del petróleo en la generación eléctrica para los cuales debieran establecerse escenarios de retiro también, idealmente al 2035, como recomienda la Agencia Internacional de Energía para países de economías avanzadas de la OECD”, agrega la directora de Chile Sustentable.

Una política pública implementada con cambios regulatorios también es el camino que propone Héctor Chávez para lograr la carbono-neutralidad. “Como en todo cambio substancial como este, siempre habrá sectores incomodados, pero la autoridad política es aquella que debe poseer la más alta preparación técnica para sobrellevar estas dificultades con cambios regulatorios que logren la aceptación de una mayoría razonable en el sector”, explica el director del C-SES.

Temas pendientes

Sin embargo, desde la industria advierten que uno de los grandes desafíos a abordar es la capacidad del Estado. “Tiene que actualizar su capacidad en el contexto de la transición energética”, dice Claudio Seebach, poniendo como ejemplo que hace 20 años, el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recibía entre tres y cinco proyectos de generación eléctrica al año. “Hoy recibe más de 300 al año”, apunta el dirigente gremial.

En tanto, desde el CEDS señalan que “la conversación ha estado muy centrada en generación y transmisión”, pero extrañan un énfasis en otras materias como la eficiencia energética y el ordenamiento territorial, dos aspectos que consideran “claves”.

“La descarbonización no es solo cerrar centrales, generar y transportar la energía, es electrificar un país completo (…). En ese sentido es fundamental ampliar la mirada a una evaluación de sustentabilidad integral basada en los objetivos de desarrollo sustentable que define la ONU, donde la eficiencia energética, emisiones, control de residuos, uso del recurso hídrico y el impacto sobre la biodiversidad, son los puntos centrales de una industria responsable y sustentable”, detalla Andrés Díaz.

Por su parte, Héctor Chávez advierte que se necesita tanto de la autoridad como de las metas políticas “una profundidad técnica más robusta en cuanto a detallar los problemas que hoy nos separan de la carbono-neutralidad y de cómo los vamos a abordar”.

Para Chile Sustentable, el problema está en que el plan de descarbonización no está acompañado de una política pública, mientras que la regulación vigente “no es coherente con la descarbonización, no la facilita y es más bien un obstáculo”, según afirman.

Chile Sustentable también plantea que se debe incrementar el monto del impuesto verde al CO2 y contaminantes locales y que se reformen las condiciones de mercado (incluyendo una adecuada tarificación del almacenamiento); y las que tienen que ver con la operación del sistema (incluyendo mínimos técnicos y gas inflexible); que debe considerar “flexibilidad, automatismos y criterios de despacho dado que estructuralmente será un sistema en base a fuentes variables”, concluye Sara Larraín.