Revista Nueva Minería

En un documento distribuido entre los diputados de la comisión de Minería, el gremio apunta a que las firmas que operan en el país están sobre el promedio que aportan las faenas en el mundo, sumando los demás gravámenes a los que están afectos.

Un extenso documento con argumentos en contra del proyecto de ley de royalty minero fue el que distribuyó durante los últimos días el Consejo Minero entre los miembros de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. En ese informe se enfrentan los principales ejes del proyecto de ley que será votado hoy por dicha comisión, luego de ser suspendido en enero. Así, se explica que si bien actualmente las empresas del sector no están afectas a un royalty propiamente tal, el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) en la práctica, sí lo es.

“Se trata claramente de una exigencia del Estado para compensar el menoscabo patrimonial por la explotación de sus recursos minerales no renovables, exigido a quien se beneficia de esta actividad minera y siendo esta posibilidad de beneficiarse una contraprestación directa que recibe el individuo”, apuntan en el informe, en el que se definen las diferencias entre un impuesto común, y el royalty. Según agregan, fue en 2004, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, cuando se ingresó un proyecto de royalty, el cual no contó con los votos suficientes para modificar la ley de concesiones mineras, que exige quórum calificado, por lo que meses después se ingresó una iniciativa similar, el IEAM.

Basados en un estudio realizado el año pasado por la propia Biblioteca del Congreso, desde el gremio minero señalan que existen varias formas para colocar un royalty sobre las utilidades de una empresa, por lo que apuntan a que se deben tomar en cuenta otras obligaciones financieras de las firmas, además de las inversiones que realizan. “No por corresponder el royalty a un pago por la explotación de un recurso natural no renovable, su cálculo debe relacionarse necesariamente con la extracción, y no con la venta o utilidad”, comentan en el informe, defendiendo el sistema que existe actualmente en el país.

Uno de los argumentos de los impulsores del proyecto de ley es que el gravamen debe ser a las ventas de las empresas, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, en que se considera el margen operacional de cada faena.

Carga total

El otro eje del documento del Consejo Minero distribuido entre los diputados, tiene que ver con la totalidad de los impuestos que pagan todos los años las empresas del sector. En esta línea, según un estudio que encargó el gremio a EY, se destaca que las mineras en Chile cuentan con una carga tributaria total en torno al 43%, siendo superada solamente por Australia. Advierten desde el Consejo que si bien este tipo de medición puede cambiar según las variables que se tomen en cuenta para su realización, las mineras locales están por sobre la media mundial “No se debe analizar el monto del royalty individualmente considerado, sino que también deben tenerse en consideración, al menos el impuesto de primera categoría y los impuestos finales.

Más aún, respecto de los gravámenes anteriores, debe tenerse en cuenta que sus tasas no son el único factor que determina la carga tributaria total que pesa sobre una empresa minera”, apuntan en el documento. Con todo, el proyecto aún tendrá que enfrentar un largo camino en el Congreso, ya que la gran duda que ha existido durante su tramitación tiene que ver con la constitucionalidad del articulado, ya que la creación de gravámenes es materia exclusiva del Poder Ejecutivo. En lo que sí existe mayor consenso es en una nueva redistribución de dichos fondos, buscando elevar los aportes a las regiones en donde operan las mineras.

Fuente: El Mercurio