Revista Nueva Minería

Pese a que recién lleva un año de implementación, ya se han comenzado a hacer los primeros balances acerca del impacto de esta política medioambiental y tributaria, la cual en 2017 recaudó más de US$190 millones.

Por Nicolás Rojas

Revista Nueva Minería y Energía

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Hace prácticamente cuatro años, a fines de septiembre de 2014, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgaba la reforma tributaria. En una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda con los principales representantes del empresariado de ese entonces, el debate estuvo marcado por las normas para evitar la elusión de impuestos, los mecanismos de recaudación, y si es que efectivamente esta nueva ley iba a contribuir a solucionar los problemas de desigualdad del país.

Durante mucho tiempo se levantaron voces en oposición y apoyo a la reforma, discusión que estuvo centrada también en el incentivo a la inversión. Pero se habló poco del Impuesto Verde, una carga impositiva que afecta a las industrias que generan contaminación, gravando la emisión de contaminantes en el aire como el CO2 o el material particulado.

El año pasado, tras su primer año de implementación, este impuesto logró recaudar US$ 191,3 millones. De acuerdo a la Superintendencia del Medio Ambiente, el 94% de este gravamen fue pagado por generadoras eléctricas, mayoritariamente centrales a carbón, seguidas por sectores como la celulosa, agrícola y pesca.

¿Cómo funciona?

Cristián Franz es un abogado que ha participado de diversos estudios y proyectos relacionados al medio ambiente, siendo además asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coordinador ambiental del Consejo Minero de Chile; entre otros cargos. Él es de las pocas autoridades que ha tenido relación directa con el Impuesto Verde desde su génesis, pues se desempeña como Superintendente del Medio Ambiente (SMA) desde el gobierno anterior.

“La SMA durante 2017 diseñó e implementó el Sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación) para impuesto verde, lo que se tradujo en la publicación de los instructivos técnicos correspondientes y el desarrollo de un sistema informático acorde a las necesidades del gravamen (Sistema de Impuesto verde). Este desarrollo contó con la participación de los regulados, los que a través de diversos talleres pudieron interiorizarse de las condiciones y obligaciones técnicas que debían cumplir”, explica Cristián Franz.

“El mismo Sistema de Impuesto Verde recibe la información reportada y calcula las emisiones de los establecimientos regulados, permitiendo también el reporte de las mismas al SII, agilizando todo el proceso, ya que el traspaso y análisis de la información se realiza informáticamente. Este sistema aún sigue en desarrollo y se le agregarán nuevas funcionalidades que permitirán agilizar y focalizar todo el proceso de fiscalización de la SMA, sobre este gravamen”, complementa.

Balance

Pese a que recién lleva un año de implementación, por lo que es muy pronto para sacar conclusiones, ya se han comenzado a hacer los primeros balances acerca del impacto de esta política medioambiental y tributaria.

El mismo Cristián Franz asegura que desde la Superintendencia “realizamos una evaluación positiva respecto de la implementación del impuesto verde, esto desde dos puntos de vista. Desde el ámbito de la implementación de un sistema que ha permitido a la fecha contar con la información necesaria para realizar el cálculo de emisiones, y un segundo ámbito que nos muestra que, habiendo realizado la ejecución de este sistema de cara a los titulares, se logró generar información representativa y robusta de dichas emisiones”.

Para lograrlo, explica que se hizo un trabajo minucioso en donde se realizaron más de 14 talleres a las empresas que iban a ser afectadas para explicar cómo medir y cargar los datos para los reportes; lo que favoreció el pago oportuno de los contribuyentes dentro del plazo establecido.

Por su parte, desde Fundación Terram, el economista e investigador Gary González, valora el hecho de que con la llegada de los Impuestos Verdes “se ha incorporado un nuevo instrumento de gestión ambiental –en este caso económico- a nuestra institucionalidad”, lo que, a su juicio, ayudaría a combatir la contaminación en localidades como las denominadas “zonas de sacrificio”.

“Esto es algo que se agradece y creemos que apunta en el sentido correcto. Sin embargo, este solo instrumento no es la solución a los problemas y debe ser parte de una batería de instrumentos de gestión”, agrega Gary González.

Cosas por mejorar

Parte importante de la matriz energética de Chile proviene de los combustibles fósiles, lo que explicaría que sólo las empresas generadoras eléctricas hayan pagado casi US$180 en 2017 por concepto de Impuesto Verde. Sin embargo, Gary González cree que hay que realizar algunas mejoras, pues “el costo del impuesto no está afectando la decisión de operación de centrales al momento del despacho”.

El Impuesto Verde es una carga impositiva que afecta a las industrias que generan contaminación, gravando la emisión de contaminantes en el aire como el CO2, el material particulado, entre otros.

La ley permite que el coordinador de la operación del sistema no considere los costos del impuesto al elaborar la planificación óptima de la operación, por lo que puede generar que una unidad a carbón ingrese primero al sistema que una a gas o una proveniente de ERNC. Esto, en la opinión del investigador de Fundación Terram, “finalmente repercute en que se termina generando electricidad en base a energías sucias, con costos finales más altos (ya que incluyen el valor del impuesto verde) y, aun peor, con enormes costos socioambientales”.

Si bien los impuestos en términos económicos siempre se aplican una vez ocurrida la externalidad, para el caso del impuesto verde, desde Fundación Terram ven con preocupación que este pueda no restarle competitividad a las centrales contaminantes, y como consecuencia, no exista una reducción efectiva de las emisiones.

Según explica el economista, este tipo de impuestos busca valorizar en términos económicos las externalidades ambientales, dejando a los privados la decisión de aumentar su carga impositiva y seguir como están, o reducir las emisiones para pagar menos impuestos.

Sin embargo, “en la práctica este impuesto no refleja los costos socioambientales generados por las termoeléctricas a nivel local. No se está incidiendo como se debiese en el comportamiento de las empresas contaminantes, lo que por una parte no ayuda a reducir las emisiones, ni desincentiva la operación y menos aún el cierre de las centrales más contaminantes”, indica González.

Chile fue el primer país de Latinoamérica en implementar un impuesto de estas características, y los entrevistados coinciden en que se trata de una iniciativa positiva que, sin duda, requiere de los afinamientos normales que cualquier cambio de esta magnitud conlleva.