Revista Nueva Minería

La operación de State Grid sobre CGE genera distintas visiones. Pero no cabe duda que refleja el peso de China en la economía chilena. Una influencia donde hoy los ojos están puestos en los riesgos geopolíticos que podría conllevar esta “mega” inversión.

Por Daniela Tapia
Revista NME
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Fue a mediados de noviembre cuando se dio a conocer una noticia que remeció al mercado eléctrico nacional.

La gigante china State Grid International Development Limited (SGIDL) acordó la compra del 96% de la chilena Compañía General de Electricidad (CGE) por US$3.039 millones. Aunque la operación completa considera una valorización del activo de más de US$5.100 millones, sumando capital y deuda, ya que State Grid asumirá los pasivos que mantiene a la fecha CGE.

De concretarse la operación en febrero de este año, State Grid se convertirá en el mayor actor del sector de distribución eléctrica en Chile, con más de la mitad de los clientes. La misma empresa, de hecho, compró Chilquinta en US$2.230 millones.

Pero la apuesta de la firma de origen chino no es aislada. Muchas otras empresas de este país han penetrado en Chile en los últimos años. Y todo indica que la tendencia continuará.

Para poner en contexto, China es hoy, justo a 50 años de establecer relaciones diplomáticas con Chile, el mayor socio comercial. En octubre, el 42,5% de las exportaciones chilenas se dirigió a ese país. Además, la inversión china en Chile bordea los US$12 billones, cifra que representa cerca de un 9% de la inversión extranjera directa materializada en el país.

“A ello se suma que recientemente se estimó que China pasará a ser la primera economía a nivel mundial en el año 2028, esto es, cinco años antes de lo que se esperaba producto del Covid-19, desplazando así a un segundo lugar a la economía estadounidense”, agrega Fernando Araya, co-director del área de libre competencia del Estudio Lewin.

Desde el Ministerio de Energía se refirieron al anuncio de State Grid, destacando la importancia de que se realicen las inversiones necesarias para entregar un buen servicio a la población.

“Estamos modernizando el sector energía para que los clientes tengan un mejor servicio y se beneficien de los avances tecnológicos, como las energías limpias y la descarbonización de nuestra matriz. Esperamos que los inversionistas que vengan a nuestro país tengan una visión de largo plazo”, dijo el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, a Revista NME.

Pero la noticia también despertó controversias en torno a la ampliación de los intereses del gigante asiático en Chile. Muchos, en este sentido, alzaron la voz respecto al poder que un solo país está adquiriendo en la economía chilena, además del nivel de independencia real de las empresas privadas chinas respecto a su Estado.

Margarita Norambuena, investigadora del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa María, ratifica este punto y advierte que existe un riesgo.

“Es cierto que llevamos años con españoles, italianos, estadounidenses, entre otros inversionistas. El problema aquí es que se trata de una empresa china, la cual funciona directamente dependiente del Estado de China y eso repercutirá en la presión que puede ejercer este país, de una u otra forma, sobre Chile”, dice la investigadora.

Una opinión contraria tiene la abogada y socia de ZeBra Energía, Carolina Zelaya, quien afirma que Chile no entregará soberanía debido a la inversión de una empresa china, “por muy grande y estatal que sea”, enfatiza. “Chile tiene su institucionalidad y las normas legales que salvaguardan cualquier riesgo que se llegara a detectar”, añade.

Libre competencia bajo la lupa

A estas opiniones se suman las reacciones que ha generado el hecho de que la operación de State Grid sea analizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Ello ante los efectos de una posible concentración de mercado y aspectos de libre competencia.

En opinión de Carolina Zelaya, la institucionalidad chilena en general, y en particular en materia energética, ha sido tradicionalmente estable, con regulaciones eficaces sobre todo en materia de monopolios naturales, como lo es la distribución eléctrica en Chile.

“No debemos olvidar que las tarifas o precios regulados en materia de distribución eléctrica son fijados por la autoridad, esto es, por el Ministerio de Energía”, asevera la abogada.

Mientras que Fernando Araya hace hincapié en que todas las empresas controladas directa o indirectamente por la matriz de State Grid, serán consideradas como un único grupo, en el análisis de competencia por la FNE.
Cabe mencionar que SGIDL, la probable futura dueña de CGE, forma parte de la empresa estatal china State Grid Corporation of China, firma que ya tiene participación indirecta en Chile en Transemel y Electrogas. Además de SGIDL, otras empresas estatales chinas tienen participaciones directas o indirectas en compañías eléctricas chilenas, tales como Transelec y Pacific Hydro.

Al respecto, el abogado explica que la operación State Grid-CGE implica una concentración propietaria (no necesariamente de mercado) en distribución, pero también conlleva aspectos verticales en transmisión y generación dada la presencia de CGE y de las empresas estatales chinas, relacionadas a SGIDL, en dichos segmentos.

“La regulación sectorial vigente previene algunos de los principales efectos anticompetitivos que podrían generarse por la operación. Sin embargo, hay iniciativas regulatorias actualmente en discusión que buscan inyectar competencia en el sector (por ejemplo, el proyecto de ley de portabilidad eléctrica) que debieran tener en cuenta la nueva estructura de la industria y, eventualmente, introducir resguardos adicionales que aseguren que los propósitos pro-competencia contenidos en dichas iniciativas, no se vean frustrados”, manifiesta Araya.

En cuanto al informe realizado por la FNE sobre la adquisición de Chilquinta, el organismo señaló que en esa ocasión no solo consideraron la participación de State Grid en el sector eléctrico nacional, sino que las participaciones que tuviese cualquier miembro de su grupo empresarial. Es decir, cualquier empresa de nacionalidad china, que fuera controlada por la comisión denominada SASAC, que es la comisión para la supervisión y administración de activos estatales del Estado chino.

Otro punto que podría ingresar al análisis, con una óptica de mediano plazo, es qué ventajas podría lograr State Grid al tener CGE y Chilquinta de cara a la creación de la figura del comercializador, donde además de tener un volumen de información relevante de clientes, deberá salir -dependiendo cómo quede la legislación- a captar o retener clientes.

En relación a este ítem, en el Ministerio de Energía hacen la salvedad que la reforma a la distribución en curso considera un ente de gestor de información para mejorar la competencia. Pues solo así -dicen- las empresas podrán competir por retener y captar nuevos clientes con promociones o planes acorde a la información del mercado.

Desde este punto de vista, María Isabel González dice que efectivamente State Grid tendrá la ventaja de contar con bastante información, pues la cantidad de clientes que atienden CGE y Chilquinta es muy amplia, no obstante muy similar a la información con que contaría Gas Fenosa, en caso de continuar en CGE.

“Eso sí, el negocio de distribución debiera ser solo la explotación de las instalaciones a través de los peajes respectivos. Las distribuidoras no debieran ser comercializadoras”, resalta la ejecutiva como un factor a tomar en cuenta.

Ahora bien, en lo que concuerdan algunos expertos es que la regulación eléctrica indica qué es lo que se puede y no se puede hacer en materia de integración vertical.

Sin embargo, desde hace un tiempo que el gobierno estudia modificar el artículo 7° de la Ley General de Servicios Eléctricos, el cual busca evitar la integración vertical en el sector.

A juicio de la gerente general de Energética Consultores, no es un problema que distribuidoras y transmisoras se integren, pues ya lo son en transmisión zonal.

“En definitiva, ambos rubros son un negocio financiero y de fierros. State Grid no está entrando en generación. Asimismo, existe acceso abierto a los sistemas de transmisión, por lo que no es relevante la integración vertical hoy en día”, dice la ejecutiva.

Asimismo, la abogada de ZeBra Energía comenta que no es imprescindible ni necesario establecer una prohibición legal absoluta de integración vertical para regular, fiscalizar y, eventualmente, sancionar conductas entre actores de una cadena productiva que puedan causar efectos anticompetitivos.

“Son varias las instituciones y herramientas contempladas por la Ley que resguardan los riesgos de prácticas anticompetitivas, y que permitirían modificar el artículo 7°. Opino que se debiera reemplazar la prohibición de que las empresas de giro exclusivo de transmisión nacional participen en los segmentos de generación y distribución, por una regulación clara y equilibrada en relación a los otros segmentos que sí pueden participar en transmisión, y que dé certeza y sea compatible con el sistema interconectado que tenemos”, argumenta Zelaya.

Ámbito estratégico

Aunque el mercado eléctrico es intensamente regulado, ante la operación de State Grid varios actores de la industria han advertido que el sector energético debiera ser un ámbito estratégico reservado a los nacionales.

Países como Estados Unidos y Australia, por ejemplo, han creado una institucionalidad separada para evaluar inversiones extranjeras.

Se trata de los Investment Boards que aprueban o rechazan inversiones en relación a la seguridad nacional, particularmente en áreas como comunicaciones (caso Huawei y 5G), software y tecnología militar. Chile, por cierto, no cuenta con este tipo de institucionalidad. No obstante, se estaría estudiando incipientemente aplicar algunos filtros para futuras operaciones determinadas.
En este sentido, los diputados Miguel Mellado (Renovación Nacional) y Jaime Naranjo (Partido Socialista) presentaron al Congreso Nacional una moción mediante la cual buscan reglamentar y establecer exigencias para las inversiones estatales de otros países en industrias consideradas como estratégicas.

La iniciativa apunta a establecer una regla formal de habilitación, a través de una ley de quórum calificado, en aquellos casos en que un Estado extranjero adquiera la propiedad de aquellas empresas, independiente de su naturaleza jurídica, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

“La inversión en el área eléctrica de State Grid es preocupante, porque es estratégica y tendrá la información de 4 millones de clientes. Esta no es una acción contra el Estado chino, sino contra cualquier Estado, no es una ley anti inversiones, porque no hablamos de los privados, pero es muy distinto cuando otro Estado invierte como tal, como lo hace China. Eso debe quedar regulado”, indicó el diputado Jaime Naranjo en entrevista telefónica con Revista NME.

El parlamentario señaló -al cierre de esta edición- que el proyecto de ley se encontraba en la Comisión de Economía y dentro de las próximas semanas deberá pasar a la Comisión de Constitución.

“Lo más importante es que el tema se puso en el debate. No podemos dejarlo en un vacío legal a través de una norma constitucional. Debemos regular esta materia, porque atañe a la seguridad nacional”, aseguró.

Con pros y contra, los expertos consultados coinciden en las oportunidades que podría traer esta “mega” inversión.

Así lo cree la investigadora de la U. Federico Santa María, quien destaca que dentro de las ventajas que traería la operación de State Grid sobre CGE, en caso de concretarse, es que el país contaría con un gran agente que entraría al mercado eléctrico, lo que generaría sinergias de escala y reduciría los costos.

El capítulo de la gran inversión de la compañía china está abierto. Pero no cabe duda que refleja el peso de China en la economía chilena. Una influencia donde hoy los ojos están puestos en los riesgos geopolíticos que podrían implicar estas grandes operaciones. Tema que seguirá en la palestra pública.