Revista Nueva Minería

Desde septiembre el Primer Tribunal Ambiental tramitaba un recurso de reclamación de comuneros, que cuestionaban la aprobación del proyecto Parque Eólico Calama. Luego de que las inquietudes fueran acogidas por la empresa, la asociación decidió desestimar su reclamación.

Por Cristián Venegas, desde Calama
Revista Nueva Minería y Energía
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En diciembre de 2018 la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta (CEA) aprobó por unanimidad el proyecto Parque Eólico Calama de la estatal francesa Engie, que considera la construcción de 36 aerogeneradores que inyectarán 460 Gwh anuales al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Sin embargo, el 29 agosto de 2019, la Asociación Indígena de Agricultores y Regantes de Chiu Chiu (Asachi) presentó una reclamación contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ante el Primer Tribunal Ambiental, por la resolución que calificó favorablemente el proyecto, ya que, a juicio de los comuneros, no consideraba sus observaciones.

¿Qué sucedió? Finalmente, las inquietudes de Asachi fueron acogidas por la multinacional, lo que llevó a la asociación a desistir su reclamación. Esta decisión fue aceptada por el SEA como parte reclamada, y por Engie, como tercero coadyuvante; dando luz verde al proyecto que involucrará una inversión de US$200 millones.

Al respecto, el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, precisa que el desistimiento es una posibilidad que está establecida en la legislación, “donde se estipula que en cualquier estado del juicio el demandante podrá desistirse de ella, escuchando el parecer de las demás partes. Este desistimiento presentado ante el Primer Tribunal Ambiental, al haber sido aceptado por el SEA y la empresa, fue acogido por el ente colegiado”.

Acuerdo entre las partes que fue alcanzado solo semanas después que el tribunal, encabezado por Oviedo, junto a los ministros Marcelo Hernández y Juan Opazo, se constituyera en los sectores Santa Marta y Santa Margarita, cercanos a Chiu Chiu, para verificar el lugar exacto de emplazamiento y la aplicación que los reclamantes hacían del material que extraen de este lugar.

Controversia

De acuerdo a lo informado por el tribunal, en el documento presentado por Asachi, las comunidades de la etnia Aymara y Atacameña manifestaron sentirse afectadas por el impacto que el proyecto produciría en su actividad agrícola, lo que no solo decía relación con el uso de rutas que utilizan para la comercialización de sus productos, sino también porque se emplazaría en una zona en la que se realiza la extracción de barro que usan para la agricultura y para las construcciones de pircas y corrales.

La asociación indígena indicaba, además, que no se consideraron las observaciones que en su oportunidad realizaron y que se ha “obviado toda la vinculación y significación que le dan los indígenas al territorio, que va más allá de su proximidad medible, sino más bien relacionadas con el uso que hacen de ella”.

En la reclamación interpuesta ante el órgano colegiado, también se argumentaba que “el lugar donde se emplaza el proyecto constituye una zona de uso ancestral dedicada a la extracción de barro (situación reconocida expresamente por el titular del proyecto), cuya existencia y continuidad de uso debe ser garantizada por el Estado de Chile más allá de un proyecto en particular”.

Consenso

Los alcances del acuerdo entre los comuneros y la empresa energética -que en Chile desarrolla una cartera de proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica por 1.000 MW y US$1.000 millones de inversión-, se han manejado con bastante reserva. De hecho, la compañía no quiso referirse al desestimiento de Asachi, pues referirse a procesos judiciales no es política de la empresa.

Por su parte, el presidente de la asociación agrícola, Jaime Sarapura, explicó que “teníamos una reclamación por la cantera de barro, pero llegamos a un consenso y hoy no tenemos inconveniente. Fueron los peritos a ver la ubicación, las canteras a las que se les haría un daño, que no era mucho, pero además estaban haciendo un trabajo dentro del territorio que tenemos solicitado”.

“Era un paso donde ellos están trabajando y nosotros cruzamos justamente por ese sector y nuestra preocupación era que nos cerraran la pasada, pero se fue conversando y hubo consenso. Vinieron sus peritos y sus abogados y nos resolvieron las dudas”, agregó el dirigente sobre la decisión de desistir.

Asociatividad

Consultado el seremi de Energía de Antofagasta, Aldo Erazo, respecto del acuerdo alcanzado entre los agricultores de Chiu Chiu y Engie, señaló que es una “muy buena noticia”, pues, para el gobierno el desarrollo energético debe ser integral y sostenible.

“Precisamente los resultados obtenidos en este caso es lo que como ministerio de Energía promovemos a través del Plan +Energía, el cual busca que se genere un relacionamiento temprano con las comunidades, se garantice el cuidado del medio ambiente y el respeto a las visiones de los distintos habitantes del territorio”, dijo.

La autoridad, quien explicó que el Plan +Energía orienta a los titulares de los proyectos, agregó que el ministerio busca que las iniciativas energéticas “generen valor compartido y asociatividad con las comunidades donde se insertan, velando para que se desarrollen en forma participativa, transparente y con una mirada de largo plazo, identificando qué dificultades y desafíos enfrentan, y trabajar en las medidas que se requieren para velar que dichos proyectos se puedan materializar correctamente, respetando tanto a las comunidades como el medio ambiente”.

Previo a la desestimación de su reclamación, las comunidades de la etnia Aymara y Atacameña manifestaron sentirse afectadas por el impacto que el proyecto de Engie produciría en su actividad agrícola. (Foto: John Yevenes)

El proyecto

El Parque Eólico Calama, que se suma a las plantas Calama A y Calama B, también de Engie, se ubica a 12 kilómetros al este de la ciudad, en la ruta 23-CH que la conecta con San Pedro de Atacama. La iniciativa contempla la construcción y operación de instalaciones que producirán e inyectarán aproximadamente 460 GWh anuales de energía renovable no convencional (ERNC) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La superficie total del proyecto alcanza 1.789 hectáreas, en la que se instalarán 36 aerogeneradores de hasta 4,5 megawatts (MW), con una altura de 94 metros y con un diámetro de aspas de hasta 145 metros. Obras que involucran también la construcción de 21,40 kilómetros de caminos internos, canalizaciones subterráneas y construcción de fundaciones para aerogeneradores, entre otras obras.

Se espera que el proyecto, que además considera la construcción de una subestación elevadora que evacuará la energía del parque al SEN, tenga una potencia instalada de 162 MW cuando entre en operación a mediados de 2021.