Revista Nueva Minería

(Foto: Cicitem)

La ausencia de una regulación específica para estos residuos nocivos genera controversia, especialmente por el tratamiento de los pasivos ambientales ya abandonados. ¿Qué hacer y quién se hace cargo?

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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La manera en que se desarrolla el país, de la mano de una economía que crece –no obstante el menor ritmo de los últimos años-, habla de una forma de progreso en el que parece no haber tiempo para detenerse. Pese al menor dinamismo de los mercados mundiales, Chile continúa extrayendo sus recursos naturales que le permiten sumar cifras azules a la hora de sacar cuentas.

En este contexto, la minería figura como una de las actividades económicas más importantes. De manera histórica, este sector extractivo ha entregado cuantiosas regalías al país, pero también ha marcado huella en el medio ambiente.

Los altos impactos que la actividad ha dejado en su entorno, se han transformado en una grave problemática para las comunidades aledañas a estos sitios. Es el caso de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), un tema que aún carece de soluciones concretas.

¿Por qué? Sencillamente, porque actualmente no hay una normativa especial que los regule en forma directa. Si bien el historial de daños ambientales a nivel de agua, suelo y aire producidos por pasivos ambientales mineros no tratados adecuadamente o abandonados es largo, el Estado aún no formula una regulación específica para estos peligrosos residuos.

“La actual normativa solo contiene disposiciones de carácter preventivo, destinadas a disminuir la generación de futuros pasivos ambientales, pero no se hace cargo de cientos de instalaciones, efluentes, emisiones, o depósitos de residuos que históricamente han sido producidos por las operaciones mineras, que actualmente se encuentran abandonados”, explica Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.

Por una política pública

Pese a no existir una regulación que indique qué y cómo tratar los pasivos ambientales, sobre todo aquellos que han sido abandonados, la minería continua operando. Y si bien existe un anteproyecto de ley que pretende regularlos, es poco lo que se ha avanzado.

“Existe una iniciativa legal que aún se mantiene como anteproyecto y que hasta la fecha no ingresa a trámite legislativo. Su objetivo principal es tener instrumentos de gestión para remediar los PAM. El centro de la discusión del anteproyecto de ley es acerca de quién está llamado a remediar los pasivos”, revela Hugo Rojas, subdirector nacional de Geología de Sernageomin.

Mientras este anteproyecto no se convierta en una normativa definitiva, la Ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras es lo más cercano que atañe a las PAM, desde el punto de vista legal. Bajo la lógica “el que contamina paga”, esta ley busca asegurar la estabilidad física y química de los lugares en que se desarrolla la actividad minera.

Para Manuel Viera, gerente general de la empresa consultora Metaproject, pese a que esta ley significa un avance, es imperativo contar con una norma específica para los PAM.

“Chile está muy atrasado en el manejo de pasivos ambientales. La minería nacional está estancada por falta de liderazgo y políticas públicas, porque lo grave es que la política de I&D para fomentar soluciones creativas no existe”, asegura Viera.

Tomando en cuenta este escenario, ¿por qué no se ha materializado una legislación ni institucionalidad adecuada para afrontar este problema medioambiental? En la opinión del abogado de Fundación Terram, si bien el Estado ha dado señales de una mayor preocupación frente al problema, aún está al debe.

“En lo referente a la voluntad de crear una ley de Pasivos Ambientales Mineros, la administración ha sido más bien esquiva, lo que se puede deber a la complejidad y altos costos que significa para el Estado implementar este tipo de normativa. Temas tan complejos como financiar la remediación de los PAM cuando no se puede identificar al responsable, o éste no puede asumir el costo del pasivo, son ejemplos de algunos de los problemas que pueden presentarse”, advierte Ignacio Martínez, de Terram.

Momento de actuar

El año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó un informe de evaluación sobre el desempeño ambiental de Chile en el periodo 2005 – 2015. En este documento, la entidad internacional destaca el fortalecimiento del control de la gestión de los desechos mineros y los pasivos ambientales tras la promulgación de la Ley 20.551.

(Fuente: Elaborado por Fundación Terram, en base a información de Sernageomin)

No obstante, señala que “el aumento que se proyecta alcanzar en la producción minera exige evaluaciones sistemáticas de la contaminación del suelo y del agua resultante de la minería, que en la actualidad son acotadas”.

En este sentido, la OCDE manifiesta su preocupación por lo que ocurre con los pasivos ambientales mineros, enfatizando la necesidad de abordar la situación de los relaves abandonados.

“Si bien, solo hace un año se conoció este informe, hasta ahora no se han hecho públicas acciones del Estado que busquen hacerse cargo de estas recomendaciones (…). Hasta ahora la opción del Estado ha sido externalizar los costos de los pasivos ambientales a la comunidad”, asegura Ignacio Martínez, de Terram.

Respecto a elaborar una política de acción específica para los pasivos ambientales abandonados, el subdirector nacional de Geología de Sernageomin indica que “si la autoridad ministerial considera que el Estado se hará cargo en el futuro de estos depósitos, el rol de Sernageomin debiera ser la revisión, aprobación y fiscalización de los proyectos y obras de rehabilitación, intervención o tratamiento de los mismos, tal como se opera con las faenas mineras”.

Para Manuel Viera, solucionar los PAM abandonados no es tarea fácil, por eso considera que es “tarea de todos” hacerse cargo de los pasivos históricos ambientales que no tienen dueños. Para eso, el representante de Metaproject propone crear un mecanismo solidario para financiar la solución ambiental definitiva de estos pasivos. “Chile está muy atrasado en esto, por eso se debe exigir mejores políticas públicas”, agrega.

Doble desafío

Con propuestas que emanan desde el sector público, privado y ciudadano, existe conciencia del doble desafío que involucra elaborar estrategias y medidas específicas para los PAM, especialmente para los que han quedado abandonados como resultado de la ausencia de acciones concretas que combatan la enorme cantidad de metales pesados alojados en zonas cercanas a comunidades.

De acuerdo a datos de Sernageomin, actualmente existen 92 faenas mineras definidas como pasivos ambientales mineros. El objetivo es que este catastro año a año comience a reflejar la disminución de estos depósitos.

Pero para que esto suceda, se necesita mucho más que una ley. Junto a las políticas legislativas que se puedan implementar, también se debe avanzar en nuevas tecnologías, por ejemplo, para el tratamiento de relaves. La idea, entonces, es implementar nuevos mecanismos, de la mano de la innovación, para “reconvertir un pasivo en un elemento que genere externalidades positivas en materia ambiental”, concluye el representante de Sernageomin.