Revista Nueva Minería

Avance de las estructuras de hormigón del proyecto de oro y plata Cerro Negro, ubicado en la provincia de Santa Cruz. (Foto: José Cartellone, Construcciones Civiles)

Perfilando una hoja de ruta para intensificar las inversiones en la actividad, el gobierno encabezado por Mauricio Macri trabaja en nuevas medidas para convertir al país en una nación de interés para las principales compañías mineras.

Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Movidos han sido los últimos meses para el rubro minero en Argentina. Tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada en diciembre de 2015, la minería ha sido una de las actividades económicas que mayores transformaciones ha experimentado al otro lado de la cordillera.

Atrás quedaron algunas medidas más restrictivas implementadas por el gobierno de la ex mandataria Cristina Fernández, como las retenciones a las exportaciones mineras, para comenzar a escribir una nueva etapa en el sector, caracterizada por una mayor apertura de capitales foráneos.

El objetivo del actual gobierno argentino es claro: potenciar el desarrollo del sector por medio de mayores inversiones en la industria del litio, oro, cobre y plata, principalmente. Para lograr este propósito, el Ejecutivo ha optado por implementar medidas que permitan fortalecer el rubro minero en el corto plazo.

Porque si bien hace poco más de un año que la actividad ha tenido una reactivación en provincias como San Juan, Salta y Santa Cruz, este tiempo no ha sido suficiente para cambiar la percepción negativa que tienen algunos ejecutivos de la industria sobre la minería argentina.

Así lo acredita la encuesta elaborada por el Fraser Institute, que dio a conocer los mejores y peores lugares para las inversiones mineras. Según la opinión de los encuestados, “Argentina sigue siendo el lugar menos atractivo de la región para la inversión minera”, asegura el informe del centro canadiense.

Es por ello que este país tiene una doble tarea. Por un lado, insertar medidas que favorezcan la reactivación del rubro, y por otro, convencer a los principales actores del sector a nivel mundial que Argentina está preparada para dar el vamos a una nueva etapa.

Aires de cambio

Según cifras emitidas por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), en 2016 se instalaron en el país 40 empresas del sector y se invirtieron US$ 150 millones. Sumado a ello, actualmente hay comprometidos US$ 1.145 millones en proyectos mineros en etapa de factibilidad y de exploración, cifra que se espera que alcance los US$ 1.700 millones en 2018.

Con estas perspectivas de crecimiento, el gobierno argentino espera ir por más. Así lo confirmó el ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, en el marco de la exposición internacional Arminera 2017, instancia donde destacó los pasos claves que el Ejecutivo dará en el rubro: la firma del Acuerdo Federal Minero, el Plan de Infraestructura Minera y el Primer Censo Nacional Minero.

“La reorganización institucional que se lleva adelante, conforma la nueva línea de base a partir de la cual los actores públicos establecerán los lineamientos de la minería que Argentina quiere impulsar y desarrollar”, destacó Juan José Aranguren.

En relación al Acuerdo Federal Minero -el cual también será firmado por las autoridades provinciales, empresas y sindicatos-, el ministro ha señalado que lo que se busca es afianzar “una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad”.

Para Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM, “se va por buen camino”. A su juicio, la minería debe ser parte de la estrategia de las “Mesas de Competitividad”, política pública destinada a mejorar las condiciones de competencia de los sectores definidos como “estratégicos”.

Marcelo Álvarez, presidente de la CAEM, en el acto inaugural de Arminera 2017, evento realizado entre el 9 y el 11 de mayo en Buenos Aires. (Foto: Arminera)

Es así como, pese a los problemas que han enfrentado algunas compañías mineras en suelo trasandino (ver recuadro), las expectativas sobre el futuro de la minería son positivas para el gobierno y el sector privado, actores claves del nuevo proceso.

Litio con potencial

Pese a que los lineamientos iniciales del sector estaban enfocados en minerales como el oro, plata y cobre; el litio es una de las industrias que está comenzando a tomar forma. Así lo aseguró Aranguren, al indicar que “la producción de litio podría alcanzar las 145.500 toneladas en 2022, como resultado de nuevos planes de inversión”, lo que equivale a casi quintuplicar la producción de 29.000 toneladas que registró el llamado “oro blanco” en 2016.

El proyecto de la empresa Lithium Americas para la construcción de una planta con capacidad de 50.000 toneladas en el Salar de Caucharí, la iniciativa de Galaxy Resources en el Salar del Hombre Muerto para producir 25.000 toneladas en 2020, y el proyecto de la francesa Eramet para producir 20.000 toneladas, son sólo algunas de las iniciativas que comienzan a darle forma al portafolio minero en provincias como Jujuy y Salta.

“Existen varios proyectos con diferente grado de avance que podrían estar operando en los próximos cinco años”, adelantó el ministro de Energía y Minas argentino, además de informar que hay inversiones previstas por US$1.500 millones, que permitirían al país exportar litio por un valor de unos US$ 800 millones al año.

Es así como la apertura comercial comienza a ser una característica común en el sector minero argentino, lo que abre el debate sobre qué tan efectivo es el nuevo enfoque de desarrollo que comienza a emprender la industria con las medidas del gobierno encabezado por Mauricio Macri.

El caso de Mina Veladero

Luego de que las autoridades trasandinas decidieran suspender las operaciones de Mina Veladero por los sucesivos derrames de cianuro en el canal de contención del yacimiento ubicado en la provincia de San Juan, Barrick Gold y Shandong Gold -las compañías a cargo del proyecto- presentaron un plan de contingencia.

Sin embargo, la propuesta que consideraba, entre otras medidas, ampliar el valle de lixiviación, cambiar las cañerías y mejorar la seguridad para prevenir futuros derrames; no tuvo buena acogida.

¿La razón? Desde el poder judicial aseguran que estas compañías incumplieron los plazos que fueron planteados por las autoridades de San Juan, que incluían la sustitución de tuberías antes del último derrame ocurrido el 28 de marzo pasado.

Por la reincidencia del desastre ambiental, las autoridades trasandinas podrían aplicar una multa histórica mayor a los US$ 10 millones que Barrick (cuando poseía el 100% de la participación de la mina) debió cancelar por el primer derrame ocurrido en 2015.

De esta manera, el futuro de Veladero -mina que estimaba una producción de entre 770.000 y 830.000 onzas de oro este 2017- sigue en incertidumbre, a la espera de que el poder judicial tome una decisión sobre su desarrollo.