Revista Nueva Minería

A mediados de diciembre la Presidenta Bachelet recibió una propuesta elaborada por la Comisión de Minería para el Desarrollo, la cual sugiere una mirada más “virtuosa, inclusiva y sostenible” para el futuro del sector. Pero, ¿cómo avanzar en una mayor inclusión? Expertos analizan este punto, que considera factores tan relevantes como el trabajo que se debe desarrollar con las comunidades y el rol que debería jugar el Estado. 

Por Nicolás Rojas – Revista NME

A comienzos de diciembre muchos se sorprendieron con las declaraciones del presidente del directorio de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic, cuando afirmó que es partidario de que las consultas a las comunidades, al igual que las aprobaciones de impacto ambiental, sean vinculantes.

El tema no es menor y se ha discutido desde hace bastante tiempo, sobre todo por las dificultades que ha tenido el sector para llevar adelante sus proyectos. Actualmente, en Chile están paralizados más de US$ 44.000 millones en inversión minera, y si bien no todo es atribuible a problemas con las comunidades, sí hay certeza de que estamos frente a un tema que con los años ha ido tomando cada vez más importancia.

El diagnóstico de los expertos apunta a que la normativa vigente está pensada en la sociedad de principios de los años ‘90, cuando la minería aún no tenía el auge que justamente comenzó a vivir en esos años, con una ciudadanía menos empoderada y menos consciente de sus derechos.

“En los últimos veinte años el Estado no jugó ningún papel, su objetivo principal fue la intermediación de la inversión. Hoy la gente pide que el Estado genere espacios de acuerdo, espacios que no existen dentro de la institucionalidad chilena, porque no está creada para incorporar a las comunidades. Pero eso ya no resulta, la gente está más activa, más movilizada, consciente de sus derechos, más conectada y se resiste. No es que la gente esté contra la minería, sino que quieren acordar las condiciones”, asegura Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (UCN).

Justamente pensando en estos problemas, la Presidenta Michelle Bachelet encargó al Consejo Nacional de Innovación y Competitividad la creación de la “Comisión Minería y Desarrollo de Chile”, la cual estuvo integrada por diversas personalidades del mundo minero, científico, representantes de las comunidades indígenas, trabajadores y políticos, entre otros. El documento, que plantea una hoja de ruta al 2035 basada en una minería “virtuosa, inclusiva y sostenible”, fue entregado a la Presidenta el pasado 17 de diciembre y llama la atención por la especial inclusión de las comunidades cercanas a las faenas mineras, punto en el que se propone una serie de iniciativas, una nueva institucionalidad y un rol más protagónico por parte del Estado.

Descentralización

De acuerdo a la propuesta, una minería inclusiva debe garantizar que las comunidades afectadas puedan participar de los diversos beneficios que genera, por medio del diálogo libre e informado y a través de iniciativas de “beneficio mutuo con pleno respeto a sus derechos”.

Una de las primeras medidas que se proponen en relación con lo anterior, es descentralizar los recursos provenientes de la minería. Entre las acciones a seguir destaca la generación de mecanismos que faciliten que los recursos contribuyan a generar bienes públicos regionales para construir ventajas competitivas futuras, aumentar la proporción de recursos para regiones mineras del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y reasignar y/o aumentar los recursos fiscales que beneficien a los municipios en donde se desarrolla la actividad minera.

“Hoy la gente está mirando lo que ocurre, sufre los efectos de la actividad pero no se siente incorporada con los beneficios”, recalca Cristian Rodríguez, a la vez que lamenta que en materia de recursos aún hay una visión muy centralizada. “Me refiero a cómo el Estado, discrecionalmente desde el centro, distribuye esos montos. En ese criterio, Antofagasta pierde porque es un 3% de la población nacional, entonces es obvio que un ministro de Economía va a privilegiar al 40% que vive en Santiago, pero la gente de acá es la que sufre los impactos de la actividad, y no se llevan casi nada”.

Amanda Pérez, seremi de Minería de la Región de Antofagasta, estima que esta descentralización también debe recaer en las empresas mineras, pues con las antiguas políticas de RSE, se tomaba en cuenta lo que la empresa quería apoyar a las comunidades, pero eso no necesariamente era lo que las comunidades necesitaban. “Por ello se están haciendo las mesas público privadas, porque no sacas nada con generar un apoyo que en la práctica no sirve”, afirma.

“Este no es solo un tema de recursos, sino de toma de decisiones, lo que es importante para disminuir estas brechas. Y estos son cambios que deberían verse a partir de 2015”, agrega la seremi, aludiendo al informe de descentralización que recibió el gobierno en octubre pasado.

Representación y diálogo

Además de la descentralización de los recursos, para que la ciudadanía se sienta parte importante de la actividad minera se necesita contar con una política y con condiciones que favorezcan su participación, pues la oposición de la población es considerada como “una barrera” para el crecimiento minero.

Para el ex ministro y secretario Ejecutivo de la Comisión de Minería para el Desarrollo, Álvaro García, es importante incluir a toda la comunidad a través de procesos de consulta antes de iniciar cualquier proyecto, pues, por lo general, estos parten muy tardíamente. Sin embargo, reconoce que más importante que lo anterior es que la ciudadanía pueda representar sus intereses.

“Hoy nos encontramos con una situación muy asimétrica, donde quienes desarrollan el proyecto lo conocen muy bien y quien va a ser consultado no entiende nada y la información que se le entrega, por lo general, tiene un nivel de complejidad técnica que no ayuda a esa comprensión”, asegura García.

Por lo mismo, para que exista un diálogo justo, los expertos admiten que es necesario eliminar estas brechas de información y capital cultural entre las partes. Desde el Gobierno, a pesar de que aún no hay total claridad sobre cómo y quién lo hará, ya se están pensando algunas medidas, como capacitaciones in situ, acercándose a los lugares en donde se desarrolla la actividad minera, capacitando a las organizaciones, a los centros, a los colegios y a todos quienes quieran participar.

“Es importante que todos tengan la información, en qué les conviene y en qué no que se desarrolle la actividad minera. Se está trabajando para ver quién hará estas capacitaciones”, reconoce la seremi Amanda Pérez.

En paralelo, junto con la construcción de las condiciones e instancias para el diálogo, se reconoce que la minería está yendo hacia un enfoque de sustentabilidad en sus relaciones con la comunidad. “Es decir, que su actividad sea armónica con el medioambiente, asegurando equidad para la comunidad; todo esto de la mano con una buena institucionalidad pública, porque de lo contrario no sería sustentable”, asegura Cristian Rodríguez, del Instituto de Políticas Públicas de la UCN.

El académico es enfático al aclarar que para que existan verdaderos acuerdos de valor compartido, éstos no pueden ser voluntarios, pues eso nos llevaría a una posición de conveniencia para ver si son o no aceptados.

“Cuando decimos que esto tiene que institucionalizarse, es que debe ser obligatorio, vinculante para ambas partes. Un proyecto minero requiere acuerdos sociales y comunitarios de largo plazo, que sean sólidos en el tiempo para sustentar sus inversiones, y eso requiere que haya instituciones, porque esto no se logra yendo a golpear la puerta y con reuniones por aquí y por allá. Esos son los acuerdos que tenemos hasta ahora”, dice Rodríguez.

El rol del Estado

En virtud de lo anterior, y considerando que en paralelo se debe fortalecer la percepción ciudadana de la minería, logrando una cercanía no solo con las comunidades aledañas, sino con todo el país, es necesario entender al Estado como un espacio “capaz de articular y armonizar” las relaciones entre los distintos actores que participan de una actividad y que muchas veces tienen intereses divergentes.

“El papel del Estado es crear instituciones que pongan de acuerdo a esos intereses. Porque lo que estamos viendo es que el mercado no resolvió estos problemas, y que se requiere una presencia más fuerte en ese sentido. Debemos generar más espacios de acuerdo, que hoy no existen en la institucionalidad chilena y que su ausencia hace que la gente sienta que el Estado no llega ahí, que queda a la voluntad del más fuerte y ahí es donde las comunidades son tremendamente débiles”, explica Cristian Rodríguez.

“La minería del siglo XXI necesita más Estado, pero no un Estado que venga a estatizar, sino que permita incorporar al otro, que lo visibilice. La minería del siglo XXI quiere tener a las comunidades sentadas en la mesa y que su participación le dé viabilidad a sus inversiones en el largo plazo. Eso hoy día no existe”, asegura el director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN.

Por su parte, Álvaro García complementa lo anterior, reconociendo que la organización es clave para solucionar los problemas que aquejan hoy a la minería.

“Representación, a nuestro juicio, es la medicina para el problema que tenemos. Y representación tiene dos condiciones que hoy no están presentes: que los actores estén lo suficientemente organizados y que las organizaciones sean lo suficientemente democráticas como para que los representantes que se sienten en la mesa realmente representen a la ciudadanía. Por lo tanto debemos fortalecer esas organizaciones y sus capacidades”, enfatiza el secretario Ejecutivo de la Comisión de Minería para el Desarrollo.

Así, la Comisión espera que se creen las instituciones para que garanticen la representatividad y el diálogo justo, logrando un compromiso efectivo de las partes y que los acuerdos sean respetados.

“Durante los últimos gobiernos se han formado muchos grupos plurales, pero siempre han sido más bien elitistas, expertos que están muy lejanos a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que cambiar”, concluye Álvaro García.