Revista Nueva Minería

(Foto: Revista NME)

Sergio Hernández dio a conocer ante la Cámara de Diputados que cuentan con sólo 13 funcionarios para fiscalizar las dos mineras estatales.

Un dardo directo al rol de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en los problemas detectados en una auditoría a Codelco lanzó el contralor Jorge Bermúdez en su exposición la semana pasada en el Congreso. Ante comisiones en el Senado y Cámara de Diputados, puso dudas sobre el rol fiscalizador que ha tenido la institución en medio de los desembolsos de la minera en contratos con relacionados e indemnizaciones de ex trabajadores.

Todo esto porque es Cochilco la entidad que cuenta con las facultades para fiscalizar de manera directa el actuar de la mayor minera del cobre. Bermúdez hizo ver que incluso desde el organismo dependiente del Ministerio de Minería han existido algunas trabas a la hora de realizar sus auditorías, con demoras en la entrega de la información.

“Esta fiscalización indirecta podríamos decir que no es muy eficaz, porque en realidad puede haber un obstáculo”, dijo el contralor.

Una mirada similar tiene el ex subsecretario Francisco Orrego, quien comentó que “la gran lección de estos casos debe ser el rol de este organismo, dado que su razón de ser es que exista un Codelco”.

Agregó que “no deja de ser contradictorio que Codelco sea una empresa pública y que quiera ser tratada como una empresa privada, porque quiere decir que todas las políticas internas para aprobar operaciones con personas relacionadas, fallaron”.

Ante la recurrente idea de incluso eliminar la institución, Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco, advierte que “es sano que siga siendo responsabilidad de Cochilco esa labor de fiscalización, porque de otra manera, se arriesga ralentizar a la empresa que ya tiene desafíos importantes de competitividad”.

La directora del think tank minero precisó que “siempre se puede revisar si se posee la capacidad y recursos necesarios para cumplir esta labor, y si fuera necesario, mejorarlos”.

Planteamiento similar es el que tiene Juan Carlos Guajardo, director de Plusminig, quien asegura que el ente ha cumplido con dar una mirada técnica sobre los proyectos y que “la Contraloría no tiene el conocimiento para poder entregar opiniones respecto a cosas de ese tipo, por lo que es importante que de esta crisis se despejen todas las interrogantes y se refuercen los aspectos que podrían generar dudas”.

Guajardo agregó que “hay que encontrar el punto justo para que de esta crisis se salga reforzado todas las necesidades que están en juego”.

El presidente de la Fesuc, Ricardo Calderón, destacó “se requiere de una institución especializada, profesional, autónoma de los gobiernos de turno y eso es la base para que exista un nuevo Cochilco. En ningún caso eliminarlo resuelve el problema, ya que eso podría debilitar aún más la especialización que necesita Chile para tratar sus recursos mineros”.

La defensa de Cochilco

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, asistió ayer a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde entregó sus descargos.

A su juicio, defendió el trabajo de la comisión, pero reconoció que ha faltado mayor especificidad. “La cobertura es insuficiente, pero cuando dicen que Cochilco no fiscaliza, eso está en absoluto equivocado. Cochilco sí tiene capacidad de fiscalización y las más especializada, de hecho no hay ninguna otra así en todo Chile”, dijo.

Además, dio a conocer que en los últimos tres años se han realizado 30 auditorías como parte de la planificación, las que sumada a las solicitadas por otros organismos llegan hasta 80.

Hernández recordó que durante este gobierno se volvió a crear la unidad de fiscalización, la que en la administración anterior había sido fusionada con otra unidad, y se contrataron 6 funcionarios para esta repartición, llegando a un total de 13.

Respecto a los contratos de egreso que se firmaron con el ex director Augusto González por $ 511 millones, Hernández dijo que “nos parecen legítimos, lo digo con todas sus letras. Pero si el contralor lo quiere ver de otra manera, nosotros estamos obligados a acatar los dictámenes”.

Fuente: Diario Financiero