Expertos analizan planificación medioambiental y responsabilidad territorial en seminario del IIMCh
El encuentro ha permitido conocer diferentes visiones sobre la planificación territorial y los principales instrumentos legales que marcan el desarrollo de proyectos, tanto mineros como energéticos.
Revista Nueva Minería y EnergíaDesde Coquimbo, enviados especiales
Los diversos factores que inciden en la planificación territorial que se requiere para el desarrollo sustentable de proyectos de gran envergadura, se analizan en la segunda jornada del Seminario de Medioambiente que se desarrolla en Coquimbo.
El encuentro, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), ha permitido conocer diferentes visiones sobre la planificación y los principales instrumentos legales que marcan el desarrollo de proyectos, tanto mineros como energéticos, en diferentes zonas de Chile.
En este sentido, el arquitecto Fernando Miranda, del Centro de Estudios de la Patagonia, abordó el tema central del seminario enfocado a algunos proyectos que se realizan en la Región de Aysén, donde se necesita consensuar “visiones comunes” entre las comunidades y las compañías, explicó.
Por su parte, Ignacio Soto, de Vergara Galindo Correa Abogados, hizo un completo análisis legal del marco jurídico que rodea la planificación y ejecución de proyectos.
El profesional describió la ley y las normas vigentes pero reconoció que faltan instrumentos y que los que existen, no siempre están a la altura de lo que se necesita. “La planificación ha sido el hermano pobre de la evaluación de los proyectos”, dijo.
Gestión política del territorio
En tanto, la ex ministra del Trabajo y actual directora ejecutiva de la Fundación RIMISP, Claudia Serrano, remarcó la importancia de abordar estos temas desde la “gestión política del territorio”, donde cabe la confrontación de diferentes posiciones y puntos de vista, “pero en una mesa, no en una barricada”, advirtió.
Serrano criticó la responsabilidad social empresarial que aplican las compañías cuando se acercan a comunidades, ya que calificó esta práctica como “unilateral, jerárquica y de blanqueo”.
En su lugar, la ex secretaria de Estado propuso optar por lo que llamó una “responsabilidad social compartida” y una “responsabilidad social territorial”, para fomentar un diálogo con mayor “valor” entre las empresas y las personas.
