Expertos abordan la judicialización de los proyectos eléctricos
Expertos y ejecutivos del sector eléctrico analizaron las causas y consecuencias en torno a la judicialización de los proyectos durante las “XIII Jornadas de Energía” que organizó la Universidad Católica, este martes 30 de julio
Revista Nueva Minería y Energía
En el último tiempo, uno de los focos de la discusión pública ha sido la judicialización de los proyectos de inversión tanto energéticos como mineros. Y de acuerdo a los analistas, el escenario no parece variar en los próximos meses.
Para analizar este panorama, este martes 30 de julio se llevaron a cabo las XIII Jornadas de Derecho de Energía, organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, la que reunió a numerosos especialistas y ejecutivos del sector eléctrico.
A través de un análisis crítico, el abogado Luis Cordero, afirmó que no es responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA) la judicialización de las distintas iniciativas de inversión.
“Más bien, esta entidad explica los déficits regulatorios que tienen los proyectos. El 2011 fue un año récord en cuanto a la judicialización de proyectos de distinto tipo. El 61% de las iniciativas judicializadas provienen del sector energético, mientras que el 16% corresponden a la minería”, aseveró.
Una exposición menos optimista en torno al devenir del escenario energético realizó el académico de la Universidad Católica, Hugh Rudnick. Para el especialista, considerando los proyectos en construcción y aquellos que han sido rechazados o postergados, se calcula un déficit de energía de 1.300 MW al 2018 para abastecer la demanda.
“El gran problema es que en relación a la energía de base, es decir, aquella que tiene estabilidad y funciona las 24 del día como la energía hidroeléctrica y del carbón, hay pocos proyectos en desarrollo. Por lo tanto, debemos recurrir a otro tipo de fuentes de energía para suplir la demanda como las ERNC o el diésel, que es muy cara y contaminante”, dijo.
Rudnick agregó que el origen del problema respecto a la judicialización de los proyectos radica en una institucionalidad que no ha funcionado adecuadamente.
“Los Tribunales Ambientales deben actuar para resolver las controversias que se generen en torno a los proyectos y no la Corte Suprema. Ese es el cambio de paradigma que se debe adoptar”, acotó.
