Revista Nueva Minería

(Foto: Codelco)

Firma dirigida por Nelson Pizarro señaló que esto es parte de “su derecho a tutela judicial”. Diputados ya oficiaron a los involucrados.

Un nuevo capítulo sumó la disputa entre Codelco y Contraloría, luego que Jorge Bermúdez denunciara ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados la publicación íntegra del informe 900, auditoría reservada que abrió el diferendo con la estatal en la que se detallan las transacciones que estarían fuera del marco normativo por parte de la empresa entre 2013 y 2015.

La estatal incluyó en la demanda presentada en contra del órgano contralor el informe secreto, lo que fue como “de la mayor gravedad” por Bermúdez, quien sugirió que se aplican sanciones a la empresa.

El contralor puso en duda el criterio de la compañía, luego de que esta acusara que la fiscalización afectaba la gestión interna, pero luego revelara el documento. “Existen posibilidades de pedir la custodia de los documentos, sin embargo parece ser que para la empresa la reserva de sus asuntos económicos no es tan relevante”, dijo.

La autoridad apuntó a que deben ser otros poderes del Estado los que deben actuar y definir si hay delito, haciendo alusión al artículo 246 del Código Penal, que establece sanciones económicas. Bermúdez aseguró que podría haber efectos no sólo en la empresa por esta publicación y sostuvo que “nosotros nos tomamos en serio la reserva, atendiendo que su contenido puede afectar a la economía del país”. Codelco defendió la publicación del informe y dijeron que es parte de “su derecho a tutela judicial”. La corporación explicó que “el carácter de reservado no le impide a Codelco ponerlo en conocimiento del tribunal que debe pronunciarse sobre su legalidad, pues con ello se privaría a la empresa de un elemental derecho a defensa e impediría al tribunal conocer el acto que se objeta por considerarlo algunas de sus partes ilegal”.

Pero hubo más. Bermúdez respondió ante las acusaciones de que Contraloría había cambiado de criterio respecto de la minera. Es “una acusación injusta de la empresa y de altas autoridades, toda vez que en el informe de 2005 se da cuenta que las observaciones son prácticamente calcadas, cambian nombres y montos, pero las observaciones son las mismas”, dijo.

Respecto a la reconsideración que solicitó la compañía del informe 900, el contralor explicó que esta quedó suspendida mientras se mantenga la vía judicial y que cualquier acuerdo pasará por el cumplimientos del artículo 4 de la Ley de Compras y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Ofician a la empresa

La acusación de Bermúdez tuvo eco en el Congreso. Los diputados Paulina Núñez y Felipe Ward, miembros de la comisión investigadora, enviaron consultas a las partes involucradas. “Se ofició al Poder Judicial, que es quien publica esta auditoria reservada, a Codelco, porque entendemos que son quienes se la entregan al Poder Judicial, y también a Contraloría, porque son quienes le da el carácter de reservado al documento”, dijo Núñez.

La parlamentaria dio a conocer un par de acuerdos logrados el lunes pasado con la Fiscalía Oriente, para trabajar en conjunto por la querella que fue presentada ante presuntas irregularidades al interior de la minera.

Fuente: Diario Financiero