Tres comunidades atacameñas piden parar el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros de Codelco
La expansión del yacimiento situado en Calama, que busca producir alrededor de 350 mil toneladas de cobre fino al año, ya fue cuestionada anteriormente en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, resultando victoriosa en este escenario.
“Por lo pronto el proyecto se encuentra judicializado, pero esperamos que esto se solucione rápidamente”.
Con esas breves palabras el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, se refirió el jueves pasado al estatus del proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, iniciativa estructural de mayor cuantía presentada por Codelco (US$ 5.300 millones) y que obtuvo su permiso ambiental el 22 de enero de este año.
Pese a la autorización, hay tres comunidades que cuestionan el proceso de consulta indígena que llevó a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para el millonario proyecto y alegan que la expansión de Radomiro Tomic no tomó en consideración una serie de peticiones de estos grupos étnicos.
La comunidad atacameña San Francisco de Chiu-Chiu pide que que Codelco profundice sus monitoreos sobre los acuíferos protegidos y la laguna Inca Koya o Chiu-Chiu, que tiene características sagradas, de acuerdo a su cosmovisión.
Ayllus sin Frontera afirma que el SEA, organismo responsable de la tramitación ambiental, y el permiso entregado a Codelco, no habría trabajado con la Comisión de Resguardo de Sitios Arqueológicos de la zona un plan de monitoreo de las faenas con el fin de que se respeten los sitios patrimoniales.
La Asociación de Agricultores de Calama pide que se controlen las emisiones de material particulado a la atmósfera, que se financien planes de desarrollo agrícola y de protección del Oasis de Calama y que se les pida la opinión a agrupaciones indígenas urbanas de Calama, las que no habrían sido consultadas en el proceso de consulta.
En los próximos días, el SEA debe determinar si estas observaciones son atendibles, solicitar los descargos de Codelco y, en el peor de los casos para la minera, la iniciativa —que esperaba iniciar faenas en 2017— debería ser revisada por el Comité de Ministros Ambiental, instancia compuesta por seis secretarios de Estado y que revisa en última instancia si los proyectos cumplen con la ley ambiental.
Fuente: La Segunda
