Revista Nueva Minería

Siendo una industria clave para el desarrollo económico de Chile, la minería emerge en la discusión cuando se habla de financiamiento para hacer frente a las demandas sociales. ¿Cuál debiese ser el rol de este sector en el momento coyuntural que vive el país? A continuación, algunas aproximaciones.

Por Camila Morales
Revista Nueva Minería y Energía
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Chile ha vivido una importante transformación social en las últimas décadas. La pobreza se ha reducido en un 90% desde 1990 a 2017. De acuerdo a datos de Cochilco, en este proceso de cambio la minería ha tenido un rol fundamental, aportando el 13,8% del presupuesto fiscal en los últimos 20 años.

Además, entre 2008 y 2015 la minería explica de manera directa e indirecta el 20% del PIB sectorial de Chile. Este porcentaje se suma a muchos otros que confirman la relevancia de este sector. Sin embargo, la discusión sobre el aporte de este rubro a la sociedad en su conjunto, poco a poco va tomando fuerza.

Si previo al 18 de octubre de 2019 formaban parte del debate temas como la nacionalización de los recursos estratégicos, los intentos por un mayor aporte al Estado por parte de compañías mineras, y fortalecer el rol de Codelco en la industria; después de aquel histórico día la discusión se ha intensificado.

El denominado “estallido social” ha provocado una serie de cambios a nivel país, obligando al gobierno a elaborar propuestas que proporcionen soluciones satisfactorias a la ciudadanía. Demandas como un sistema de salud y educación de calidad, mejores pensiones y la descentralización de los recursos; forman parte del abanico de temas reclamados por la sociedad.

En este contexto, ¿cuál debe ser el aporte de la minería en el desarrollo económico y social de la nueva etapa que vive el país?, ¿esta industria debiera financiar alguna de las medidas del paquete social que propone el gobierno? Los entrevistados discrepan sobre el rol del sector en medio de esta coyuntura.

La propuesta de parlamentarios

Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera de un conjunto de propuestas para una nueva agenda social, las alternativas para poder financiarla no se han hecho esperar. En el mes de diciembre parlamentarios oficialistas deslizaron la posibilidad de que la minería financie parte de alguna de las medidas del Ejecutivo.

En la opinión de Alicia Domínguez, socia de Consultoría Tributaria de EY, no parece sostenible la idea, argumentando que no visualiza “fundamento económico ni jurídico para una propuesta de esa naturaleza”. La experta indica que “las empresas y las personas deben aportar lo que corresponda, pagando los impuestos que legalmente los graven, sin discriminaciones oportunistas o arbitrarias”.

La propuesta de parte de los diputados de Renovación Nacional (RN) se centra en ajustar el impuesto específico a la minería. No obstante, la congresista Paulina Núñez (RN) indicó que no han querido descartar revisar el royalty, lo que se suma a que quienes levantan esta propuesta aún tienen dudas respecto de “hacer sólo el cambio tributario permanente, o si a propósito de la crisis pedirles a las grandes compañías mineras un aporte de US$ 1.500 millones”, sostuvo en un medio de comunicación escrito.

Ante esta posibilidad, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, indica que el rubro ya es el sector productivo que tiene la mayor carga tributaria de Chile. “El aporte de la minería al país ha sido constante. Gran parte de la distribución de sus recursos, durante los últimos años, ha ido principalmente a trabajadores y proveedores, tanto vinculados a las operaciones como a las inversiones y al Fisco, sólo un 10% se destina a dividendos de empresas privadas”, destaca.

Para Jan Cademartori, economista de la Universidad de Antofagasta, todo depende de cómo se entienda la propuesta. Porque “más que financiar medidas sociales específicas, la minería privada se debe embarcar en una negociación para un nuevo pacto social, que contribuya a cambiar la matriz productiva de Chile. De lo contrario, sería una especie de ‘bono por término de conflicto’ que no tendría efectos permanentes”.

En tanto, Willy Kracht, director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, argumenta que “en el contexto actual es muy probable que la discusión respecto del aporte de la minería al país tenga un componente importante asociado a tributación y, desde esa perspectiva, la discusión sobre el royalty resulta insoslayable”.

El debate por el royalty

Ahondar en el impuesto sobre la renta imponible operacional de las empresas mineras también está en el debate. De acuerdo a datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el royalty minero subió 312,69% en el trimestre abril-junio de 2018, frente a igual lapso de 2017. Ello, luego de que el monto pagado por las mineras pasara de US$ 27,02 millones a US$ 111,6 millones.

Tomando en cuenta estas cifras, para algunos personeros políticos y cercanos al sector, el aumento del royalty minero sería una buena medida en medio del contexto social que atraviesa Chile. En la opinión de Jan Cademartori, “tarde o temprano” la minería tendrá que hacer un mayor aporte al país, tanto en materia tributaria como en las otras áreas.

“En los últimos treinta años hay estudios que muestran que el grueso de la renta minera se ha exportado al extranjero, sobrepasando por lejos la rentabilidad normal a que puede aspirar el sector privado, a pesar que el dueño legal de los yacimientos sigue siendo el Estado”, argumenta el académico.

Por su parte, la socia de Consultoría Tributaria de EY, no imagina ajustes técnicos/legislativos al actual impuesto específico, que grava la renta operacional minera en Chile. “La mayor recaudación por causa de este impuesto provendrá automáticamente si se dan mejores rentabilidades, ya sea por alza de precios o baja de costos”, comenta.

Alicia Domínguez agrega que “otro tema muy distinto es pensar en una regalía minera propiamente tal, esto es un impuesto sobre las ventas o ingresos brutos, lo que a todas luces me parece una discusión inoportuna que puede llevar a la imposición en Chile de un impuesto que grave confiscatoriamente a una industria”.

Respecto a la recaudación tributaria, Willy Kracht sostiene que “lo menos que se puede esperar es que se establezca un royalty que reemplace al actual impuesto específico a la minería. No obstante, sería un error centrar la discusión solo en recaudación tributaria, ya que tan importante como esto es la discusión sobre qué es lo que se hace con dichos recursos”.

Para Joaquín Villarino, “la gran minería ha sido un contribuyente importante en el país. Es el único sector que tiene un impuesto específico, lo que la hace la actividad productiva con mayor carga impositiva en Chile y, a nivel mundial, entre países mineros, sólo es superado por Australia”.

Nueva etapa para la minería

Si bien es un tema que no ha sido intensamente debatido, el Plebiscito Nacional 2020, referéndum convocado para el 26 de abril próximo, abre una serie de dudas respecto a la definición que tendrán los recursos naturales en la “Carta Magna”, ya que esto podría plantear una nueva etapa para la industria.

Por ejemplo, para un sector resulta apremiante que el Estado logre una mayor recolección de recursos y mayor información sobre sus riquezas minerales, para que, de esta forma, se transforme en un pilar que ayude a financiar las principales demandas ciudadanas. En tanto, para otros representantes del área esta decisión le quitaría competitividad a la industria, entre otras consecuencias.

Si previo al 18 de octubre formaban parte del debate temas como la descentralización de los recursos y un mayor aporte al Estado por parte de compañías mineras; después de aquel histórico día la discusión se ha intensificado.

En la visión del economista de la UA, resulta “inevitable que se fortalezca constitucionalmente un mayor control del Estado sobre los recursos estratégicos, como el cobre, el litio y el agua; para que estos contribuyan a cambiar la matriz productiva, más que para atender demandas sociales. La nacionalización debe estar asegurada en la Constitución, frente al eventual fracaso de las negociaciones que pudiera haber entre Estado y empresas”.

Una opinión diferente es la del representante del Consejo Minero, quien afirma que la industria está consciente “de que la agenda social va a significar que todos, empresas y personas, seamos parte de la solución, ya sea a través de una participación activa en la búsqueda de soluciones, como a través de impuestos”.

Villarino explica que en este escenario la minería no estará exenta, “ni quiere eximirse de los desafíos que tenemos por delante. Sin embargo, no vemos razones para que se le cargue la mano de manera distinta por sobre el resto de las empresas del país”.

En tanto, el director del Departamento de Ingeniería de Minas de la U. de Chile indica que un aspecto importante a considerar es que hace unos meses, cuando se inició la discusión sobre la Política Minera al 2050, el ejercicio parecía centrarse mucho más en el rol que le toca a la propia industria en las próximas décadas.

“Después del 18 de octubre, las fronteras de esa discusión se movieron lo suficiente para que nos preguntemos sobre qué tanto debe cambiar el Estado para asegurar el desarrollo de la minería. Uno de los aspectos que me parecen más importantes aquí es la necesidad de un Estado más fuerte en su rol de impulsor de políticas de desarrollo, que contribuyan a disminuir la brecha que hay entre ciudades mineras y la capital”, propone Kracht.

Con diferentes propuestas y visiones del rol que debe tener la industria minera de cara al nuevo contexto político, social y económico de Chile; los entrevistados se muestran conscientes de que vendrán cambios para el sector, pero, ¿qué tan profundos serán éstos? El transcurso del año 2020 quizás pueda entregar algunas directrices.