Revista Nueva Minería

La transformación energética llevada a cabo por el país se alinea a los intereses de todos los agentes de la economía, según el consenso al que han llegado distintos actores de la industria. Pero el proceso se ha vuelto complejo y requiere de una serie de medidas y apuestas para que resulte exitoso.

Por Daniela Tapia
_________________

Se ha convertido en una de las películas más vistas en lo que va de este 2022 en Netflix. “No Mires Arriba” es una sátira protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que evidencia cómo los medios, los políticos y buena parte de la población deciden ignorar la amenaza existencial representada por un cometa en curso de colisión directa con el planeta.

A decir verdad, la metáfora del gran cometa encarna la amenaza que ya está afectando a gran parte de la humanidad. Se trata de la crisis climática, fenómeno que conduce hacia el cambio de los ecosistemas y, por consiguiente, nos presiona a modificar la forma en la que vivimos con miras a optimizar los recursos disponibles.

Para enfrentar este escenario, se ha definido como herramienta principal a la transición energética, paradigma orientado hacia el cambio de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono basado en las fuentes renovables.

¿Cómo se está enfrentando este fenómeno en Chile? ¿Cómo se está planteando la transición energética en suelo nacional y bajo qué principios? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué hace falta? Estas y otras preguntas se han instalado en el debate de la industria, pues este cambio de paradigma no solo abre nuevas oportunidades, sino también nuevos desafíos que buscan apalancar esta “revolución verde y sostenible”.

Desde la Asociación de Generadoras destacan que la generación renovable ha sido un pilar fundamental de la matriz energética chilena en el último tiempo. Razón por la cual el sector de generación eléctrica está experimentando una profunda transformación en el país gracias a la integración masiva de generación eólica y solar.

“Muestra de esto es que en los últimos 5 años la capacidad instalada de generación eólica y solar fotovoltaica se ha triplicado. Actualmente el sistema eléctrico chileno cuenta con más de 3,8 GW de generación eólica y 6,6 GW de generación solar instalada, a lo que se suman más de 4,6 GW de capacidad de proyectos de generación renovable en construcción a abril del 2022”, señala Francisco Muñoz, director de Estudios de la asociación gremial.

Gracias al ritmo acelerado que se ha visto reflejado en la incorporación de fuentes renovables a la matriz, en la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.) proyectan que, probablemente, Chile se transforme en uno de los primeros países del mundo en integrar una gran cantidad de energía renovable al sistema eléctrico, sobrepasando el 50% o el 60% de manera permanente e incluso, en horarios del día con una participación mayor del 70% u 80%.

Es precisamente este futuro prometedor de las ERNC el que impulsó la descarbonización del sector eléctrico, con la meta de eliminar gradualmente las centrales a carbón hasta 2040, junto con alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

Según Shahriyar Nasirov, director del magíster y diplomado en Energías Renovables de la U. Adolfo Ibáñez (UAI), que Chile cuente con un sistema eléctrico 100% renovable a partir de 2030 es un objetivo muy ambicioso.

En 2021 Acera encargó un estudio a SPEC Energy Consulting, U. Federico Santa María y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) el cual fue revelador: entre sus conclusiones se indica que para retirar las centrales a carbón al 2030 se requieren 22,5GW de generación renovable adicional. Otra estimación ha planteado que para el retiro total del parque de generación fósil al 2030 se requieren 19GW de potencia adicional, de acuerdo al Coordinador Eléctrico Nacional.

“Más allá de las diferencias, ambas cifras están dentro del mismo orden de magnitud y muestran que, en menos de 8 años, tenemos que instalar casi el doble de potencia renovable de lo que hemos instalado en los últimos 10 años en Chile. El desafío, entonces, es enorme”, dice Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera.

¿En qué fallamos?

El debate que se ha tomado gran parte de la agenda en la industria apunta a cómo se está implementando la estrategia de descarbonización de la matriz. Y las opiniones son cruzadas.

Si bien entre los actores del sector existe consenso que Chile cuenta con el potencial para acelerar y liderar la transición energética, se requiere que las señales regulatorias estén alineadas con la meta de alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

“El compromiso de la industria con el retiro responsable de centrales a carbón es inalterable. Se necesita una regulación que dé certeza a las inversiones de largo plazo y permita el desarrollo continuo y estable de la inversión en infraestructura necesaria”, sostiene el representante de la Asociación de Generadoras.

Para Acera, en tanto, el escenario es más complejo y hacen una dura crítica. Afirman que el país no se ha hecho cargo de contar con una institucionalidad adecuada para la transición energética.

“¿En qué parte del territorio y con qué acuerdo de instituciones y de la ciudadanía vamos a desplegar los 22,5 GW de renovables y almacenamiento al 2030 para hacer posible el retiro de carbón de la matriz? Para qué decir si queremos retirar todos los fósiles de la matriz. Hoy no contamos con una planificación territorial ni con metodología para determinar en qué territorio se deberán desplegar los US$29.000 millones de inversión que requiere solo la generación para transformar nuestra matriz al 2030, lo que equivale a 11 puntos del PIB”, asegura su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas.

Otra crítica que esbozan desde la entidad gremial apunta a qué tipo de infraestructura debe tener el sistema eléctrico para poder dotarlo de ERNC en alta proporción. “El sistema eléctrico fue diseñado para fuentes hidro-térmicas, por lo que debe ser dotado, cada vez más, de otros equipos y elementos que le permitan a las renovables una operación óptima y flexible”, sostienen.

¿Es viable entonces este nuevo modelo de transición? Ignacia García, directora ejecutiva de GPM, gremio que reúne a las pequeñas y medianas generadoras eléctricas del país, es enfática al señalar que la condición de escasez hídrica que hoy enfrenta el país, junto con los problemas asociados al abastecimiento de combustibles, han evidenciado la fragilidad del sistema.

El 2021, de hecho, fue uno de los años más secos de los que se tenga registro y en lo que va del 2022 las precipitaciones ocurridas a fines de abril e inicios de junio, no han sido suficientes para eliminar el déficit hídrico existente.

“Esta situación hace necesario diagnosticar el nivel de flexibilidad y suficiencia que tiene hoy nuestro sistema, para poder así diseñar el camino que permitirá alcanzar la carbono neutralidad, resguardando la entrega de un suministro seguro y confiable”, dice la abogada.

Hacia un proceso exitoso

Los ojos de la industria están puestos en un objetivo claro: que la transición energética resulte exitosa, lo que depende de la conjunción de ciertas piezas claves. Y es en este punto donde el país está al debe.

Una de estas piezas tiene relación con la necesidad de contar con infraestructura de transmisión que permita viabilizar la integración masiva y eficiente de generación renovable. Al respecto, desde el Coordinador Eléctrico Nacional plantean que “se requiere modificar el actual esquema de asignación de pago de la transmisión, con el objetivo de entregar señales de localización a la nueva generación según el uso esperado del sistema, minimizando el riesgo de congestiones y el de desarrollar la red en forma ineficiente”, según lo expuesto en su documento “Hoja de ruta para una transición energética acelerada”.

A ello se suma el almacenamiento y sus diferentes opciones como infraestructura que aporta flexibilidad al sistema, aunque su aprovechamiento depende en gran parte -tal como lo señala Shahriyar Nasirov, de la UAI- de que los marcos regulatorios habiliten su participación en los mercados para proveer estos servicios eléctricos, se reconozcan sus valores económicos y sean remunerados adecuadamente.

“Las mejoras regulatorias, a su vez, deberían abarcar otras áreas, como el desarrollo de la generación distribuida, las limitaciones de los servicios complementarios, entre otros aspectos”, comenta el académico.

Con todo, pese a que falta camino por recorrer para consolidar este proceso, lo cierto es que Chile se encuentra en buen pie y cuenta con un reconocido potencial para liderar este nuevo paradigma.

Así lo expresa la máxima representante de GPM. “Los avances en materia de hidrógeno verde, la disponibilidad de recursos primarios, la existencia de un mercado sano y la presencia de un contexto regulatorio estable, son condiciones que nos permiten confiar en la oportunidad que tiene el país”, dice Ignacia García.

Por otro lado, el desafío planteado por Acera para llevar a buen puerto dicha transición está en entender cuáles son efectivamente los costos de inversión y habilitación de plantas de generación renovables existentes y por desarrollar, con software y hardware de electrónica de potencia.

Esta última herramienta permite que las plantas renovables suban o rebajen su generación de manera rápida y controlada, independizándolas de la presencia del recurso renovable base, por lo que son capaces de entregar atributos de inercia y estabilidad.

“Hay poca experiencia en Chile acerca de este tema, aunque se han abierto discusiones en el Ministerio de Energía y en el Coordinador Eléctrico sobre los aportes que hará la electrónica de potencia”, afirma Ana Lía Rojas.

Y es que, a diferencia de muchos países, en Chile hay consenso de que esta transformación energética sirve a los intereses de todos los agentes de la economía.

Los esfuerzos, en este sentido, deberían estar puestos en evaluar, implementar e invertir en tecnologías habilitantes para la mayor penetración, eficiencia y electrificación en base a generación renovable, porque responder a la urgencia climática se ha vuelto una prioridad junto con viabilizar la transición energética como meta final.