Revista Nueva Minería

El gremio minero alerta por una serie de riesgos relacionados principalmente con una modificación en el sistema de concesiones, el uso del agua, y con los derechos que se otorgan a los pueblos originarios.

A días de la votación de la propuesta de nueva Constitución, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) publicó un documento en el que detalla cada uno de los riesgos que identifican en la iniciativa y que podrían tener impacto sobre el principal sector económico del país.

Se trata de siete ejes que levantan las alertas del rubro, entre los que se incluye el Estatuto Minero, los derechos de propiedad, derechos de la naturaleza, bienes comunes, normativa indígena, tributación y normativa general.

El trabajo del gremio minero consistió en seguir la metodología en gestión de riesgos comúnmente utilizada en las empresas del sector, para realizar una comparación entre la Carta Magna vigente y la propuesta por la Convención, con lo que aseguran que el documento que será plebiscitado este domingo aumenta el riesgo de los inversionistas y desincentiva la ejecución de nuevos proyectos al debilitar el marco jurídico necesario para emprender en la actividad minera.

“Sonami visualiza un grave peligro en relación al socavamiento de las bases institucionales que permitieron el desarrollo de este sector y el consecuente desarrollo del país”, aseguran.

En la matriz realizada por el gremio minero destacan al menos seis puntos que revisten un mayor impacto sobre las empresas del sector, y que además, tendrían una “alta” probabilidad de ocurrencia.

Así, se apunta a que la propuesta actual elimina la obligación del predio superficial de facilitar la exploración, explotación y beneficio de las minas, lo que implica que se anula la posibilidad de imponer en forma expedita las servidumbres para permitir el desarrollo minero, incluyendo, además, dentro del dominio estatal a las sustancias no metálicas.

Asimismo, en el documento se suprimen las referencias al carácter judicial del sistema concesional, el régimen de amparo que les resulta aplicable y la garantía de las concesiones relativa al derecho de propiedad que sobre ellas se consagra. A lo que se suma que actualmente se otorga competencia exclusiva a los tribunales ordinarios de justicia para declarar la extinción de las concesiones, lo que en el documento en la propuesta actual no se menciona.

“Una amenaza es la eliminación del régimen concesional minero y la falta de claridad respecto de lo que ocurrirá con las concesiones ya otorgadas. Sonami visualiza en esto un riesgo de no respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, además de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas a través de las cuales fueron otorgadas dichas concesiones”, advierten.

Otros aspectos tienen que ver con el tema del agua, que en la Constitución actual otorga a los propietarios derechos de aguas, el dominio de este derecho, el cual es modificado en la propuesta de la Convención, pasando de un Bien Nacional de Uso Público a un “Bien Común Natural inapropiable”.

Cabe destacar que la industria minera hace un uso intensivo del recurso hídrico durante su proceso productivo, por lo que también es visto como un riesgo el que los Bienes Comunes Naturales, como el agua (en todos sus estados), podrán ser objeto de autorizaciones administrativas temporales, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, y tendrán obligaciones específicas de conservación y serán incomerciables.

Con todo, en la matriz de riesgo de la Sonami también aparecen lineamientos ligados a la normativa indígena, que, por ejemplo, en la propuesta constitucional se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, donde la propiedad de sus tierras goza de especial protección y su restitución constituye un mecanismo preferente de reparación.

A lo anterior se suma que queda establecido el requerimiento de consentimiento previo en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta nueva Constitución. Así también apuntan a que con la propuesta se crea una nueva institucionalidad y nuevos sujetos de derecho, lo que introduciría mayor incertidumbre al proceso de obtención de autorizaciones o permisos para operar, que ya es complicado en la actualidad.