Revista Nueva Minería

Mientras los titulares de proyectos están en la lupa por presentar información de baja calidad, el Comité de Ministros es cuestionado por dilatar en exceso sus decisiones. Urge agilizar la tramitación de permisos ambientales.

Por Marina Parisi

Luego de que Dominga fue rechazada por unanimidad por el Comité de Ministros en enero pasado, Andes Iron anunció que recurrirá a los tribunales ambientales para revertir esta decisión. Se trata de un proyecto minero-portuario de US$2.500 millones en inversión a desarrollarse en la Región de Coquimbo.

Lo que resulta difícil de entender es que la tramitación ambiental de Dominga ya supera los 10 años, “sin ser resuelta en forma definitiva y siendo un claro ejemplo de lo intrincado que puede llegar a ser el sistema”, subraya Patricio Walker Huyghe, senior de ECOS Chile.

“Es un poco dramático constatar que este caso está atravesando por un segundo loop. Ya pasó dos veces por el Comité de Ministros y por segunda vez irá al tribunal ambiental. Existen varios escenarios para el futuro de Dominga, pero la discusión está lejos de zanjarse”, advierte el experto, “incluso podría llegar a la Corte Suprema”.

Lo cierto es que toda vez que los titulares de nuevos proyectos inician la tramitación de sus permisos ambientales en el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), deben asumir una larga espera para obtener una resolución final favorable o desfavorable.

“Las demoras se explican en parte por la complejidad que presentan algunos permisos, para cuya resolución no sólo deben aplicarse las normativas jurídicas vigentes, sino también conocimientos de otras disciplinas como geología, hidráulica, química y otras”, explica Sergio Montenegro Arriagada, profesor de derecho ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Justo en este punto, Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, salta a escena para asegurar que los plazos de revisión ambiental de la entidad cumplen 100% con la normativa vigente. De hecho, son bastante más acotados de lo que uno podría imaginar.

“En el caso del DIA (Declaración de Impacto Ambiental) el plazo de evaluación es de 60 días ampliables a 90. En tanto, para los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) el plazo es de 120 días ampliables a 180”, precisa la directora. “Entre 2015 y 2022 los días promedio de revisión de una DIA fue de 77 días, mientras que para los EIA el promedio fue de 163 días”. ¿Dónde está el cuello de botella entonces?

Respondiendo el ICSARA

Uno de los motivos que ralentizan la evaluación del permiso ambiental, es la solicitud del titular del proyecto para suspender el procedimiento por un período determinado, asevera Montenegro.

Según explica Durán, estas suspensiones que piden las compañías son para responder “rectificaciones que realiza el SEA mediante los ICSARA (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones). Los días en que los proyectos están suspendidos a la espera de la respuesta de los titulares, no se contabilizan dentro de los plazos legales”.

Así es como el proceso de revisión ambiental se va atrasando. En 2020, 2021 y 2022, los días de suspensión solicitados por las empresas ascendieron a 146, 183 y 200 días, respectivamente, grafica Walker. “Si se consideran los días inhábiles, el plazo total de tramitación en esos años se extendió a 256, 295 y 214 días, respectivamente”.

Sin embargo, en esta dilatación del permiso ambiental también incide la ciudadanía, aclara Durán, “ya que ésta tiene la posibilidad de presentar recursos administrativos ante el SEA o el Comité de Ministros; recursos judiciales ante los tribunales ambientales; y casaciones ante la Corte Suprema, sin mencionar los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones. Todo este sistema recursivo también puede ser utilizado por los titulares del proyecto”.

Debido a lo anterior, la directora del SEA adelanta la presentación de reformas legales “que permitirán hacer más técnica la evaluación ambiental y eventualmente revisar todo este sistema recursivo, lo que ayudará a reducir los plazos”.

Con todo, Montenegro toma palco para enfatizar que “la mala calidad o falta de información en torno a la iniciativa con frecuencia incide en la demora de una resolución final, para lo cual se entregan los Adenda que significa retraso en el procedimiento. Pienso que la deficiente elaboración de las DIA y EIA se debe a la intervención de personas sin suficiente conocimiento y experiencia”.

Por este motivo, el SEA ha hecho un llamado público, sostiene Durán, para que las empresas “presenten proyectos robustos apoyados en las mejores consultorías, vinculándose de manera temprana con las comunidades”.

Comité de Ministros

Hasta aquí es claro que la tramitación ambiental se extiende considerablemente, debido a las suspensiones solicitadas por los titulares de proyectos y la calidad de la información presentada. Pero también es cierto que hay una instancia que ha sido cuestionada por dilatar en exceso sus decisiones finales: El Comité de Ministros.

“Con justa razón se ha criticado la excesiva demora del Comité de Ministros para resolver algunas causas de alta connotación pública”, sentencia Montenegro, “pese a que la ley señala que debe fallar dentro de 60 días como plazo fatal. Ante tal infracción no existe mecanismo ni recurso alguno para remediar dicho exceso”.

“El Comité de Ministros es una instancia de deliberación”, argumenta Durán, “y su objetivo es resolver los recursos de reclamación que presentan los titulares o bien las comunidades, en caso de que se rechace o se establezcan exigencias a un EIA. De hecho, la dirección ejecutiva del SEA opera como secretaría técnica del Comité de Ministros”.

El problema es que hoy el Comité de Ministros acumula causas sin resolver que totalizan cerca de US$6.500 millones en inversión y donde destacan Fenix Gold de Rio2 Limited; Plan de Desarrollo Compañía Minera Cerro Negro; y central hidroeléctrica de pasada El Rincón de Ingeniería y Construcción Madrid S.A, entre otros.

Tribunales ambientales

¿Quiénes componen el Comité de Ministros?, “Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente junto a los ministros de Salud; Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía; y Minería”, detalla Durán.

Sin duda, esta composición ya lo convierte en una instancia muy poco ágil, comenta Walker. “Es sumamente complejo fijar sesiones del comité entendiendo que tienen que ajustarse las agendas de seis diferentes titulares de Estado y que además deben estar informados de todos los detalles técnicos”.

No obstante, hay que considerar que la revisión de los proyectos en el Comité de Ministros requiere de un tiempo no menor, repara Durán, “dada la complejidad técnica y jurídica creciente de las reclamaciones y numerosas materias requeridas por los titulares de proyectos como también por la ciudadanía. En ese contexto, la ministra Maisa Rojas, quien preside este comité, ha solicitado que se resuelvan con la mayor prontitud posible”.

Mientras tanto, han surgido varias voces proponiendo la eliminación de este comité, advierte Walker, para así fortalecer la acción de los tribunales ambientales y al mismo SEA.

En este sentido, Montenegro asegura que “el Comité de Ministros es un órgano eminentemente político y debería evaluarse su eliminación, dado que sus decisiones distorsionan el sistema. Su intervención para conocer las reclamaciones de la administración y del SEA es un rol que perfectamente pueden realizar los tribunales ambientales”.
En cambio, los tribunales ambientales representan un extraordinario aporte para la materialización de la justicia ambiental en Chile, opina el abogado, ya que hasta antes de su creación, las causas eran resueltas por los tribunales ordinarios civiles. “Desde su operación y gracias a la composición de sus integrantes (dos abogados y un especialista de una disciplina no jurídica), incorporan un conocimiento que coadyuda a la decisión ambiental de las causas”.

Nuevas reformas en carpeta

¿Conclusión?, es evidente un cambio urgente al marco institucional, para agilizar y modernizar la tramitación ambiental de proyectos.

Consciente de ello, Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente anunció que “vamos a ingresar una ley corta de reforma a la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente). Queremos que ésta sea una institución que ayude a aumentar el cumplimiento ambiental de las empresas, más que ésta sancione con multas”.

Una de las iniciativas de esta ley corta será dar mayor importancia a las oficinas regionales de la SMA, especifica la ministra, a fin de que sus directores regionales puedan resolver sanciones administrativas a nivel regional. Hoy el sistema funciona de manera totalmente centralizado y solo la superintendenta puede ejercer facultades sancionatorias.

¿Y la reforma a la tramitación ambiental de permisos? “para el segundo semestre está contemplado el envío de otra reforma que modificaría la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300) y que incluye al SEA, a cargo de la tramitación de proyectos a nivel medioambiental”, destaca Rojas. “La cartera ya ha tenido reuniones con ONG´s y gremios empresariales, entre otros actores. De hecho, a fines de enero se elaboró un informe”.

La buena noticia es que Rojas coincide en la necesidad de eliminar el Comité de Ministros, siendo uno de los cambios que propone dicho informe. Solo el tiempo dirá si la mencionada reforma en carpeta fue acertada o no.