Revista Nueva Minería

En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, Sebastián Donoso da a conocer los aspectos primordiales a la hora de trabajar en un acercamiento entre la industria minera y los pueblos indígenas. Con este objetivo en la mira, la Política Nacional Minera 2050 busca construir una visión de largo plazo sobre cómo desarrollar una minería más sostenible.

Por Camila Morales
Revista NME
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Se sabe que la minería ha sido, es y seguirá siendo uno de los principales motores económicos de Chile. Es por ello que cobran relevancia las instancias de diálogo que buscan aunar miradas diversas, y por medio de un trabajo colaborativo, definir los pilares que permitan transformar la industria y hacerla más sostenible en el tiempo.

Es el caso de la Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050), política de Estado que pretende orientar el desarrollo del sector en el corto, mediano y largo plazo, acorde a las nuevas necesidades de la industria y la sociedad en su conjunto. Para avanzar en este gran objetivo, la PNM 2050 se desarrolla por medio de 9 comisiones técnicas para establecer metas, visiones e indicadores, sumado a la información recogida en la fase territorial y virtual.

Cada comisión es liderada por una experta o experto y sus integrantes suman más de 100 profesiones afines a las diversas áreas. Uno de ellos es Sebastián Donoso, líder de la Comisión Técnica de Pueblos Indígenas y Minería PNM 2050. Con una amplia experiencia en el tema, este abogado, académico, investigador y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aceptó liderar la comisión.

Para saber más detalles sobre el avance que ha tenido la Comisión Técnica de Pueblos Indígenas y Minería, Sebastián Donoso conversó con Revista Nueva Minería y Energía, dando a conocer sus expectativas, desafíos y proyecciones sobre un tema tan sensible como la relación entre las comunidades ancestrales y la industria minera.

¿Qué ha significado para usted liderar la Comisión Técnica de Pueblos Indígenas y Minería, en el marco de la PNM 2050?

Para mí es un tremendo desafío participar en esta comisión, porque creo que existe consenso en que éste es uno de los temas más relevantes para una actividad minera que sea sostenible, tanto ahora como en el mediano y largo plazo. En el actual escenario, los pueblos indígenas se han constituido como un actor diferenciado de las comunidades en general, cuyas particularidades requieren un esfuerzo también diferenciado de política pública.

¿En qué consiste el trabajo que están realizando en la comisión?

La comisión tiene el desafío de proponer una visión de la actividad minera y su relación con los pueblos indígenas, pensando en el año 2050 y en el camino que es necesario recorrer para llegar allí. Para eso se ha invitado a personas de distintos ámbitos a contribuir con su mirada y experiencia a este esfuerzo común.

Hay comisionados y comisionadas que provienen de la academia, de la industria minera -tanto empresas como gremios- de la sociedad civil y, por supuesto, de los pueblos indígenas. Tenemos un marco de tiempo y de reuniones para realizar nuestro trabajo, pero también nos hemos permitido cierta flexibilidad para darle a nuestro diálogo el tiempo necesario para abordar lo mejor posible el tema y hacer el aporte que queremos hacer.

¿Cuáles son los mayores desafíos que identifica de su labor?

El rol de los pueblos indígenas en relación al desarrollo de la actividad minera ha adquirido en las últimas décadas una gran visibilidad en el debate público. Muchos proyectos de desarrollo minero se emplazan en espacios territoriales en que existe presencia de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas, tierras de su propiedad, sitios de significación cultural o recursos naturales que son vitales para su existencia, lo que plantea un desafío singular para la sostenibilidad social y ambiental de la minería.

Lo anterior ha derivado, en muchos casos, en el surgimiento de conflictos socio-ambientales, lo que se ha traducido a su vez en la judicialización de proyectos, el retraso de los mismos y el deterioro de la confianza de los pueblos indígenas en el Estado como responsable de fijar las reglas, y en las empresas como receptoras de las autorizaciones para desarrollar su actividad.

Y esta dinámica se enmarca en un escenario de creciente reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, materializado en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, del cual Chile es parte. Entonces, el desafío es proponer una Política Nacional Minera 2050 que se haga cargo de este escenario y pueda plantear una visión lo más integral posible para abordarlo, que se exprese además en medidas concretas y medibles.

¿Cuáles son sus expectativas respecto a los resultados de esta Comisión Técnica?

Lo primero es que hemos buscado tener un diálogo de muy buen nivel que permita visibilizar todas las miradas, identificar los temas críticos, y en base a eso proponer iniciativas priorizadas que puedan ser incluidas en la Política Nacional Minera 2050 como parte de un capítulo sobre Pueblos Indígenas y Minería.

Mi expectativa es que nuestro trabajo pueda cubrir lo mejor posible todos esos temas y que ojalá tengamos muchos consensos en torno a las principales propuestas. Otro aspecto relevante es que el resultado de nuestro trabajo deberá ser sometido a un proceso de participación y consulta con los pueblos indígenas conforme al Convenio 169. Los y las comisionadas indígenas están haciendo un aporte muy relevante desde su experiencia, pero todos entendemos que ese aporte no exime de cumplir con lo que establece el Convenio 169.

En su opinión, ¿cuán relevante es que la industria minera avance en un mayor diálogo y acuerdo con los pueblos indígenas aledaños a los proyectos?

Me parece que el gran desafío para la industria minera –para todos los actores involucrados en realidad- es tratar de llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas respecto a las condiciones en que debe desarrollarse la actividad. Lo anterior puede apreciarse en dos niveles: a un nivel macro, se refiere a un acuerdo básico sobre las reglas del juego, que son las que generan confianza y dan certeza a todos los actores.

Aquí están las reglas sobre evaluación de impacto ambiental, participación y consulta de los pueblos indígenas, tributación, beneficios para las comunidades, etc. A un nivel micro, el acuerdo se refiere a proyectos concretos, es decir, a las condiciones en que para una comunidad anfitriona es posible el desarrollo de un proyecto específico de desarrollo minero. Buscar estos acuerdos requiere un esfuerzo serio y permanente de diálogo, que sea institucional y objeto de monitoreo.

¿Qué aspectos considera que son primordiales a la hora de trabajar en un acercamiento entre la industria minera y los pueblos indígenas?

Me parece que hay ciertos principios que son fundamentales y que deben estar siempre presentes. Me refiero al respeto mutuo, al diálogo genuino, la confianza y la búsqueda de beneficio mutuo. Y el respeto mutuo parte por reconocer y respetar los derechos del otro y especialmente los derechos de los pueblos indígenas.

Con esa base creo que el esfuerzo principal es de generar cooperación entre los pueblos indígenas, la industria minera y el Estado para construir juntos una visión de largo plazo sobre cómo desarrollar una minería sostenible, en que exista un diálogo permanente en el marco de una institucionalidad robusta.

¿Cree que la PNM 2050 contribuirá a avanzar en una minería más sostenible y armónica con su entorno?, ¿por qué?

Estoy seguro que haremos una contribución muy relevante a una minería más sostenible. Entiendo que es la primera vez que el Estado de Chile se plantea el desafío de contar con una política nacional minera, y para esta discusión se ha planteado desde el principio la sostenibilidad como uno de sus ejes.

Por tanto, aunque tengamos un largo camino por delante y podamos cometer muchos errores, me parece que ya es un gran avance tener esta conversación y traducirla en una Política de Estado que pueda ir siendo revisada y mejorada por los sucesivos gobiernos, en diálogo permanente con los pueblos indígenas.