Revista Nueva Minería

La propuesta del Gobierno recoge las recomendaciones de la FNE, como desintegrar el mercado de gas licuado de cilindro para impedir que Gasco, Lipigas y Abastible participen en la venta al consumidor final.

En línea con las conclusiones del informe final de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado del gas, que advirtieron sobre una falta de competitividad en la industria y los cambios drásticos que se requerían implementar para revertir esta situación, el viernes pasado el Gobierno ingresó un proyecto de ley que busca regular a las empresas que se especializan en dicha actividad.

“El viernes ingresó por la Cámara el proyecto que reforma el mercado del gas”, según explicó este martes el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, durante su alocución en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

De esta forma la propuesta apunta a perfeccionar tres ámbitos centrales: reestructurar el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) -para incentivar su competencia tanto entre mayoristas como minoristas-, facilitar el acceso abierto en el mercado de gas de red y de terminales de gas natural licuado (GNL), y establecer una disposición transitoria más eficiente para contratos de abastecimiento con empresas relacionadas de una distribuidora concesionada de gas de red.

Con esto, el proyecto se hace cargo de las recomendaciones que hizo la FNE, como por ejemplo, que firmas como Gasco, Lipigas y Abastible no participen en la venta directa del gas licuado a los consumidores. Frente a aquello, las compañías emitieron declaraciones públicas para dar cuenta de su disposición para colaborar en la tramitación de la iniciativa, aunque sí recalcaron que “sacar actores del mercado no aumenta la competencia, sino que la disminuye”.

Para lograr los tres fines mencionados, el documento plantea incorporar a la regulación diez modificaciones. Además, se detalla el gasto de recursos fiscales y los efectos en el proyecto sobre el presupuesto nacional que implicarán las nuevas atribuciones y funciones de entidades como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Así, se calcula que para el primer año de entrada en vigencia, la aplicación de esta propuesta se traducirá en un desembolso de $420 millones; monto que ascendería a $890 millones en el segundo año; luego bajaría a $825 millones en el terceo, y finalmente el cuarto cerraría en $425 millones.

Dicho financiamiento tendría cargo al presupuesto del Ministerio de Energía, y en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con cargo a la partida de Tesoro Público de la Ley de Presupuestos 2022. En los años siguientes, se sustentará con recursos que se establezcan en las respectivas leyes del sector público.

Desintegrar el mercado de gas licuado envasado de cilindros

Esto apunta a diferenciar el mercado mayorista respecto del mercado minorista de gas licuado de cilindros, no permitiendo la comercialización directa de los primeros al cliente final, ni de compañías relacionadas a las empresas mayoristas, creando la figura del distribuidor mayorista y minorista.

Definir el alcance legal de los distribuidores mayoristas y minoristas de gas licuado

El objetivo es precisar que las empresas mayoristas “podrán realizar las actividades de aprovisionamiento de gas licuado en el mercado internacional y nacional, y de logística hasta la planta de envasado incluido las plantas grandes de almacenamiento y la propiedad de los cilindros”. En cambio, los minoristas podrán “comercializar y distribuir los cilindros de gas licuado de terceros al cliente final”.

Estas últimas también serán responsables de la calidad del servicio al cliente final, lo que podrá ser normado vía reglamento por el Ministerio de Energía. Además, corresponderá a los propietarios de los envases asegurar que los cilindros cumplan con toda la normativa de seguridad, así como su re-inspección y toda otra obligación del reglamento actual.

Igualmente, la iniciativa busca fomentar el desarrollo del mercado de gas licuado envasado de cilindros y el trato no discriminatorio por parte de los mayoristas en cuanto al acceso de las plantas de envasado, y refuerza que los precios que estas impongan no deben ser discriminatorios por los servicios que prestará, tales como la venta de gas, valores de envasado de cilindros propios o de terceros, entre otros.

Fomentar empresas distribuidoras minoristas regionales con marca propia

Si bien hay muy pocas firmas de este tipo en la actualidad, la idea es que la nueva normativa propuesta para estos actores les permita competir con reglas claras, con el fin de incentivar la creación de nuevas empresas.

Fortalecer el acceso abierto en el mercado de gas de red y en los terminales de GNL

Se proponen procedimientos claros para las solicitudes de acceso a redes de transporte y terminales de GNL, definiendo los tipos de servicio de transporte y los terminales, tanto en el mercado primario como secundario.

Potestad de la autoridad sectorial para intervenir en los procesos de solicitud de acceso y supervisar el mercado de gas de red

La propuesta plantea entregar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la aprobación de las bases de licitación de toda oferta de capacidad de transporte o de regasificación de un terminal de GNL. Asimismo, concede a la CNE el deber de implementar sistemas de información pública que le permitan monitorear el sector y garantizar su transparencia.

Fiscalización por parte de la SEC

Entre otras cosas, el proyecto del Ejecutivo apunta a fortalecer la capacidad de fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), especialmente en lo que respecta a los nuevos actores mayoristas y minoristas que se crearán en el mercado del gas licuado de cilindros, para fortalecer la seguridad y calidad del servicio. Junto con ello, se introduce la facultad de elaborar normativa técnica por parte de la CNE para el sector combustibles, de un modo similar a como actualmente lo hace para el mercado eléctrico, y que permite “una adaptación más dinámica de las reglas técnicas que rigen el sector a los cambios tecnológicos y de gestión tanto de la operación como de la comercialización”.

Mecanismo de resolución de conflictos

La iniciativa refuerza las funciones del Panel de Expertos para la resolución de controversias en materias de acceso a instalaciones de GNL y de distribución de gas natural. Disposición transitoria para contratos Establece una disposición transitoria más eficiente para los contratos de abastecimiento con empresas relacionadas de una distribuidora concesionada de gas de red “que permita chequear la rentabilidad de todo el grupo económico integrado”.

Esto a raíz de uno de los problemas que identificó la FNE en su investigación respecto de un artículo transitorio incluido en la Ley de Servicios de Gas, Metrogas, a través de Agesa, una firma integrada verticalmente y no sujeta a regulación, pudo aumentar el costo de la prestación de servicio de distribución de gas natural.

Como Metrogas contaba con un contrato de largo plazo con GNL Chile, para que le suministrara el hidrocarburo hasta 2030, terminó cediendo esos acuerdos a la sociedad espejo, lo que permitió evitar la regulación de ganancias. El regulador explicó que esta modalidad significó que, desde febrero de 2017 aumentara entre 13% y 20% el precio del gas natural residencial pagado por clientes de Metrogas, es decir, entre US$78 y US$87 millones anuales.

Transitoriedad para la adaptación de nuevas reglas

Igualmente fija una “transitoriedad razonable” para la adaptación del mercado desde las condiciones actuales a las nuevas reglas, especialmente en el mercado de distribución de GLP en cilindros.

Marco normativo

Finalmente, el proyecto de ley señala que adapta el marco normativo vigente a las nuevas reglas que introduce de modo que sean consistentes, “a la luz de la experiencia regulatoria y fiscalizadora de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustible”.

Fuente: Emol.com